San Diego establece nuevos límites más estrictos para cooperar con las autoridades de inmigración

SAN DIEGO (AP) — El quinto condado más poblado de Estados Unidos decidió el martes limitar la cooperación con las autoridades federales de inmigración más allá de lo que establece la ley de California, sumándose a otras jurisdicciones en distintos puntos del país que buscan imponer nuevos obstáculos a los planes del virtual presidente electo Donald Trump para llevar a cabo operaciones de deportación a gran escala.

El condado de San Diego prohibirá que su departamento de policía colabore con el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) en la aplicación de las leyes de inmigración, incluidas aquellas que permiten las deportaciones. Por lo general, la ley de California prohíbe la cooperación, pero hace excepciones para aquellas personas que han sido declaradas culpables de cometer ciertos crímenes violentos.

“No permitiremos que nuestros recursos locales sean utilizados para llevar a cabo acciones que separan familias, socavan la confianza de la comunidad o desvían recursos locales que son críticos para abordar nuestros desafíos más apremiantes”, dijo Nora Vargas, quien se sumó a otros dos demócratas en la junta de supervisores del condado para aprobar la política.

Jim Desmond, el único disidente, dijo que la medida protege a personas condenadas por crímenes violentos, y puso como ejemplo el asesinato de Kate Steinle, de 32 años, quien murió baleada en San Francisco en 2015, y otros delitos similares cometidos por personas que se encuentran sin autorización en el país.

“Estas tragedias se pueden prevenir, pero las leyes santuario las facilitan al permitir que criminales ilegales regresen a nuestras comunidades en lugar de a manos del ICE”, dijo el republicano Desmond.

Con 3,3 millones de habitantes y ubicado en la frontera de Estados Unidos con México, el condado de San Diego es uno de los gobiernos locales de mayor importancia que ha tomado la decisión de aumentar las protecciones para las personas que están en el país sin autorización. En contraste, algunos estados y condados han empezado a tomar medidas para apoyar las labores de deportación de Trump.

El ICE cuenta con recursos limitados para llevar a cabo las deportaciones a gran escala que desea Trump. Por lo tanto, dependerá en gran medida de los informes que reciba de los departamentos de policía de condado sobre personas que se encuentran detenidas y, de ser el caso, solicitar que sean retenidas temporalmente para permitir que los agentes federales tengan tiempo para arrestarlas por cargos de inmigración.

Tom Holman, zar fronterizo de Trump, ha destacado en específico a San Diego como un lugar en donde los planes del próximo gobierno enfrentan grandes obstáculos debido a las leyes de “santuario” —un término ambiguo que se aplica a gobiernos estatales y locales que restringen la cooperación con las autoridades federales de inmigración.

El domingo declaró a Fox News Channel que las leyes que niegan el acceso del ICE a las cárceles del condado “ponen en riesgo a la comunidad”. En contraste con San Diego, Homan planea reunirse con el alcalde de la ciudad de Nueva York, Eric Adams, un demócrata que ha expresado interés en colaborar.

Al igual que San Diego, otros siete condados de California han tomado medidas similares. El condado de Los Ángeles, el más grande de la nación, adoptó recientemente una política que va más allá de la ley estatal, dijo Vargas.

Vargas dijo que “un vacío legal” en la ley estatal que les permite a los departamentos de policía colaborar con el ICE en circunstancias limitadas cuando se trata de personas condenadas por crímenes violentos ha dejado como resultado que el condado transfiriera entre 100 y 200 personas al año a las autoridades de inmigración. Ahora, el ICE necesitará una orden de un juez para recibir ayuda del condado.

La jefa de policía del condado de San Diego, Kelly Martinez, cuestionó el uso de este “vacío legal” por parte de Vargas para describir la ley estatal. Si bien no adoptó postura alguna en lo referente a la nueva política del condado, señaló que el gobernador de California, el demócrata Gavin Newsom, ha obstaculizado las labores para restringir aún más la cooperación con ICE.

“Si bien es fundamental proteger los derechos de los inmigrantes indocumentados, es igualmente importante garantizar que no se pase por alto durante el proceso a las víctimas de un delito”, dijo Martinez.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.