Argentina condena la supuesta detención "arbitraria e injustificada" de un funcionario en Venezuela
BUENOS AIRES (AP) — El gobierno de Argentina expresó el viernes su “más enérgico rechazo” por la presunta detención de un gendarme argentino cuando intentaba ingresar a Venezuela para visitar a su familia, en un episodio que supone una nueva escalada en las tensiones entre los dos países.
La Cancillería y el Ministerio de Seguridad rechazaron en un comunicado conjunto la detención del suboficial Nahuel Agustín Gallo el pasado domingo, de la que no ha habido confirmación oficial por parte del gobierno venezolano.
Según la nota, el funcionario fue retenido por las autoridades venezolanas cuando ingresó al país caribeño desde Colombia —donde actualmente realiza sus funciones— para visitar a su pareja e hijo, quienes viven en Venezuela.
“Pese a la naturaleza estrictamente personal de su visita, fue detenido de manera inmediata, sin motivo legítimo alguno y en abierta violación de sus derechos fundamentales”, expresó el gobierno argentino del ultraderechista Javier Milei
Exigió en el comunicado, además, “de forma categórica e inmediata” la liberación del funcionario y recalcó que “no tolerará” actos contrarios a “los principios esenciales del respeto a la libertad individual y la dignidad humana”.
Argentina advirtió que actuará con toda firmeza en todas las instancias y ante todos los organismos internacionales para exigir la inmediata liberación del suboficial detenido.
Por su parte, el Foro Argentino por la Defensa de la Democracia denunció en sus redes sociales que, a una semana de la detención del funcionario, “no se tiene información oficial sobre su paradero ni sobre su estado”, lo que calificó como una "grave violación a los derechos humanos".
El suceso supone un capítulo más en la crisis diplomática entre Argentina y Venezuela, que se agravó después de que la administración del presidente argentino desconociera los resultados electorales que proclamaron a Nicolás Maduro vencedor de las polémicas elecciones del pasado 28 de julio.
El gobierno venezolano entonces declaró la expulsión de todo personal diplomático argentino, por lo que la embajada de ese país en Caracas pasó a ser custodiada por Brasil, así como los seis opositores del régimen de Maduro que viven en el interior de la residencia argentina desde marzo pasado.
El miércoles Argentina, Canadá, Chile, Costa Rica, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Haití, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Surinam y Uruguay exigieron en una declaración escrita presentada ante la OEA que el gobierno venezolano conceda “de forma inmediata” los salvoconductos para la salida de los asilados del país.
