El nuevo control de identidad del Seguro Social: ¿protección o traba burocrática?
Millones de beneficiarios deberán acudir en persona a oficinas del Seguro Social en EE.UU., en medio de recortes y cierres de oficinas.
Un cambio en la verificación de identidad
A partir del 31 de marzo, la Administración del Seguro Social (SSA, por sus siglas en inglés) implementará cambios significativos en la verificación de identidad de los beneficiarios, lo que obligará a millones de personas a acudir personalmente a una oficina de la agencia en lugar de realizar verificaciones por teléfono. Esta nueva medida afectará a quienes soliciten beneficios o deseen modificar la información de depósito directo.
El problema del fraude y las nuevas restricciones
Según Leland Dudek, comisionado interino de la SSA, la agencia pierde más de 100 millones de dólares anuales debido a fraudes relacionados con depósitos directos. Con el objetivo de reducir estos fraudes, se han endurecido las normas de verificación.
“La información utilizada en la autenticación basada en conocimientos ya es de dominio público, lo que complica la detección de fraudes”, explicó Dudek a los medios. La nueva estrategia busca garantizar que solo los verdaderos beneficiarios accedan a los pagos.
Impacto en adultos mayores y personas con discapacidad
Aunque se ha presentado como una solución para combatir el fraude, el nuevo sistema de verificación podría afectar a adultos mayores, personas con movilidad limitada y quienes residen en áreas rurales sin fácil acceso a oficinas de la SSA. Grupos de defensa de los jubilados han alertado que quienes no pueden trasladarse a las oficinas podrían enfrentar retrasos en sus pagos o dificultades para acceder a sus beneficios.
Reducción de oficinas y despidos masivos
Esta decisión se implementa en un contexto en el que la SSA planea cerrar docenas de oficinas en todo Estados Unidos y despedir a miles de trabajadores como parte de un esfuerzo de reducción del gobierno federal por parte de la administración de Donald Trump y Elon Musk, quienes han impulsado la reestructuración mediante el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, por sus siglas en inglés).
De acuerdo con información oficial, se han cancelado contratos de arrendamiento para 47 oficinas de la SSA en estados como Arkansas, Texas, Florida, Kentucky y Carolina del Norte. No obstante, Dudek minimizó el impacto de los cierres al señalar que muchas de ellas eran sitios remotos con baja afluencia de público.
Privatización del sistema: ¿una estrategia premeditada?
El congresista demócrata John Larson criticó las medidas argumentando que podrían ser una estrategia para generar descontento y avanzar en la privatización del Seguro Social. “Exigir a los ciudadanos de la tercera edad y personas con discapacidad que se inscriban en línea o en oficinas que están cerrando es una táctica para generar caos e ineficiencia con el fin de justificar la privatización”, afirmó Larson en un comunicado.
El temor de los ciudadanos
Los continuos cierres de oficinas y la eliminación de trabajadores de la SSA han aumentado la preocupación entre los estadounidenses. Votantes de todo el país han expresado inquietudes en reuniones con legisladores republicanos, temiendo que estas medidas dificulten aún más el acceso a los beneficios a los que tienen derecho.
Sobre este punto, Musk ha sido un duro crítico del Seguro Social, afirmando que el sistema está plagado de fraude y comparándolo con un “esquema Ponzi”. Su postura ha avivado aún más el debate en torno al futuro del programa y su financiamiento.
El nuevo sistema de cambios en depósitos directos
Aunque los nuevos requisitos de verificación parecen endurecer el acceso a beneficios, la SSA también anunció que los cambios en depósitos directos se procesarán en un solo día hábil, eliminando la espera de 30 días que estaba vigente hasta ahora. Esta medida busca mejorar la eficiencia, pero aún es incierto si compensará los problemas que la eliminación de la verificación telefónica pueda generar.
¿Un paso en la dirección correcta?
El dilema entre seguridad y accesibilidad sigue generando debate a nivel nacional. Mientras el gobierno argumenta que las medidas buscan proteger el dinero de los contribuyentes y combatir el fraude, críticos insisten en que se está erosionando el acceso a beneficios esenciales.
Con una creciente oleada de preocupaciones y protestas, solo el tiempo dirá si estas reformas fortalecerán el sistema o se convertirán en un obstáculo para quienes más dependen del Seguro Social.
