El escándalo del centro juvenil de New Hampshire: abusos, encubrimientos y justicia tardía

Un acuerdo millonario en un caso de abusos sistémicos

El estado de New Hampshire ha llegado a un acuerdo de $10 millones con Michael Gilpatrick, un hombre que denunció haber sido víctima de abusos sistemáticos en el Centro de Desarrollo Juvenil de Manchester en la década de 1990. Este acuerdo evita un juicio que habría profundizado en los oscuros antecedentes de la institución, la cual ha sido objeto de más de 1,300 demandas por abusos sexuales y físicos cometidos por su personal.

El caso de Gilpatrick es especialmente aterrador: enviado al centro a los 14 años, pasó tres años bajo la amenaza constante de violencia y abuso. En su demanda, relató cómo fue repetidamente violado y asfixiado hasta la inconsciencia por al menos 10 empleados del centro. “No había a quién acudir; estabas atrapado en tus pensamientos y tu miedo todos los días”, afirmó en una entrevista de 2021.

Un patrón de impunidad en la institución

El acuerdo negociado es cuatro veces superior al máximo monto que el estado había destinado para víctimas de abuso dentro del sistema de compensaciones, pero sigue siendo considerablemente menor que el veredicto de $38 millones otorgado en otro juicio similar en 2023. Sin embargo, el estado aún intenta reducir esa cantidad a apenas $475,000.

Este no es un caso aislado. Desde que la oficina del fiscal general comenzó a investigar el centro en 2019, se han arrestado a 11 exconsejeros juveniles. Algunas acusaciones han sido desestimadas, mientras que otras han resultado en condenas. Brad Asbury, de 70 años, fue sentenciado a entre 20 y 40 años de prisión por su complicidad en una agresión sexual, mientras que Stephen Murphy enfrentará nuevos juicios tras un jurado indeciso en su primer proceso.

Testimonios desgarradores y un largo camino hacia la justicia

Gilpatrick testificó durante juicios anteriores, describiendo a ciertos miembros del personal como un “escuadrón de ataque” que recorría los pasillos golpeando sistemáticamente a los jóvenes internos. Sus declaraciones expusieron la brutal realidad de la institución, donde los abusadores operaban con impunidad.

La valentía de Gilpatrick se hizo evidente en su decisión de denunciar, a pesar de la enorme carga emocional que esto representaba. Inicialmente, prefirió guardar silencio porque algunos de los mismos líderes dormían en los dormitorios donde los abusos ocurrían. No fue sino hasta años después, cuando finalmente dejó de culparse a sí mismo, que tomó la determinación de hacer su historia pública.

La decadencia y cierre del centro

El Centro de Desarrollo Juvenil de Manchester ha visto una drástica reducción en su población, pasando de albergar a más de 100 menores a menos de una docena en la actualidad. La institución, bautizada con el nombre del exgobernador John H. Sununu, estaba destinada a la rehabilitación de jóvenes en conflicto con la ley, pero terminó convirtiéndose en un escenario de abusos aberrantes.

Ante los múltiples escándalos, los legisladores del estado han decidido clausurar el centro y sustituirlo por una instalación mucho más pequeña y controlada. Sin embargo, la pregunta que muchos se hacen es si realmente se implementarán cambios en el sistema o si simplemente se trasladará el problema a otra ubicación.

Las cuentas pendientes del estado

El juicio de Gilpatrick y los múltiples casos en curso han puesto en entredicho la forma en que New Hampshire manejó el escándalo de los abusos juveniles. El hecho de que el estado aún intente reducir pagos de compensación sugiere una falta de voluntad para enfrentar plenamente las responsabilidades del pasado.

El caso de Gilpatrick y el de cientos de otras víctimas subraya una dura realidad sobre el sistema de justicia juvenil en Estados Unidos: los menores, que deberían estar bajo protección estatal, muchas veces terminan siendo víctimas de un abuso estructural del que pocas veces pueden escapar sin cicatrices.

¿Este acuerdo representará realmente un punto de inflexión en la historia de la justicia juvenil en EE.UU., o es solo un intento del estado por evitar mayores daños reputacionales?