El impacto del fin de programas de apoyo legal para inmigrantes en Estados Unidos

El sistema de inmigración en Estados Unidos siempre ha sido complicado, pero recientemente, las rejas de acceso a un apoyo crítico se han cerrado aún más. La reciente orden ejecutiva de la administración Trump, que instruyó al Departamento de Justicia a suspender de inmediato varios programas financiados federales para apoyar a inmigrantes en procesos legales, ha dejado a muchos en un limbo de incertidumbre.

¿Qué son estos programas y por qué son importantes?

Estados Unidos cuenta con varios programas clave diseñados para proporcionar orientación legal a aquellos en procesos de inmigración. Estos incluyen:

• El Programa de Orientación Legal (LOP)
• El Programa de Ayuda en Cortes de Inmigración (ICH)
• La Iniciativa Consejo para Niños (CCI)
• El Programa de Orientación Legal para Grupos Familiares

Estos programas no solo informan a los inmigrantes sobre sus derechos legales, sino que también agilizan el trabajo de los tribunales al ayudar a los involucrados a entender los procedimientos básicos y cumplir con los requisitos legales.

Ruby Robinson, abogado gerente del Centro de Derechos de los Inmigrantes de Michigan, explicó el impacto negativo del cierre de estos programas, diciendo: "Sin estos servicios, muchas personas se ven obligadas a navegar un sistema legal extremadamente complejo sin representación adecuada." Según Robinson, desde 2021 su organización ha asistido a unas 10,000 personas a través de su mesa de ayuda en Detroit.

La brecha de acceso a la justicia

Uno de los mayores desafíos que enfrentan los inmigrantes en Estados Unidos es la falta de acceso a representación legal. A diferencia de los tribunales penales, en los tribunales de inmigración no se garantiza un abogado gratuito. Esto significa que miles de personas, incluidas familias y menores, deben defenderse a sí mismas en un sistema legal que apenas entienden.

La Oficina Ejecutiva para la Revisión de Inmigración (EOIR, por sus siglas en inglés) estima que las cortes de inmigración tienen un atraso de alrededor de 3.7 millones de casos. Sin el apoyo de los programas suspendidos, se espera que esta cifra continúe creciendo, impactando tanto a los tribunales como a aquellos que buscan asilo y residencia legal.

Testimonios desde el terreno

Milagro, una mujer de 69 años de Venezuela que llegó a Estados Unidos en 2024, compartió su frustración tras descubrir que la ayuda que necesitaba ya no estaba disponible. Milagro, quien presentó una solicitud de asilo debido a temores por su vida en Venezuela, expresó: "Es una sensación de impotencia y soledad. La ventana que tenía abierta para preguntar, para obtener consejo, está cerrada."

En El Paso, Texas, el cierre del programa impacta particularmente a comunidades vulnerables como la de Milagro. La falta de ayuda legal accesible y gratuita agrava aún más las desigualdades en un sistema donde el idioma, la documentación y los procedimientos suelen ser barreras insuperables.

Reacciones de las organizaciones y desafíos legales

Michael Lukens, director ejecutivo del Centro Amica para los Derechos de los Inmigrantes, calificó la decisión como "devastadora". Su organización, con sede en Virginia, fue escoltada fuera de un centro de detención mientras intentaban proporcionar servicios, reduciendo aún más las oportunidades de ayuda inmediata para los inmigrantes detenidos.

Congresionalmente, los programas reciben un financiamiento anual de $29 millones que se distribuye entre diversas organizaciones. Aunque este presupuesto ha contado con apoyo bipartidista, la última orden ejecutiva puso fin abruptamente al financiamiento, dejando a estas organizaciones luchando por subsistir con donaciones y fondos privados.

En 2018, una amenaza similar para el financiamiento de estos programas fue revocada debido a litigios y presiones bipartidistas. Sin embargo, la acción más reciente de la administración fue mucho más rápida y abrupta, dificultando cualquier preparación previa por parte de las organizaciones.

Las implicaciones de largo alcance

Edna Yang, codirectora ejecutiva de American Gateways en Texas, advirtió que eliminar estos programas no solucionará el sistema roto actual. "Al detener programas que ayudan a las personas a obtener la información que necesitan, no se arreglará el sistema, solo lo empeorará", afirmó. Los defensores de derechos humanos señalan que además de garantizar procesos legales más justos, estas iniciativas ayudan a evitar deportaciones indebidas que podrían poner en riesgo la vida de solicitantes de asilo.

Por otro lado, Tara Tidwell Cullen, portavoz del Centro Nacional de Justicia para los Inmigrantes en Chicago, señaló que mientras intentan proporcionar servicios reducidos con fondos privados, no saben por cuánto tiempo podrán continuar con estas operaciones mínimas.

¿Qué sigue?

El impacto de estas decisiones resalta la necesidad de una reforma migratoria integral en Estados Unidos, donde los derechos humanos básicos y un acceso justo al sistema legal estén garantizados. Sin estas medidas, comunidades enteras se enfrentarán a significativos desafíos legales y personales, agravando una crisis ya de por sí compleja.

Para aquellos que enfrentan procesos legales, el sentimiento es claro: "Necesitamos apoyo. Necesitamos una oportunidad justa."