Donald Trump firma orden para desmantelar el Departamento de Educación de EE.UU.

El expresidente Donald Trump ha dado un paso sin precedentes al firmar una orden ejecutiva que busca desmantelar el Departamento de Educación de los Estados Unidos. Esta decisión, largamente defendida por sectores conservadores y grupos activistas de derecha, marca un cambio radical en la política educativa del país y ha generado una intensa controversia.

El historial del Departamento de Educación

El Departamento de Educación de EE.UU. fue establecido en 1979 durante la presidencia de Jimmy Carter con el objetivo de mejorar la educación en el país y garantizar el acceso equitativo a recursos educativos. Desde entonces, el papel del departamento ha sido objeto de debate, especialmente por parte de sectores conservadores que argumentan que el control de la educación debería recaer en los estados y las comunidades locales.

Durante la administración de George W. Bush, el departamento desempeñó un papel clave en la implementación de la ley No Child Left Behind (Que Ningún Niño Se Quede Atrás), que exigía mayor responsabilidad de las escuelas y una evaluación más estricta del rendimiento estudiantil. Sin embargo, a lo largo de los años, la crítica a la burocracia del departamento ha crecido, especialmente entre los grupos que abogan por menos intervención federal.

Las razones detrás de la decisión de Trump

Desde su primera campaña presidencial en 2016, Trump prometió cerrar el Departamento de Educación, argumentando que representaba un gasto innecesario y una intromisión gubernamental en la educación estadounidense. Durante un evento en la Casa Blanca, el expresidente declaró:

“La gente ha querido hacer esto durante muchas décadas y ningún presidente lo había intentado. Pero yo lo haré.”

Los partidarios de Trump consideran que este paso es un triunfo contra la burocracia federal y un golpe a los sindicatos de maestros, a quienes acusan de “adoctrinar” a los estudiantes. Organizaciones como Moms for Liberty han apoyado la medida, asegurando que se trata de devolver el control de la educación a los padres y comunidades locales.

Resistencia y desafíos legales

A pesar de la firma de la orden, el proceso para cerrar el Departamento de Educación enfrenta múltiples obstáculos. Según expertos legales, este tipo de cambios requieren la aprobación del Congreso, algo improbable dada la actual composición legislativa.

Además, los opositores han advertido sobre las graves consecuencias de esta medida. Margaret Spelling, exsecretaria de Educación bajo Bush, expresó su sorpresa y preocupación:

“Siempre fue una idea política para señalar lealtad al conservadurismo, pero nadie realmente pensaba llevarla a cabo.”

Los estados más dependientes de los fondos federales, como Mississippi, Dakota del Sur, Montana y Carolina del Norte, podrían verse gravemente afectados si la eliminación del departamento reduce el financiamiento para programas educativos esenciales.

El impacto en la educación

El cierre del Departamento de Educación podría significar el fin de varios programas de apoyo a estudiantes de bajos recursos, programas de educación especial y subsidios a universidades públicas. Actualmente, alrededor del 8% del gasto total en educación en EE.UU. proviene del gobierno federal, lo que equivale a miles de millones de dólares repartidos entre distritos escolares de todo el país.

Además, los defensores de la diversidad alertan que uno de los objetivos de la orden ejecutiva es retirar fondos a las escuelas que promuevan políticas de equidad e inclusión, una prioridad para la administración Trump.

Reacciones políticas y el futuro de la educación en EE.UU.

La decisión ha provocado una reacción en cadena tanto en el ámbito político como en la sociedad civil. Los demócratas han calificado la medida como un intento de desmantelar oportunidades educativas para millones de niños y jóvenes, mientras que algunos republicanos moderados han expresado dudas sobre su viabilidad.

Según encuestas recientes, el 60% de los votantes registrados en EE.UU. se oponen al cierre del Departamento de Educación, lo que podría generar una reacción negativa contra los republicanos en futuras elecciones.

En última instancia, la legalidad y las repercusiones de esta radical decisión aún están por verse. Lo que es seguro es que el debate sobre el papel del gobierno en la educación estadounidense seguirá siendo un tema central en la agenda política del país.