La batalla legal de Trump por su agenda: despidos masivos, tarifas y deportaciones

Trump y los despidos masivos de empleados federales

El gobierno de Donald Trump ha llevado a cabo una serie de despidos masivos en el sector federal con el objetivo de reducir significativamente el tamaño del gobierno. Sin embargo, una reciente decisión judicial ha puesto en jaque esta estrategia. Un juez de California ordenó la reincorporación de unos 16,000 empleados federales despedidos, tras encontrar que la administración no siguió los procedimientos legales adecuados. La administración Trump ha llevado el caso a la Corte Suprema, argumentando que el poder judicial no tiene competencia para forzar la recontratación de estos trabajadores. Este enfrentamiento legal subraya una lucha más amplia entre el gobierno de Trump y el poder judicial, que ha bloqueado decenas de sus políticas por violaciones a la ley federal.

Tarifas contra Venezuela y sus aliados comerciales

En un movimiento inesperado, Trump anunció un arancel del 25% a todas las importaciones provenientes de países que compren petróleo o gas a Venezuela. La medida se aplicará desde el 2 de abril y forma parte de un esfuerzo más amplio de su administración para presionar económicamente a Nicolás Maduro. China, el mayor comprador del crudo venezolano, representa el 68% de sus exportaciones petroleras según un informe de la Administración de Información Energética de los EE.UU. de 2024. Otros países afectados incluyen España, Rusia y Singapur. Con esta medida, Trump también busca intensificar la guerra comercial con China, que ya enfrenta aranceles del 20% en todos sus productos. Además, al imponer esta tarifa secundaria a Venezuela, la administración justifica la medida basándose en la presencia del Tren de Aragua, una temida organización criminal, dentro del país. La retórica de seguridad ha sido clave en muchas decisiones económicas y migratorias de Trump.

Batalla judicial por la deportación de venezolanos

Otro frente de conflicto para Trump es su intento de deportar inmigrantes venezolanos a El Salvador, bajo una ley de la época de guerra que no se usaba desde la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, un juez federal bloqueó temporalmente estas deportaciones, argumentando que los deportados tienen derecho a impugnar su clasificación como supuestos miembros de la organización criminal Tren de Aragua. La administración desafió la decisión y llevó el caso a la Corte de Apelaciones del Distrito de Columbia. Trump ha criticado abiertamente al juez James Boasberg, encargado del fallo, pidiendo incluso su inhabilitación. Sus ataques contra el poder judicial son parte de una tendencia en su administración, que ha visto múltiples derrotas en los tribunales debido a sus polémicas decisiones ejecutivas.

El control del poder y la independencia del poder judicial

Estos casos reflejan un patrón en la presidencia de Trump: una intensa lucha por consolidar el poder ejecutivo enfrentándose a las instituciones judiciales y al Congreso. Tanto la orden judicial que exige la reincorporación de trabajadores federales como el fallo que bloquea las deportaciones de venezolanos muestran que los tribunales siguen jugando un papel crucial en la limitación del poder presidencial. El rumbo de estos litigios dependerá en gran medida de la Corte Suprema, donde Trump ha logrado influir con la designación de tres jueces conservadores en su primer mandato. ¿Seguirá el máximo tribunal respaldando sus políticas o impondrá límites a su visión expansiva del poder ejecutivo? El futuro de muchas de sus iniciativas dependerá de estas decisiones clave en los próximos meses.