El Salvador elimina el financiamiento público a partidos políticos: ¿avance o retroceso?
La reforma, impulsada por Nayib Bukele y aprobada con una sólida mayoría legislativa, plantea interrogantes sobre el futuro de la pluralidad política en el país.
Un cambio constitucional sin precedentes
El Congreso de El Salvador aprobó una reforma constitucional que elimina el financiamiento público de los partidos políticos. La medida, impulsada por el presidente Nayib Bukele, fue aprobada con 58 de los 60 votos posibles, aprovechando la reciente modificación del proceso de reformas constitucionales.
Anteriormente, las reformas a la Constitución debían ser aprobadas en una legislatura y ratificadas en la siguiente, después de elecciones. Sin embargo, con el nuevo mecanismo, los cambios constitucionales pueden realizarse con el voto de tres cuartas partes del Congreso. La bancada oficialista de Bukele cuenta con 54 escaños y sus aliados con otros tres, asegurando el control de la Asamblea Legislativa.
¿Cómo se financiaban antes los partidos en El Salvador?
Hasta ahora, los partidos políticos salvadoreños recibían financiamiento público en función del número de votos obtenidos en elecciones. Si el partido en cuestión no alcanzaba los umbrales esperados, debía devolver los fondos adelantados por el gobierno. Este sistema permitía que las organizaciones políticas contaran con recursos básicos para operar y competir en igualdad de condiciones.
Bajo la nueva normativa, los partidos ya no recibirán estos fondos y deberán recurrir exclusivamente a donaciones privadas, cuotas de militantes o actividades de recaudación.
Bukele y su visión del financiamiento político
El presidente Bukele justificó la reforma recordando su campaña electoral de 2019, cuando su movimiento político, Nuevas Ideas, no contó con financiamiento estatal y aun así logró un impresionante respaldo electoral. En su cuenta de X (antes Twitter), Bukele dijo: “¿Difícil? Sí, fue difícil. Pero, ¿no era mejor así?”
Desde su llegada al poder, Bukele ha buscado transformar la política salvadoreña con reformas que consolidan su modelo de gobierno. Los partidos opositores, debilitados y fragmentados, ven esta medida como otro golpe que limita su capacidad de competir electoralmente.
Impacto en la democracia y el pluralismo político
La eliminación del financiamiento estatal de los partidos ha generado debate entre analistas, organizaciones cívicas y grupos opositores. Eduardo Escobar, representante de la organización Acción Ciudadana, advirtió: “Esta reforma consolida un sistema de partido hegemónico al dificultar la competencia política real”.
Al perder estos recursos, muchas agrupaciones políticas que no cuentan con el respaldo de grandes donantes privados podrían enfrentar dificultades para sostener su estructura y hacer campañas efectivas. En países donde se han implementado sistemas similares, se ha observado un fortalecimiento de los partidos con mayor acceso a financiamiento privado, en detrimento de los que dependen de aportaciones públicas.
Contexto político: la hegemonía de Nuevas Ideas
El partido de Nayib Bukele, Nuevas Ideas, domina el escenario político salvadoreño. En la última elección legislativa, consiguió 54 de los 60 escaños, dejando a la oposición en una posición marginal. Con este nuevo cambio, la dependencia de los partidos opositores a financiamientos privados puede restringir aún más su capacidad de acción.
Además, la reforma llega en un momento en que el gobierno de Bukele intensifica su control sobre diversas instituciones, con medidas que han debilitado al poder judicial y a los medios de comunicación críticos.
Reacciones y el futuro del sistema político salvadoreño
Varias organizaciones internacionales y grupos de derechos humanos han manifestado preocupación por esta medida y otros cambios impulsados por el gobierno de Bukele. El Washington Office on Latin America (WOLA) señaló en un informe reciente que estas reformas pueden afectar la transparencia y la equidad en las elecciones futuras.
Mientras tanto, los defensores de la medida argumentan que evita el uso indebido de fondos públicos y obliga a los partidos a demostrar su capacidad de organización y financiación sin depender del erario.
El futuro de la democracia en El Salvador dependerá de cómo los partidos opositores se adapten a este nuevo escenario y si logran encontrar mecanismos efectivos de financiamiento sin comprometer su independencia.
