Una política de inmigración usada por décadas en EE.UU. podría desaparecer ahora con Trump
MIAMI (AP) — Cuba atraviesa uno de sus peores momentos desde la revolución de 1959, con una escasez que ha alentado una emigración récord y protestas. Las pandillas controlan las calles de la capital de Haití, disparan contra los aviones comerciales y provocan retrasos en las elecciones para reemplazar al presidente asesinado Jovenel Moïse.
El presidente de Nicaragua ha encarcelado a manifestantes, miembros de la oposición y líderes religiosos. En Venezuela, una carencia de insumos básicos y una de las tasas de inflación más elevadas del mundo han expulsado a casi 8 millones de los 28 millones de habitantes.
Medio millón de personas con privaciones y dificultades en Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela fueron recibidas legalmente por el presidente Joe Biden en Estados Unidos a través de un programa sustentado en el “parole humanitario”. Se trata de una herramienta utilizada durante más de siete décadas tanto por demócratas como por republicanos para permitir la llegada de personas que no pueden arribar a través de otras vías de inmigración debido a urgencias de tiempo o a problemas en las relaciones de los gobiernos de sus países con Estados Unidos.
El presidente electo Donald Trump parece ahora encaminado a desmantelar esa política y ha expresado en su campaña que va a terminar con el “abuso escandaloso del parole”.
Trump hizo de la retórica anti-inmigrante una parte clave de su campaña para volver a la presidencia y advirtió que expulsará a cientos de miles de inmigrantes que han ingresado a través de programas creados por la administración de Biden.
“Prepárense para irse porque van a salir muy rápido”, dijo Trump refiriéndose a más de un millón de personas que han llegado con “parole”, un permiso legal temporal humanitario de permanencia.
Un grupo gigante de personas amparadas bajo la administración de Biden con un estatus legal temporal frágil podrían perder esas protecciones de un plumazo. Esos programas incluyen las políticas de permiso de permanencia humanitario, el respaldo al programa de acción diferida DACA para los menores que llegaron ilegalmente al país con sus padres hace años; el permiso legal de ingreso temporal para cerca de un millón de personas —incluidas las que entraron tras obtener citas fronterizas a través de una aplicación denominada CBO One— y un extensivo uso del estatus de protección temporal para frenar deportaciones, conocido como TPS.
Estados Unidos tiene un conjunto de leyes de inmigración complicadas que llevan a muchas personas a ingresar al país de manera ilegal, pero este permiso condicional permite que el presidente autorice el ingreso de personas “por razones humanitarias urgentes o por un beneficio público significativo”. Desde 1952 ha sido ordenado 126 veces por todos los presidentes con excepción de Trump, de acuerdo con el Cato Institute, un centro de investigaciones de Washington que está en favor de la inmigración.
El gobierno de Trump podría revolcar ese permiso para todos aquellos que lo tienen, dijo Aaron Reichlin-Melnick, un experto del American Immigration Council.
“El miedo lo tenemos todos los inmigrantes”, dijo Manuel Castaño, un activista de derechos humanos nicaragüense de 39 años cuyo permiso de permanencia vence en marzo de 2025.
Castaño, que trabaja en el mantenimiento de edificios en el sur de Florida, solicitó el permiso en febrero de 2023 después de que su tío se ofreciera como patrocinador, un requerimiento de la ley. Menos de un mes después llegó a Miami con su esposa y su hija de 13 años.
Asegura que en su país fue amenazado y temía por su vida y la de su familia. En Estados Unidos ha pedido asilo, pero el proceso lleva años.
"Regresar a Nicaragua para nosotros no es una opción, lamentablemente”, dijo.
Más de un millón de personas han ingresado a Estados Unidos con el permiso de permanencia temporal durante el gobierno de Biden, incluyendo decenas de miles de afganos y ucranianos.
Biden inició el programa primero para los venezolanos, en octubre de 2022, y lo expandió a comienzos de 2023 para incluir también a cubanos, haitianos y nicaragüenses. Se trata de países que se niegan a recibir a gran parte de sus ciudadanos deportados desde Estados Unidos.
Bajo un apartado de esta política conocido como CHNV (por las iniciales de los países de origen de las personas a las que ampara), cada mes son aceptadas para ingresar a Estados Unidos hasta un máximo de 30.000 personas de estos cuatro países. El objetivo de Biden fue crear vías legales para su llegada y disuadirlas de que crucen ilegalmente la frontera con México. Al llegar pueden solicitar permiso de trabajo por dos años.
Más de 110.240 cubanos, 211.010 haitianos, 93.070 nicaragüenses y 117.310 venezolanos obtuvieron el permiso temporal de ingreso al país hasta finales de octubre, de acuerdo con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados, conocida como CBP por sus iniciales en inglés.
Se espera que el equipo encargado de rediseñar las políticas de Trump incluya como “zar de la frontera” a Tom Homan, su exdirector interino del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés); Stephen Miller, uno de sus allegados con posiciones de mano dura en materia de inmigración que ocuparía el puesto de subjefe de políticas de gabinete, y la gobernadora de Dakota del Sur Kristi Noem como titular del Departamento de Seguridad Nacional, o DHS. Todos ellos han criticado abiertamente las políticas de inmigración de Biden.
Kyle Varner, un médico e inversionista de bienes raíces de 39 años de Spokane, en el estado de Washington, dice que ha gastado unos 150.000 dólares en pasajes de avión, alojamiento, trámites y otros costos que ha pagado para ayudar a 47 venezolanos que llegaron en los últimos dos años bajo su patrocinio. Ahora está desesperado, ahorrando a más no poder para pagar abogados de inmigración que puedan encontrarles una forma de quedarse legalmente en el país después que Trump asuma la presidencia.
“Estoy muy alarmado”, dijo Varner.
Cualquier política nueva que termine con los programas de permisos temporales humanitarios de ingreso a Estados Unidos por dos años se encontrará con desafíos en las cortes. Pero el gobierno de Trump podría poner una pausa a la entrada de nuevas personas y esperar a que expiren los permisos que ya tienen las personas que han ingresado anteriormente bajo esos programas durante la presidencia de Biden, explicó Reichlin-Melnick.
Otra posibilidad, dijo Charles Kuck, expresidente de la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración (conocida como AILA por su nombre en inglés) es que al gobierno de Trump le resultaría muy fácil deportar a sus países a las personas que han llegado amparadas en estos programas de “parole” porque ya existe información oficial sobre ellos y sus patrocinadores en los registros públicos.
“Esas son las personas que resultaría más fácil de encontrar porque el gobierno sabe dónde viven”, manifestó Kuck.
La venezolana Ireswa López ya está pensando en irse de Estados Unidos antes de que caduque su permiso temporal en marzo de 2025.
Antes de llegar López estaba pasando momentos difíciles en su natal Venezuela, donde trabajaba como cajera en una carnicería de la familia. Hacía tiempo que la contadora quería probar suerte en Estados Unidos con la idea de ahorrar y tener una mejor calidad de vida. Cuando supo que había un programa que le permitiría llegar legalmente no dudó y con el patrocinio de un primo tomó un avión y en enero de 2023 llegó a Miami.
Después de haber pasado por varias ciudades se afincó en Atlanta, donde ha trabajado limpiando, cocinando y cuidando niños en una guardería. Ahora, sin embargo, está lista para empacar.
“Yo me voy”, dijo López, de 48 años. “Quedarme ilegalmente no está en mis planes”.
