La persistente batalla por la justicia en la explosión del puerto de Beirut
Después de años de obstrucción y controversias políticas, la investigación sobre una de las mayores explosiones no nucleares del mundo se reanuda en un intento de llegar a la verdad.
Un desastre que estremeció al mundo
El 4 de agosto de 2020, Beirut fue sacudida por una terrible explosión en su puerto. Alrededor de 2,750 toneladas de nitrato de amonio almacenadas sin medidas de seguridad adecuadas detonaron, causando una de las explosiones más poderosas jamás registradas fuera del contexto militar. El impacto dejó al menos 218 muertos, más de 6,000 heridos y una parte significativa de la capital libanesa en ruinas.
Este evento, catalogado como uno de los mayores desastres no nucleares de la historia, no solo devastó la infraestructura de Beirut, sino que también sacudió a un país que ya enfrentaba múltiples crisis económicas y políticas.
Un proceso judicial plagado de obstáculos
Desde el inicio de la investigación, el juez Tarek Bitar ha enfrentado incontables trabas. Su intento por descubrir la verdad ha sido obstaculizado por figuras influyentes dentro del gobierno libanés y por un sistema judicial que ha sido acusado de corrupción e ineficiencia.
En 2023, el entonces fiscal general Ghassan Oweidat ordenó la liberación de 17 detenidos, incluidos funcionarios de aduanas y del puerto, una decisión que fue fuertemente condenada por Bitar y otros expertos legales. Para muchos libaneses, esta maniobra fue vista como un esfuerzo por proteger a figuras poderosas involucradas en el desastre.
El impacto de nuevos cambios políticos
En enero de 2024, la situación política en Líbano cambió con la elección de Joseph Aoun como presidente y el nombramiento de Nawaf Salam como primer ministro designado. Ambos líderes son considerados ajenos al establishment político que ha dominado el país durante décadas y que ha sido ampliamente criticado por su papel en la mala gestión que condujo a la catástrofe.
Aoun, en su discurso de juramento, declaró que su administración se regirá por el estado de derecho, afirmando que no habrá inmunidad para criminales o funcionarios corruptos. Esta postura podría dar un nuevo impulso a la investigación, aunque muchos siguen escépticos sobre si la justicia verdaderamente llegará a los responsables.
Declaraciones y avances recientes
El juez Bitar finalmente logró interrogar a dos empleados del puerto el viernes pasado: Salim Shibli, dueño de una empresa de mantenimiento encargada de reparaciones en el almacén 12, y Rabih Srour, un oficial de seguridad del mismo almacén. Shibli aseguró que su equipo terminó su labor una hora antes del incendio que precedió a la explosión y negó que sus trabajos de soldadura pudieran haber causado la tragedia.
Sin embargo, cuatro de los acusados clave, incluidos el exjefe de aduanas de Beirut y el dueño de la carga de nitrato de amonio, no se presentaron a declarar. Algunos de ellos han prometido hacerlo en una fecha posterior.
¿Habrá justicia en Líbano?
A pesar de los avances recientes, el escepticismo entre los ciudadanos libaneses sigue siendo alto. Durante años, el sistema judicial ha sido una herramienta de la élite política, lo que ha generado desconfianza en la imparcialidad del proceso. Bitar ha insistido en que emitirá una acusación formal a finales de este año, incluyendo a figuras de alto perfil en el caso.
En un país donde la impunidad ha sido la norma, el futuro de esta investigación sigue siendo incierto. Los afectados por la tragedia siguen exigiendo justicia, pero la pregunta que queda es: ¿permitirá el sistema libanés que esta vez los responsables enfrenten las consecuencias de sus actos?
