El Congreso mexicano debate polémica reforma que elimina siete órganos autónomos

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — El Congreso mexicano avanzó el miércoles la discusión de una controversial reforma constitucional que contempla la desaparición de siete organismos autónomos, los cuales han garantizado en las últimas dos décadas el derecho a la información, han aportado datos sobre la pobreza y la educación, y han prevenido la corrupción en diversos sectores.

Aunque las funciones que cumplían esas entidades serán transferidas a otras dependencias oficiales, la reforma ha generado preocupación entre especialistas, activistas y relatoras especiales de Naciones Unidas, que advierten que la desaparición de los siete organismos — que operan de manera independiente de los poderes públicos— debilitará la democracia y limitará las acciones para combatir la corrupción, vigilar la competencia y el diseño de políticas públicas.

La iniciativa fue avalada en general por la Cámara de Diputados con 347 votos a favor y 128 en contra, y será debatida nuevamente el jueves en otra sesión, en la que se discutirán las reservas que hicieron congresistas oficialistas y opositores al dictamen. Sin embargo, se prevé que será aprobada en lo particular sin problemas, ya que el partido gobernante Morena tiene el control del Congreso. Posteriormente la reforma pasará al Senado para su aprobación final.

El proyecto de reforma, que forma parte de un paquete de leyes que impulsó el expresidente Andrés Manuel López Obrador siete meses antes de dejar el gobierno, contempla la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), la Comisión Nacional de Mejora Continua de la Educación (Mejoredu), la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Comisión Nacional Hidrocarburos (CNH).

Desde el oficialismo se ha restado importancia a las críticas contra la desaparición de los siete órganos autónomos, bajo el argumento de que lo que se busca es acabar con la “duplicidad de funciones”, evitar “gastos innecesarios” y permitir un uso más racional de los recursos públicos.

En ese sentido, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo el miércoles en su conferencia matutina que se garantizará la “independencia técnica” de las nuevas dependencias que surjan a partir de la reforma, y afirmó que lo que se aspira es que “haya ciudadanos ahí que puedan estar también revisando, y que se haga de manera transparente y con criterios técnicos la asignación de algún permiso”.

Sheinbaum indicó que se creará un área especial para garantizar la función antimonopólica, que actualmente está en manos de la Cofece, y que las funciones del INAI pasarán a un área especial de la nueva Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno que creó en octubre, al comenzar su sexenio.

“Se mantienen los criterios que formalmente constituyeron al INAI, sin necesidad pues de estos grandes organismos, grandes gastos, viajes al extranjero, bla, bla, bla, que no lo necesita el país”, sostuvo la mandataria.

La eliminación de estos organismos fue un viejo anhelo de López Obrador (2018-2024), quien los atacó reiteradas veces, asegurando que “no sirven para nada” y que fueron creados por los gobiernos anteriores porque “necesitaban ese andamiaje administrativo para defender sus intereses”.

Pero algunas instancias de la ONU, agrupaciones empresariales locales, especialistas y activistas tienen una postura diferente.

En agosto, relatores especiales de la ONU sobre el derecho a la privacidad y la promoción, y la protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión, enviaron una carta al gobierno mexicano en la que manifestaron su inquietud por la supresión del INAI y reconocieron que esa acción “podría debilitar la rendición de cuentas”.

En la misiva pidieron reconsiderar la medida y explorar mecanismos alternativos para garantizar la transparencia, el acceso a la información y la privacidad ciudadana en México.

Asimismo, el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) expresó en un comunicado que, aunque en teoría se preservarán las tareas que cumplían los siete organismos autónomos, trasladándolas a otras dependencias, “es necesario que la nueva estructura administrativa garantice la autonomía de las decisiones” y que sean “independientes de la agenda e intereses del Poder Ejecutivo”.

El centro de investigación planteó que generar y retener talento e inversiones no es posible “sin una estructura institucional que procure la certeza jurídica y garantice la imparcialidad de las decisiones de vigilancia y regulación del gobierno”.