Medidas de la UE contra tráfico de migrantes podrían afectar a organizaciones humanitarias
BRUSELAS (AP) — Los países de la Unión Europea acordaron el viernes un proyecto de ley destinado a prevenir y combatir el tráfico de personas que, según sus críticos, podría utilizarse para perseguir a personas u organizaciones humanitarias que intentan ayudar a los migrantes.
El objetivo de la nueva ley es ampliar la definición de lo que implica el tráfico de migrantes y aumentar las penas de prisión y las multas. El acuerdo entre los 27 países miembros del bloque constituye su postura para las negociaciones finales sobre la ley con el Parlamento Europeo.
“Si queremos actuar seriamente respecto a la protección de nuestras fronteras, necesitamos intensificar la lucha contra el tráfico de migrantes”, dijo el ministro de Justicia húngaro, Bence Tuzson, cuyo país ocupa la presidencia de la Unión Europea. “Criminalizar este delito de manera uniforme en toda la Unión Europea será clave en esta área”.
El año pasado se detectaron alrededor de 380.000 cruces no autorizados en las fronteras exteriores del bloque. La agencia policial Europol estima que más de 90% de los migrantes que llegan a las costas de Europa utilizan los servicios de traficantes.
La ley obligaría a todos los países a garantizar que cualquier persona que ayude intencionalmente a un migrante a entrar, cruzar o permanecer en la Unión Europea a cambio de “un beneficio financiero o material” sea considerada delincuente. Los traficantes condenados deberían ser encarcelados hasta por tres años, o por más de 10 años si alguien muere.
En el proyecto de ley se establecen multas de hasta 40 millones de euros (42 millones de dólares) para las organizaciones o sus representantes implicados en el tráfico.
El proyecto incluye una “cláusula humanitaria” que “especificaría que cierta asistencia a migrantes irregulares, especialmente la ayuda a familiares cercanos o el apoyo para proporcionar necesidades humanas básicas, podría no calificar como el delito penal de tráfico de migrantes”.
Sin embargo, los países miembros no estarían legalmente obligados a aplicarla.
A la Plataforma para la Cooperación Internacional para Migrantes Indocumentados (PICUM, por sus siglas en inglés), que representa a 160 organizaciones enfocadas en los derechos de los migrantes, le preocupa que la naturaleza no vinculante de la cláusula pudiera desatar más acciones legales contra los migrantes y las personas que los ayudan.
Su principal funcionaria de defensa, Marta Gionco, dijo que el proyecto de ley “provocaría una mayor criminalización, y más personas enfrentarían juicios, multas y penas de prisión simplemente por ayudar a otras personas”. Algunos migrantes son acusados de tráfico por conducir los botes que los transportan.
La PICUM dice que, el año pasado, al menos 117 personas enfrentaron procesos legales por ayudar a migrantes, mientras que en 2022 la cifra fue de al menos 102 personas. Algunas fueron acusadas por rescatar o ayudar a migrantes que estaban en peligro en el mar, y otras por proporcionar refugio, comida, agua o ropa.
Italia ha emprendido una campaña legal contra las ONG a las que acusa de atraer personas a sus costas utilizando barcos para recorrer el Mediterráneo en busca de botes de migrantes en problemas. En los últimos años, las autoridades italianas han incautado y embargado barcos de ayuda docenas de veces.
Las razones para detenerlos, a menudo durante semanas y en ocasiones durante meses, van desde “favorecer y fomentar la migración ilegal” hasta cargos aparentemente menores como “irregularidades técnicas” de seguridad marítima o “gestión ilegal de residuos”.
Un barco fue retenido por no ignorar las llamadas de socorro de migrantes mientras llevaba a un puerto seguro a otros migrantes que había rescatado; otro, por “llevar demasiados pasajeros” después de un rescate. Un avión de observación de una ONG fue inmovilizado por pasar demasiadas horas en el mar.
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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
