La ofensiva de Trump contra la comunidad legal y las agencias federales

Trump vs. Perkins Coie: una guerra legal sin tregua

El bufete de abogados Perkins Coie, conocido por representar a la campaña presidencial de Hillary Clinton en 2016, se ha convertido en el nuevo blanco de Donald Trump. La reciente orden ejecutiva del expresidente busca suspender las credenciales de seguridad de los abogados del bufete y terminar su acceso a edificios federales, una medida considerada por muchos como un acto de retaliación política. Perkins Coie fue la firma que contrató a Fusion GPS, la empresa que llevó a cabo la investigación sobre posibles lazos entre Trump y Rusia, lo que resultó en el famoso “dosier Steele”. Trump, quien ha tildado esta investigación de “caza de brujas”, continúa enemistado con la firma legal, pese a que los abogados que manejaron el caso ya no trabajen en Perkins Coie. Con más de 1,200 abogados en sus filas, la firma enfatizó que esta orden ha impactado su negocio financiero, pues ha ocasionado la pérdida de clientes, lo que refuerza sus argumentos de que están siendo víctimas de una discriminación ilegal basada en sus posturas políticas. Ahora, la batalla se traslada a los tribunales en busca de anular esta decisión.

El desmantelamiento del Departamento de Educación

Trump ha ampliado su ofensiva contra agencias gubernamentales, y uno de sus focos principales ha sido el Departamento de Educación. Su administración ha despedido a más de 1,300 empleados, reduciendo el personal a menos de la mitad de su tamaño original de 4,100 trabajadores. Esta medida, planeada como parte de su estrategia para disminuir la burocracia federal, deja en el aire la ejecución de programas esenciales como la distribución de ayuda financiera a estudiantes o la gestión de préstamos estudiantiles. Linda McMahon, Secretaria de Educación designada por Trump, aseguró que una reducción drástica era necesaria para hacer más eficiente la agencia, aunque sus críticos temen que signifique el colapso de importantes regulaciones educativas. Además, el Departamento de Educación está cerrando oficinas en importantes ciudades como Nueva York, Boston, Chicago y Cleveland, lo que sugiere una reestructuración aún más profunda de sus operaciones.

USAID y la destrucción de documentos clasificados

Otra de las agencias afectadas es la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). Un correo electrónico enviado a empleados ordenaba la destrucción de documentos clasificados, lo que desató preocupación entre expertos y empleados de la agencia. USAID ha sido desmantelada drásticamente bajo la administración de Trump, cortando el 83% de sus programas de asistencia humanitaria y despidiendo a la mayoría de sus empleados. Este intento de asegurarse de que documentación clave sea eliminada antes del cierre de la agencia ha llevado a la Personal Services Contractor Association a presentar una demanda para evitar que se pierda información crítica. El contenido clasificado aparentemente incluía informes de inteligencia, información que la administración de Trump podría estar tratando de ocultar antes de abandonar la agencia. Esto plantea serias preguntas sobre cumplimiento legal, pues la destrucción inadecuada de documentos federales está estrictamente regulada y puede tener consecuencias graves.

¿Consolidación del poder o abuso de autoridad?

Las recientes acciones de Trump reflejan un patrón de consolidación de autoridad a través de represalias contra opositores políticos y la reestructuración del gobierno federal con una mano de hierro. Entre despidos masivos, eliminación de registros y ataques dirigidos a bufetes de abogados, el expresidente parece estar sentando las bases para un gobierno con menos regulaciones y supervisión institucional. ¿Estamos viendo una purga política encubierta o simplemente un reordenamiento gubernamental con objetivos legítimos? La respuesta dependerá del éxito de las múltiples demandas en curso y de cómo el Congreso y el poder judicial respondan a estas maniobras sin precedentes.