La crisis carcelaria en República Dominicana: un sistema al borde del colapso
Hacinamiento extremo, detenciones preventivas sin control y condiciones infrahumanas marcan el drama de las prisiones dominicanas
Las prisiones de República Dominicana se han convertido en un infierno para miles de internos que, en muchos casos, ni siquiera han sido condenados por algún delito. El sistema penitenciario del país opera muy por encima de su capacidad, con cárceles que llegan a albergar hasta siete veces más personas de las que fueron diseñadas para alojar.
Hacinamiento y condiciones inhumanas
La icónica cárcel de La Victoria, construida originalmente para 2,100 internos, hoy alberga a más de 7,000, según datos de la Oficina Nacional de Defensa Pública. Muchos de estos presos son conocidos como “hombres rana”, un término utilizado para describir a aquellos que deben dormir prácticamente encorvados en el suelo debido a la falta de espacio en celdas repletas de cuerpos.
Organizaciones de derechos humanos denuncian que los reclusos están expuestos a condiciones inhumanas, durmiendo junto a retretes desbordados o en celdas sin ventilación, exponiéndolos a enfermedades y epidemias. Además, el acceso a la atención médica es extremadamente limitado y en muchas prisiones ni siquiera hay personal de salud disponible.
Detenciones preventivas: presos sin condena
Según la Oficina Nacional de Defensa Pública, más del 60% de los 26,000 internos en el país están bajo prisión preventiva, es decir, no han recibido ninguna condena formal. Si bien la medida está contemplada en la legislación dominicana como un recurso excepcional, en la práctica se ha convertido en la norma, debido a la falta de agilidad en el sistema judicial.
“Las cárceles se han convertido en una tierra de nadie”, asegura Rodolfo Valentín Santos, director de la Defensa Pública. Casos de personas pasando hasta 20 años en prisión sin un fallo final han sido reportados, lo que convierte la prisión preventiva en una sentencia indefinida para muchos.
Promesas de cambio sin resultados
A raíz de la crisis carcelaria, el presidente Luis Abinader prometió reformar el sistema penitenciario, asignando recursos provenientes de casos de corrupción para la construcción de nuevas cárceles. Sin embargo, la corrupción generalizada dentro de las instituciones públicas ha ralentizado estos esfuerzos.
Roberto Santana, director de una comisión especial encargada de mejorar el sistema penitenciario, reconoce la magnitud del problema: “Estamos al borde del colapso”. Dentro de los planes de esta comisión está la clausura de las infames cárceles de La Victoria y la de 15 de Azua, ambas señaladas constantemente por sus condiciones extremas de hacinamiento.
Un laberinto burocrático
A pesar de las promesas de reforma, la realidad es que cientos de internos continúan privados de libertad incluso después de haber recibido órdenes de liberación por parte de jueces. Un informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos señala que al menos 2,700 internos siguen encarcelados porque sus expedientes se encuentran atascados en los tribunales. Otros enfrentan otro problema: aunque han sido liberados legalmente, no pueden salir de prisión porque no pueden pagar las multas impuestas por el sistema.
Un futuro incierto
Las mejoras en el sistema carcelario dominicano parecen distantes. Aunque se han proyectado la construcción de al menos 25 nuevas prisiones para aliviar el problema de sobrepoblación, el desafío sigue siendo la implementación de medidas que eviten el abuso de la prisión preventiva y garanticen condiciones carcelarias dignas.
Por ahora, miles de reclusos seguirán sufriendo día a día, atrapados en un sistema que parece haberles olvidado.
