Corte Constitucional de Ecuador falla contra empresa japonesa en inédito caso de esclavitud moderna

QUITO (AP) — La Corte Constitucional de Ecuador falló el jueves a favor de las 342 víctimas de trabajar en condiciones de esclavitud, quienes estuvieron sometidas durante medio siglo a condiciones precarias e indignas como la falta de servicios básicos, en los cultivos de la empresa agrícola Furukawa.

La empresa de capital japonés llegó a Ecuador en 1963 y se estableció en la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas para el cultivo, producción y procesamiento del abacá —una planta de la cual se obtiene una resistente fibra que es utilizada en la industria del papel, textil y automotriz.

El dictamen, aprobado por cinco de nueve jueces de la corte, aceptó las acciones de protección que solicitó la parte demandante después de determinar que Furukawa mantuvo hasta 2019 "una práctica análoga a la esclavitud conocida como servidumbre de la gleba”.

Esta forma de esclavitud, explicó el fallo, consistía en “aprovecharse de personas en condiciones de extrema vulnerabilidad para que vivan en campamentos dentro de las haciendas y cosechen abacá en beneficio de Furukawa durante varias generaciones”. Con el fin de dotarle “aparente legalidad”, la empresa suscribía un tipo de contratos de arrendamiento, agregó.

En los campamentos, los trabajadores no tenían luz, agua potable, instalaciones sanitarias básicas ni acceso a servicios de educación y salud, detalló el dictamen. La corte verificó el daño generado a los abacaleros como “afectaciones desproporcionadas” a mujeres, niños, ancianos y personas que sufrieron mutilaciones al cultivar el abacá.

Como medidas de reparación, el máximo organismo constitucional ordenó a la empresa un pago de indemnizaciones para las 342 víctimas por daños materiales, cuantificados en 80.000 dólares por persona, e inmateriales en 40.000, además de un monto adicional de 5.000 dólares por condiciones específicas de las víctimas. La compañía también deberá ofrecer disculpas en un acto público.

El dictamen también determinó la responsabilidad por omisión de al menos 5 instituciones públicas.

El tribunal ordenó otras medidas de reparación, como la elaboración de reformas legales para impedir la “impunidad corporativa”, eliminar prácticas similares a la esclavitud, crear un documental para mantener la memoria de los hechos y declarar un día conmemorativo por las víctimas de Furukawa.

La primera acción en el caso Furukawa se presentó en 2019 y se resolvió dos años más tarde a favor de 123 víctimas, pero el caso eventualmente llegó a la Corte Constitucional, que en 2023 también recibió un segundo pedido de acción de protección a nombre de 216 personas. Otras víctimas se sumaron a la demanda.