Elon Musk y la cruzada por la eficiencia: El impacto de DOGE en el gobierno de Trump

El inicio del segundo mandato de Donald Trump ha traído consigo una renovada ofensiva contra el denominado “despilfarro, fraude y abuso” en el gobierno federal de Estados Unidos. Con Elon Musk al frente del recién creado Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), la polémica sobre qué constituye un desperdicio de recursos públicos y cómo manejar el gasto gubernamental adquiere un nuevo protagonismo. ¿Es esta una reforma necesaria o una estrategia con consecuencias imprevistas?

La lucha histórica contra el despilfarro gubernamental

El discurso contra el desperdicio de recursos públicos no es nuevo. Desde los primeros días de la república, las batallas por el gasto del gobierno han sido una constante. Figuras como Alexander Hamilton y Andrew Jackson protagonizaron disputas sobre el papel del gobierno en la economía, mientras que en tiempos más modernos, Ronald Reagan cimentó la actitud conservadora de escepticismo hacia el gasto público con su famosa frase: “El gobierno no es la solución a nuestro problema; el gobierno es el problema”.

Reagan, por ejemplo, impulsó el concepto de la “reina del welfare”, una alegoría (altamente criticada) sobre el abuso del sistema de bienestar social. Además, estableció la Comisión Grace, un grupo de empresarios privados que debía identificar derroches en el presupuesto federal. Sin embargo, sus recomendaciones nunca se aplicaron en gran escala.

Los números del gasto en EE.UU.: Una radiografía

Para dimensionar el reto que DOGE busca enfrentar, basta con observar el presupuesto federal. En 2023, el gasto público estadounidense alcanzó los $6.7 billones de dólares, distribuidos de la siguiente forma:

• $3.19 billones en pagos de transferencias (Seguridad Social, Medicare, programas de asistencia alimentaria, créditos fiscales para familias de bajos ingresos).
• $1.15 billones en ayuda a los estados (salud, educación, infraestructura).
• $950 mil millones en pago de intereses de la deuda pública.
• $840 mil millones en compras de bienes y servicios.
• $560 mil millones en sueldos de empleados federales.

Pese a las consignas de recortes presupuestarios, las encuestas revelan una visión contradictoria entre los ciudadanos. Mientras que un 60% de los estadounidenses cree que el gobierno gasta demasiado, dos tercios de la población consideran que programas como Seguridad Social, Medicare y educación necesitan más inversión.

¿Cuánto dinero se pierde realmente en fraude y despilfarro?

Según la Oficina de Responsabilidad Gubernamental (GAO), desde 2011 se han ahorrado aproximadamente $667 mil millones siguiendo recomendaciones de eficiencia. Sin embargo, la pérdida por fraude y errores administrativos sigue siendo significativa:

• El Servicio de Impuestos Internos (IRS) calcula que en 2022 el llamado “gap fiscal” –es decir, la diferencia entre lo que se debería recaudar y lo que realmente se paga– ascendió a $696 mil millones.
• Los “pagos inadecuados” en programas como Medicaid, Medicare y el seguro de desempleo suman varios cientos de miles de millones de dólares al año.
• El fraude durante programas especiales, como los fondos destinados al desempleo en la pandemia de COVID-19, alcanzó niveles alarmantes debido al robo de identidad y otros esquemas de estafa.

La tormenta en el sector nuclear: despidos y reinstalaciones

Una de las decisiones más controvertidas de DOGE ha sido la destitución masiva de empleados del sector energético, incluyendo aquellos enfocados en el manejo del arsenal nuclear nacional. Según informes, hasta 350 empleados de la Administración Nacional de Seguridad Nuclear (NNSA) fueron despedidos sin previo aviso, bloqueando su acceso a oficinas y correos electrónicos de manera abrupta.

Los despidos alcanzaron sitios clave como la planta de armas nucleares Pantex en Texas, encargada de la reensamblación de ojivas. Sin embargo, el viernes siguiente, la NNSA rescindió la mayoría de las destituciones, reinstalando a todos excepto 28 empleados.

Figuras como Daryl Kimball, director de la Asociación para el Control de Armas, han criticado la medida: “La gente de DOGE está tomando decisiones sin tener idea de lo que hacen estos departamentos”. Expertos advierten que estos recortes comprometen la capacidad de seguridad nacional, en un momento en que Estados Unidos se embarca en una modernización de $750 mil millones de su arsenal nuclear.

La controversia del despido del jefe de protección a denunciantes

En paralelo a estos recortes, la administración Trump busca destituir a Hampton Dellinger, jefe de la Oficina de Asesoría Especial, organismo clave en la protección de denunciantes en el gobierno. Dellinger, designado por Biden en 2024 para un periodo de cinco años, sostiene que su despido es inconstitucional al no citar problemas de desempeño.

La Casa Blanca ha recurrido a la Corte Suprema para proceder con su destitución, argumentando que el presidente debe tener total autoridad para nombrar y remover cargos clave. Sin embargo, el caso ha sido interpretado como parte de un esfuerzo más amplio de Trump para consolidar su control sobre el aparato burocrático.

¿Reforma necesaria o caos institucional?

La ambiciosa cruzada de Elon Musk y el DOGE busca instaurar una nueva era de eficiencia en el gobierno de Estados Unidos. Sin embargo, los despidos abruptos y la incertidumbre dentro de agencias fundamentales como la NNSA han encendido alarmas sobre los riesgos de una reestructuración acelerada y con falta de planificación.

Si bien reducir el fraude y mejorar la eficiencia del gasto es un objetivo loable, los recientes acontecimientos demuestran que los costos de esta iniciativa pueden ser mayores de lo esperado. La pregunta ahora es si Trump y Musk lograrán equilibrar sus planes de austeridad con la necesidad de mantener la estabilidad y seguridad nacional.