Las sanciones de EE.UU. contra la CPI: ¿Justicia internacional o juego político?
La administración Trump impone sanciones al fiscal jefe de la Corte Penal Internacional en medio de controversias por las investigaciones a Israel.
Un golpe directo contra la CPI
Estados Unidos ha vuelto a la carga contra la Corte Penal Internacional (CPI). En una medida sorprendente, la administración de Donald Trump sancionó al fiscal jefe de la CPI, Karim Khan, siguiendo la línea de su ya conocida postura de rechazo hacia esta institución con sede en La Haya. Las sanciones se amparan en la reciente orden ejecutiva de febrero de 2024, y forman parte de una ofensiva contra el tribunal debido a su investigación sobre crímenes de guerra en Gaza que involucran al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.
La postura histórica de EE.UU. contra la CPI
Desde su creación en 2002, la CPI ha sido un organismo clave en la persecución de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. Sin embargo, Estados Unidos nunca ha sido parte del Estatuto de Roma, el tratado que establece la corte. Durante la presidencia de George W. Bush, Washington reafirmó su rechazo a la CPI, argumentando que su jurisdicción amenazaba la soberanía estadounidense.
Bajo la administración de Trump, la agresividad contra la CPI alcanzó niveles sin precedentes. En 2020, Trump impuso sanciones a la entonces fiscal jefe, Fatou Bensouda, debido a investigaciones sobre la actuación de las tropas estadounidenses en Afganistán. Joe Biden levantó dichas sanciones en 2021, pero ahora Trump ha vuelto a una estrategia de guerra contra el tribunal.
¿Una represalia contra las investigaciones a Israel?
El detonante inmediato de la sanción a Karim Khan es la investigación de la CPI sobre los crímenes de guerra en Gaza, donde se emitieron órdenes de arresto contra Netanyahu y el exministro de defensa Yoav Gallant. Los funcionarios israelíes han rechazado estas acusaciones calificándolas de “absurdas”, mientras que el gobierno de EE.UU. ha condenado lo que considera una extralimitación injustificada de la CPI.
Trump ha utilizado esta situación para reforzar su discurso contra el tribunal, calificándolo de una entidad “ilegítima” con un “claro sesgo contra Israel y EE.UU.”. La orden ejecutiva firmada por Trump no solo apunta a Khan, sino que deja la puerta abierta a más sanciones contra otros funcionarios de la CPI.
Las repercusiones internacionales
Las sanciones contra el fiscal jefe de la CPI han generado una reacción inmediata de rechazo por parte de diversas organizaciones de derechos humanos y organismos internacionales. La presidencia de la CPI ha condenado la medida, mientras que en Naciones Unidas, el portavoz adjunto Farhan Haq reiteró que “la CPI es un pilar fundamental de la justicia internacional”.
Esta postura estadounidense podría además generar tensiones diplomáticas con aliados europeos, quienes han respaldado a la CPI en múltiples ocasiones. La Unión Europea considera que la CPI juega un papel vital en la lucha contra la impunidad y ha expresado su apoyo a la investigación sobre Gaza.
Un posible precedente peligroso
El ataque directo contra Karim Khan y la CPI en general sienta un precedente preocupante. No se trata solo de una disputa sobre jurisdicción, sino de un intento de socavar la independencia de una institución creada para impartir justicia global. Si otras potencias adoptaran una estrategia similar, el sistema internacional de justicia penal podría debilitarse gravemente.
El mundo ha visto anteriormente cómo ciertas naciones evitan la rendición de cuentas apelando a su soberanía nacional. No obstante, la CPI fue concebida precisamente para actuar cuando la justicia nacional falla en castigar actos atroces. Si se permite que los intereses políticos dicten qué investigaciones deben ser sancionadas, se corre el riesgo de erosionar la credibilidad de la justicia internacional.
¿Qué sigue para la CPI?
A pesar de la presión estadounidense, es poco probable que la CPI detenga su trabajo. Karim Khan sigue al frente del organismo, y aunque las sanciones dificultan sus relaciones con instituciones estadounidenses y restringen sus movimientos, la independencia de la CPI sigue siendo un principio fundamental de su mandato.
La gran incógnita es si otros países decidirán enfrentar el desafío de Trump y defender la corte. Europa ya ha señalado su apoyo, pero si Washington ejerce presión económica o política sobre otras naciones, el futuro de la CPI podría volverse más incierto.
El tiempo dirá si este enfrentamiento logra su objetivo de intimidar a la CPI o si, por el contrario, refuerza su compromiso con la justicia global.
