El rancho del terror en Jalisco: un símbolo de la impunidad en México
Descubrimientos macabros y una investigación deficiente exponen la crisis de desapariciones en el país
El hallazgo de Teuchitlán: un campo de horror
En septiembre de 2024, las autoridades estatales de Jalisco descubrieron un rancho en el municipio de Teuchitlán, cerca de Guadalajara, que presuntamente era utilizado como sitio de exterminio y entrenamiento por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Sin embargo, seis meses después, un colectivo de búsqueda de desaparecidos encontró restos humanos calcinados y cientos de artículos de ropa, poniendo en duda la investigación oficial.
La revelación de estos hallazgos desató indignación entre familiares de desaparecidos y la sociedad civil, quienes cuestionaron la eficiencia y compromiso de las autoridades locales en las investigaciones. El lugar, que debería haber sido procesado con protocolos científicos rigurosos, aparentemente no fue analizado de manera adecuada.
Fallos en la investigación: negligencia o complicidad
De acuerdo con el Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, la Fiscalía de Jalisco cometió múltiples irregularidades en el manejo del caso. Entre ellas, la falta de registro de pruebas clave, la omisión en la identificación de huellas dactilares y un deficiente procesamiento de los vehículos encontrados en el sitio —tres de los cuales fueron luego robados.
Uno de los puntos más alarmantes es que las autoridades estatales no realizaron un análisis pericial para determinar si ciertas áreas del rancho eran utilizadas como crematorios clandestinos. Tampoco investigaron a fondo la propiedad del lugar ni arrestaron a funcionarios locales que han sido vinculados a estas actividades ilícitas.
El papel de los colectivos de búsqueda: héroes en medio de la impunidad
En México, la crisis de desapariciones forzadas ha alcanzado cifras escalofriantes. Se calcula que hay más de 120,000 personas desaparecidas en el país, una situación agravada por la falta de respuestas por parte del gobierno y la impunidad generalizada. Ante esta crisis, grupos de búsqueda compuestos en su mayoría por madres y familiares de desaparecidos han tomado la iniciativa para encontrar a sus seres queridos.
Uno de estos colectivos, Guerreras Buscadoras de Jalisco, divulgó imágenes impactantes del rancho, donde quedaron al descubierto decenas de zapatos, pilas de ropa y restos óseos humanos. Estas imágenes recordaron al país la brutalidad de un conflicto en el que el Estado parece estar ausente o, peor aún, coludido.
La respuesta del crimen organizado
Apenas días después de la denuncia de los colectivos de búsqueda, apareció un video en el que un grupo de hombres armados, con los rostros cubiertos, dijo pertenecer al CJNG. En el video, cuestionaron las motivaciones de los buscadores y prácticamente los amenazaron. Esta respuesta deja entrever el nivel de control y terror que los cárteles pueden ejercer en ciertas regiones del país.
Este tipo de amenazas reflejan un problema mayor: mientras los familiares de las víctimas arriesgan sus vidas para encontrar respuestas, los grupos criminales operan con una impunidad que parece garantizada por la desatención del Estado.
El problema sistémico: corrupción e impunidad
El caso del rancho en Jalisco no es un incidente aislado. La desaparición forzada se ha convertido en una de las tragedias humanitarias más graves de México, impulsada por la complicidad de funcionarios corruptos, la ineficacia de las investigaciones oficiales y el dominio territorial de los cárteles.
Organizaciones como Amnistía Internacional y el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU han señalado que, en México, la mayoría de los casos de desaparición no son resueltos y, más alarmante aún, muchas investigadoras y activistas que buscan justicia terminan amenazadas o asesinadas.
El rancho de Teuchitlán y su falsa investigación son el reflejo de un sistema judicial deteriorado, donde la verdad y la justicia están subordinadas a intereses políticos o criminales.
¿Qué sigue para el caso?
Con la investigación ahora en manos de la Fiscalía General de la República, las expectativas son altas, pero la desconfianza sigue presente. Gertz Manero ha prometido una mayor diligencia en examinar los restos humanos encontrados, investigar la propiedad del rancho y buscar responsabilidades dentro de la Fiscalía de Jalisco.
Las familias de los desaparecidos, sin embargo, siguen esperando algo más que discursos. Exigen respuestas, justicia y medidas que eviten que estos horrores se repitan.
Lo que suceda con este caso será una prueba de fuego para el gobierno mexicano. Si la impunidad persiste, seguirá aumentando la cifra de desaparecidos y con ella, la desesperanza de miles de familias.
