El giro radical en derechos civiles bajo Trump: ¿protección o agenda política?

Un cambio drástico en la Oficina de Derechos Civiles

La Oficina de Derechos Civiles (OCR) del Departamento de Educación de EE. UU. tradicionalmente se ha centrado en garantizar que los estudiantes con discapacidades reciban los servicios adecuados y en investigar denuncias de discriminación racial. Sin embargo, bajo la administración de Donald Trump, esta entidad ha dado un giro radical en sus prioridades.

Desde el inicio de su presidencia, el gobierno de Trump pausó miles de casos pendientes, reorientando la misión de la OCR para enfocarse en denuncias de antisemitismo, problemas relacionados con estudiantes transgénero y quejas contra iniciativas de diversidad, equidad e inclusión (DEI). Esto ha generado preocupaciones entre defensores de derechos civiles, quienes temen un abandono de los casos más urgentes que afectan a comunidades vulnerables en el ámbito educativo.

Antisemitismo como prioridad máxima

Una de las políticas más impactantes de la OCR bajo Trump es la nueva directriz establecida en un memorando interno que declara el antisemitismo como la prioridad número uno en las investigaciones. Muchos casos apuntan a universidades donde se han registrado protestas pro-palestinas, algunas de las cuales han generado acusaciones de sesgo contra los estudiantes judíos.

Este enfoque quedó en evidencia cuando se recortaron $400 millones en fondos federales a la Universidad de Columbia, en respuesta a denuncias de antisemitismo en el campus. Esta alineación con la retórica política del expresidente ha levantado sospechas sobre la verdadera independencia de la OCR.

El impacto en estudiantes con discapacidades

Mientras la OCR se enfoca en estos nuevos frentes, otros sectores como la educación especial han visto disminuir la atención sobre sus denuncias. Durante la pausa en la resolución de estos casos, padres de niños con necesidades especiales reportaron haber sido ignorados por la agencia federal.

Por ejemplo, Tylisa Guyton, una madre de Michigan, presentó una queja señalando que su hijo de 16 años sufría discriminación racial en su escuela debido a constantes suspensiones injustificadas. Semanas después de que la OCR levantara la suspensión general de casos, sigue sin recibir noticia alguna sobre su queja.

El miedo a represalias y la fuga de personal

Además del cambio en prioridades, Trump también ha alterado la estructura del organismo, presionando a trabajadores de carrera para que renuncien. Muchos empleados de la OCR han preferido mantenerse en el anonimato al expresar su descontento, temiendo represalias si critican las políticas del gobierno.

La disminución en el número de trabajadores ha generado una carga laboral excesiva para los funcionarios restantes. Esto, sumado a la presión política, podría significar una menor capacidad de respuesta en investigaciones clave.

Investigaciones dirigidas y una agenda politizada

Bajo Trump, la OCR ha implementado lo que denomina “investigaciones dirigidas”, una práctica que consiste en abrir casos de oficio sobre temas estratégicos. Muchas de estas investigaciones han estado dirigidas a universidades con políticas favorables a los derechos de personas trans o con fuerte presencia de organizaciones pro-palestinas.

Este enfoque ha causado alarma entre expertos en derechos civiles, quienes advierten que la OCR podría estar utilizando su poder para promover una agenda ultraconservadora en las instituciones educativas en lugar de garantizar la protección de los derechos de los estudiantes.

¿Hacia el colapso del Departamento de Educación?

Trump ha declarado en más de una ocasión que el Departamento de Educación es “un fraude” y ha sugerido su eliminación total. La secretaria de Educación, Linda McMahon, incluso ha planteado la posibilidad de trasladar la Oficina de Derechos Civiles al Departamento de Justicia, lo que supone un gran cambio en la manera en que el gobierno maneja los casos de discriminación educativa.

Las implicaciones de estas políticas aún no se han visto en su totalidad, pero defensores de derechos civiles advierten que podrían dejar desprotegidas a miles de personas en el sistema educativo de EE. UU.

El futuro incierto de los derechos civiles en la educación

Con una administración enfocada en cambiar la manera en que se aplican las leyes de derechos civiles en la educación, muchos expertos se preguntan si las protecciones fundamentales para los estudiantes más vulnerables se están erosionando.

Para aquellos que luchan por los derechos de estudiantes con discapacidades y contra el racismo en las escuelas, el mensaje es claro: los tiempos han cambiado, y el esfuerzo por garantizar la equidad educativa requerirá una batalla aún más ardua en los próximos años.