La inmunidad legislativa en EE.UU.: ¿Privilegio necesario o abuso de poder?
El controvertido beneficio que permite a los legisladores evitar multas y ciertos procesos legales vuelve a estar en el ojo del huracán.
Un privilegio con raíces históricas
La inmunidad legislativa es un concepto profundamente arraigado en las democracias modernas y tiene su origen en el Bill of Rights inglés de 1689. Esta norma fue diseñada para proteger a los parlamentarios de represalias del monarca, garantizando su capacidad de legislar sin temor a la persecución política. Con la adopción de esta doctrina en los Estados Unidos, diversas constituciones estatales han incorporado cláusulas similares que eximen a los legisladores de ciertos procedimientos legales durante su mandato.
¿Qué cubre la inmunidad legislativa?
En la mayoría de los estados, la inmunidad legislativa protege a los legisladores de arrestos civiles y de procesos legales relacionados con su función parlamentaria, con excepciones para delitos graves, traición y alteración del orden público. En Arizona, esta protección se extiende incluso a infracciones menores de tránsito, lo que ha generado críticas en los últimos años.
Casos recientes que han avivado el debate
El senador estatal Mark Finchem recientemente utilizó la inmunidad legislativa para evitar una multa de tráfico por exceso de velocidad. Finchem fue detenido por manejar a 48 mph en una zona de 30 mph en Prescott, Arizona. Tras recibir la infracción, envió una carta al jefe de policía solicitando que la citación fuera anulada, lo que efectivamente ocurrió. Este episodio ha reavivado el debate sobre si los legisladores deberían estar sujetos a las mismas leyes que el resto de los ciudadanos.
El caso de Finchem no es único. En 2018, el representante estatal Paul Mosely fue grabado alardeando de conducir a 140 mph, alegando que estaba protegido por la inmunidad legislativa. En 2012, el senador Scott Bundgaard invocó esta cláusula tras un altercado doméstico en la vía pública, permitiéndole evitar el arresto mientras su pareja pasó la noche en la cárcel.
¿Debería reformarse la inmunidad legislativa?
El representante Quang Nguyen ha propuesto una resolución para eliminar la inmunidad legislativa en cuestiones de tránsito en Arizona. Si la medida es aprobada, será sometida a votación popular en 2026. Según Nguyen:
“Las personas a las que servimos deben seguir las leyes de tránsito, y los legisladores no deberían ser la excepción.”
Intentos anteriores de reforma han fracasado. En 2019, el entonces gobernador Doug Ducey apoyó una iniciativa para eliminar la inmunidad legislativa, pero no prosperó en la legislatura.
Comparaciones con otros estados
Según la Conferencia Nacional de Legislaturas Estatales, 43 estados ofrecen protección a legisladores por su discurso y debate, mientras que 45 garantizan inmunidad de arresto. Sin embargo, las regulaciones varían ampliamente. En Nuevo México, por ejemplo, esta inmunidad solo aplica al viajar hacia y desde el trabajo legislativo, mientras que en Arizona no existen restricciones geográficas.
A nivel federal, la inmunidad legislativa también existe pero tiene limitaciones más estrictas. Un caso reciente fue el del exsenador Bob Menéndez, quien intentó usar esta protección en su juicio por soborno, sin éxito. Terminó siendo sentenciado a 11 años de prisión.
Los riesgos de una protección excesiva
Críticos de la inmunidad argumentan que su uso indebido socava la confianza pública en el sistema judicial y crea una percepción de impunidad. Para Steve Gallardo, exlegislador y actual miembro del Consejo del Condado de Maricopa, esta protección es obsoleta:
“Cualquiera que use este tipo de privilegios está haciendo un gran daño a la institución y a sus propios electores. Están diciendo al público que están por encima de la ley.”
Los defensores de la inmunidad legislativa, por otro lado, sostienen que es una herramienta clave para evitar la persecución judicial de legisladores por razones políticas. Sin embargo, sus críticas sostienen que la mayoría de los casos recientes donde se ha invocado esta cláusula no están relacionados con la función legislativa, sino con problemas personales y violaciones de tránsito.
¿Qué sigue para la inmunidad legislativa?
A medida que más estados revisan sus políticas de inmunidad legislativa, el debate se intensifica entre quienes defienden la separación de poderes y quienes exigen mayor responsabilidad de los representantes públicos ante la ley. La resolución de Quang Nguyen puede sentar un precedente en Arizona y quizá inspirar cambios a nivel nacional.
