Reino Unido consultará sobre metas de venta para automotrices en transición a vehículos eléctricos

LONDRES (AP) — El nuevo gobierno laborista de Gran Bretaña lanzará una consulta sobre los objetivos de ventas de los fabricantes de automóviles durante la transición a los vehículos eléctricos, tras la decisión de Stellantis, propietario de Vauxhall, de cerrar su fábrica de furgones en el sur de Inglaterra, lo cual podría costar 1.100 empleos.

El secretario de Negocios, Jonathan Reynolds, informó a los legisladores el miércoles que los problemas encontrados por Stellantis en la transición a vehículos eléctricos no son únicos, y agregó que el gobierno hará todo lo posible para evitar el cierre de la planta.

Stellantis culpó su decisión del martes de cerrar su planta en Luton a la “estricta” normativa de vehículos de cero emisiones del Reino Unido, (ZEV, por sus siglas en inglés), la cual establece metas estrictas para los fabricantes.

Con una demanda de vehículos eléctricos menor de lo que se anticipaba en muchas partes del mundo, pese a los descuentos ofrecidos, es cada vez más costoso para los fabricantes de automóviles obtener beneficios, especialmente con un crecimiento global lento y tasas de interés relativamente altas.

Otros fabricantes en Europa, incluidos Ford y Volkswagen, anunciaron recientemente planes para cerrar algunas operaciones ante objetivos que les resulta difícil cumplir.

La normativa en el Reino Unido exige que el 22% de la flota a vender de los principales fabricantes de automóviles este año, sean vehículos de cero emisiones —en efecto, puramente eléctricos—, una cifra que deberá aumentar al 28% en 2025 y deberá aumentar aún más en los años siguientes. Si un fabricante no alcanza los objetivos, se le multa con 15.000 libras (19.000 dólares) por cada vehículo que venda que no cumpla con la normativa.

Los objetivos fueron establecidos hace dos años por la administración conservadora anterior, la cual fijó un plazo hasta 2035 para eliminar la venta de nuevos automóviles impulsados por gasolina y diésel.

Reynolds confirmó planes para revisar la normativa ZEV como parte de una consulta sobre el plan del nuevo gobierno laborista para prohibir la venta de nuevos automóviles “puramente de gasolina y diésel” para 2030.

“Los fabricantes de automóviles de todo el mundo están luchando con el aumento de los costos, problemas en la cadena de suministro y cambios en la demanda de los consumidores en un mercado altamente competitivo y de rápida evolución”, dijo.

En su manifiesto para el gobierno antes de las elecciones del 4 de julio, el Partido Laborista prometió una “fecha de eliminación gradual que culminaría en 2030 para los nuevos automóviles con motores de combustión interna”. Esto causó ansiedad en la industria sobre el futuro de los híbridos, los cuales utilizan baterías eléctricas junto con energía de gasolina o diésel.

“Próximamente aceleraremos una consulta sobre el compromiso que hicimos en nuestro plan de gobierno de ponerle fin a la venta de automóviles nuevos impulsados únicamente con gasolina y diésel para el 2030”, dijo Reynolds. “Pero utilizaremos esa consulta para interactuar con la industria sobre la normativa de transición ZEV del gobierno anterior y las flexibilidades que contempla”.

Su uso de la palabra “únicamente” ha sido interpretado como una insinuación de que los vehículos híbridos aún podrán venderse después de 2030.

La Sociedad de Fabricantes y Comerciantes de Vehículos, la asociación gremial automotriz del Reino Unido, insistió en que sus integrantes siguen “comprometidos con la creación de un sector de transporte vehicular descarbonizado” pero que la normativa ZEV costará a los fabricantes de automóviles alrededor de 6.000 millones de libras (7.500 millones de dólares) solo este año.

“Necesitamos una revisión urgente del mercado automotriz y la regulación destinada a impulsarlo”, dijo el director ejecutivo del grupo, Mike Hawes. “No porque queramos diluir ningún compromiso, sino porque la entrega importa más que los objetivos nocionales”.

En lugar de cambiar las reglas actuales, los ambientalistas afirman que el gobierno debería hacer que los vehículos eléctricos sean más atractivos, lo cual potencialmente les otorgaría ventajas fiscales a los nuevos propietarios o reduciría el costo de la carga en la calle mediante subsidios.

“Cambiar y modificar políticas afecta la demanda de los consumidores y socava la confianza de los inversionistas”, dijo Nick Davies, jefe de política climática en la Green Alliance, un centro de estudios con sede en Londres.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de la AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.