El futuro incierto del Seguro Social en EE.UU.: ¿Un golpe para los más vulnerables?

Un cambio que afecta a millones

El gobierno de Estados Unidos ha anunciado nuevos requisitos para la verificación de identidad en la Administración del Seguro Social (SSA), exigiendo a millones de beneficiarios acudir a oficinas físicas para completar sus trámites. Este cambio ha causado un revuelo en la comunidad, especialmente porque coincide con el cierre de decenas de oficinas a nivel nacional.

Desde el 31 de marzo, aquellas personas que no logren verificar su identidad mediante la plataforma en línea “my Social Security” deberán presentarse en un centro de atención presencial. Esto afectará a beneficiarios que necesiten actualizar su información bancaria y a familias con niños que reciben beneficios, ya que los menores no pueden abrir cuentas en línea en el sistema de SSA.

El dilema del cierre de oficinas

Este cambio ha causado indignación entre legisladores, grupos de defensa y los propios beneficiarios del Seguro Social. De acuerdo con datos del Departamento de Eficiencia Gubernamental, al menos 47 oficinas de la SSA están en proceso de cierre, de las cuales 26 cerrarán este año.

Estas decisiones, sumadas a la reducción de personal que la agencia planea implementar, podrían ocasionar enormes retrasos en la prestación de servicios. Nancy LeaMond, directora ejecutiva de la AARP, denunció que eliminar la verificación telefónica solo agravará la situación. “Esto ocasionará dolores de cabeza y largas esperas para resolver necesidades básicas de servicio al cliente”, afirmó.

Preocupación de los beneficiarios

Sandi Bachom, una beneficiaria de 80 años de edad que depende del Seguro Social para subsistir en Nueva York, expresó su temor ante la incertidumbre de los pagos. “¿Qué pasará si no recibo ese cheque? No tengo familia ni a nadie que me apoye”. Relató que tras perder su empleo en publicidad, el Seguro Social “la salvó de caer en la pobreza”. Ahora teme que la burocracia retrase o incluso impida el acceso a los pagos que necesita para su vida diaria.

El anuncio también ha generado reacciones entre legisladores. Un grupo de 62 demócratas de la Cámara de Representantes envió una carta al comisionado interino de la SSA, Leland Dudek, exigiendo una revisión de la medida. En su carta, los legisladores advirtieron que la eliminación de opciones de atención remota afectará especialmente a quienes viven en zonas rurales y a las personas con acceso limitado a internet.

La lucha contra el fraude o una estrategia para recortes?

Según la administración del presidente Donald Trump, esta decisión tiene como objetivo reducir el fraude en el sistema de seguridad social. Según datos oficiales, el fraude por depósitos directos alcanza los $100 millones anuales.

Sin embargo, un reporte publicado por la Oficina del Inspector General de la SSA calcula que, entre 2013 y 2018, fraudes relacionados con cambios no autorizados en depósitos bancarios afectaron a 20,878 beneficiarios y sumaron $33.5 millones en pérdidas. La falta de claridad en estas cifras ha generado dudas sobre la necesidad y efectividad de medidas tan drásticas.

Nancy Altman, presidenta del grupo Social Security Works, expresó su preocupación de que este sea un paso hacia la privatización del Seguro Social. “Esto dificultará el acceso a los beneficios para los estadounidenses y sobrecargará las oficinas, lo que puede colapsar el sistema”, advirtió.

Futuro incierto para los jubilados

Uno de los aspectos más alarmantes del cierre de oficinas del Seguro Social es el impacto en adultos mayores que dependen de sus beneficios mensuales. Andy Beshear, gobernador de Kentucky, alertó que “muchos de nuestros ciudadanos mayores, con ingresos fijos y sin medios para viajar a otras ciudades, serán los más perjudicados”.

A su vez, se teme que la implementación de inteligencia artificial en la atención de los usuarios complique aún más el acceso. La dependencia de sistemas automatizados deja fuera a personas sin habilidades digitales o con dificultades para interactuar con plataformas en línea.

¿Qué sigue para el Seguro Social?

Esta controversia evidencia una crisis más profunda en la administración del Seguro Social. Con un sistema que maneja anualmente $1.6 billones en beneficios de jubilación e incapacidad, cualquier retraso o cambio disruptivo puede afectar la vida de millones de ciudadanos.

Muchos beneficiarios y expertos temen que la combinación de cierres de oficinas, despidos masivos y barreras adicionales en la verificación de identidad sea un paso hacia la reducción del papel del gobierno en la seguridad social. Mientras tanto, los afectados solo pueden esperar que sus pagos lleguen a tiempo y sin obstáculos.