La batalla legal entre Chicago y la administración Trump por las leyes ‘santuario’
El gobierno federal demanda a Chicago por políticas que protegen a inmigrantes, acusando a la ciudad de obstaculizar las leyes de inmigración.
Chicago, en el centro del debate sobre inmigración
La ciudad de Chicago y el estado de Illinois han sido demandados por la administración Trump por sus leyes “santuario”, que limitan la cooperación con las agencias federales de inmigración. Esta demanda es solo el último movimiento en una serie de esfuerzos del gobierno federal para castigar a las jurisdicciones que protegen a inmigrantes.
Según la demanda presentada en la corte federal de Chicago, las políticas de la ciudad han resultado en la liberación de “criminales que deberían haber sido detenidos para su deportación”. Estas afirmaciones, que reflejan la retórica de Trump sobre inmigración, han sido ampliamente criticadas por organizaciones de derechos humanos y estudios que indican que los inmigrantes indocumentados tienen tasas de criminalidad más bajas que los ciudadanos estadounidenses.
Historia de las ciudades santuario
Las ciudades santuario han existido por décadas en Estados Unidos, con Chicago adoptando formalmente esta política en la década de 1980. Con el paso de los años, la ciudad ha reforzado sus protecciones para inmigrantes, incluso desafiando la postura federal en múltiples ocasiones.
El concepto de santuario implica que las autoridades locales no pueden detener a personas únicamente por su estatus migratorio ni colaborar activamente con los agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) sin una orden judicial. Esto se basa en la idea de fomentar la confianza entre la comunidad inmigrante y la policía local, permitiendo que los inmigrantes denuncien crímenes sin temor a ser deportados.
Los argumentos de la administración Trump
La administración Trump ha insistido en que las leyes santuario crean un ambiente peligroso para la seguridad de los ciudadanos, argumentando que impiden la deportación de personas peligrosas. En respuesta, han intentado cortar fondos federales a ciudades que aplican este tipo de políticas y han amenazado con presentar cargos criminales contra funcionarios locales.
El fiscal general Pam Bondi ha liderado estos esfuerzos desde su llegada al cargo, intentando bloquear subvenciones del Departamento de Justicia para Chicago y otras ciudades con medidas similares. Sin embargo, múltiples cortes han invalidado intentos previos de la administración Trump de castigar financieramente a estas jurisdicciones.
La respuesta de Chicago y sus líderes
El alcalde de Chicago, Brandon Johnson, ha defendido firmemente las políticas santuario de la ciudad, argumentando que protegen a sus residentes y fomentan la seguridad pública. Johnson y otros alcaldes planean testificar ante el Congreso para defender su postura.
El gobernador de Illinois, J.B. Pritzker, también ha rechazado la demanda federal, asegurando que el estado cumple con la ley y acusando a Trump de usar la inmigración como una herramienta política. En una declaración, su oficina señaló que, en lugar de ayudar a las fuerzas del orden, la administración Trump está dificultando su trabajo.
Impacto y futuro de la demanda
Aunque la administración Trump ha utilizado diversas tácticas para debilitar las protecciones para inmigrantes en ciudades santuario, las cortes han limitado su alcance. Las decisiones judiciales han confirmado previamente que las ciudades tienen el derecho de establecer sus propias políticas de aplicación de la ley.
Sin embargo, el simple acto de presentar demandas puede tener un efecto disuasorio sobre algunas jurisdicciones menos firmes en su compromiso con las leyes santuario. Es posible que otros estados y localidades adopten una postura más cautelosa para evitar represalias del gobierno federal.
La batalla legal entre Chicago y la administración Trump representa una lucha más amplia por los derechos de los inmigrantes en Estados Unidos y podría sentar un precedente importante para futuras políticas de inmigración.
