¿El fin de la ayuda humanitaria en Fremont? Controversia por la ordenanza contra campamentos de personas sin hogar

En un paso controvertido y que ha captado la atención nacional, la ciudad de Fremont, en el área de la Bahía de San Francisco, está en vías de aprobar una ordenanza que prohíbe la presencia de campamentos en espacios públicos y penaliza a quienes los apoyen. Esta medida no solo condena a las personas sin hogar que viven en campamentos, sino también a quienes ofrezcan ayuda, incluyendo voluntarios, organizaciones benéficas e incluso ciudadanos comunes.

¿De qué trata la ordenanza?

La propuesta de Fremont, que ya superó una votación inicial en el consejo municipal con un margen de 4-2 y está agendada para una decisión final el 11 de febrero, contempla multas de hasta $1,000 y seis meses de cárcel para aquellos que "causen, permitan, ayuden, instiguen o encubran" campamentos ilegales en propiedad pública. Esto incluye calles, parques y cualquier otro espacio público.

Mientras que el alcalde de Fremont, Raj Salwan, asegura que la medida no va dirigida a proveedores de servicios que entregan comida, ropa u otros recursos de emergencia, la redacción amplia de la ordenanza deja mucho a la interpretación. Activistas y expertos legales han mostrado una preocupación particular por la inclusión de la cláusula de "aiding and abetting" (ayudar e instigar), una redacción incomún en ordenanzas de este tipo dentro del contexto de California.

¿Qué dicen los defensores de los derechos humanos?

Vivian Wan, directora ejecutiva de Abode Services, una organización que trabaja con personas sin hogar en Fremont, expresó su preocupación ante lo que podría significar para su equipo de trabajo: "El trabajo ya es lo suficientemente difícil, física y emocionalmente agotador, para ahora tener que preocuparnos por nuestra responsabilidad legal. Es increíblemente frustrante".

Otros defensores de derechos humanos, como Eve Garrow de la ACLU del sur de California, temen que la ordenanza tenga un efecto paralizante en los esfuerzos de ayuda humanitaria. Garrow comentó: "Si se aprueba, creo que enfriará cualquier tipo de ayuda humanitaria o asistencia que los residentes locales podrían ofrecer a personas sin hogar y desamparadas".

¿Cómo impactará esto a voluntarios y organizaciones benéficas?

De acuerdo con la propuesta, cualquier acción que pueda interpretarse como facilitar un campamento ilegal podría ser penalizada. Esto ha generado temor entre organizaciones como Sisters of the Holy Family, radicada en Fremont. Sor Elaine Sanchez, una de sus integrantes, fue contundente: "Si me arrestan por algo, será por hacer algo que siento que está ayudando a personas necesitadas".

Algunas organizaciones, como Abode Services, han considerado reducir su alcance de trabajo si no logran un acuerdo que las exima de esta cláusula. Wan mencionó que su equipo ya enfrenta suficiente dificultad reclutando trabajadores por las condiciones grueling del trabajo; cualquier otro obstáculo podría hacer su labor insostenible.

El trasfondo: medidas más estrictas en California tras una decisión de la Corte Suprema

Esta ordenanza de Fremont se enmarca en un contexto estatal más amplio. Más de dos docenas de ciudades y condados en California han aprobado medidas similares en el último año, tras la decisión del caso Grants Pass v. Johnson en 2022. La Corte Suprema permitió a las ciudades prohibir campamentos en propiedades públicas incluso si no hay suficientes camas disponibles en refugios.

Mientras que algunas ciudades justifican estas medidas como necesarias para la seguridad pública y el uso de espacios compartidos, críticos argumentan que criminalizar a personas sin hogar no resuelve las causas raíz del problema. Incluso municipios como Los Ángeles han enfrentado reacciones adversas por normativas similares, incluyendo quejas de la ACLU y otros grupos de derechos humanos.

¿Puede esta medida sobrevivir a un desafío legal?

El legalista David Loy, director legal de la First Amendment Coalition, apunta que todo dependerá de cómo se implemente la ordenanza. "El derecho a la libertad de expresión bajo la Primera Enmienda no garantiza el derecho a acampar en un espacio público, ni a 'ayudar e instigar' un campamento ilegal", explicó, señalando que gran parte del impacto dependerá de cómo la policía interprete la redacción del texto.

El debate público en Fremont

Durante una reunión del consejo municipal, más de una docena de residentes expresaron su oposición, calificando la medida como "inmoral" y "un ataque a las personas más vulnerables de nuestra sociedad". Sin embargo, también hubo apoyo por parte de algunos ciudadanos que señalaron preocupaciones de seguridad y uso público de parques y bibliotecas. El concejal Raymond Liu argumentó: "He escuchado muchas quejas de personas que dicen que no se sienten seguras usando nuestros parques o bibliotecas por la cantidad de campamentos cercanos".

¿Qué sigue para Fremont y sus ciudadanos?

El alcalde Salwan ha indicado disposición para ajustar la redacción de la ordenanza en respuesta a las inquietudes de los defensores de derechos humanos. Sin embargo, la incertidumbre permanece: ¿qué tan específico será el lenguaje? ¿Cómo decidirán las autoridades locales qué actos califican como "ayudar y abrigar"? Las respuestas aún no están claras, y mientras tanto, los voluntarios, trabajadores de ayuda e incluso simples residentes permanecen vigilantes sobre el impacto potencial de estas leyes en su capacidad para brindar apoyo y compasión.