Una sala de apelaciones ordena volver a encarcelar al periodista guatemalteco José Rubén Zamora

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Una sala de apelaciones ordena volver a encarcelar al periodista guatemalteco José Rubén Zamora
El periodista guatemalteco José Rubén Zamora, fundador del medio El Periódico y encarcelado más de dos años por lavado de activos, habla con periodistas antes de entrar a la sala de audiencias para pedir su liberación y cumplir su detención en arresto domiciliario mientras dura el proceso judicial en su contra, el viernes 18 de octubre de 2024, en Ciudad de Guatemala. (AP Foto/Moisés Castillo)

CIUDAD DE GUATEMALA (AP) — Una sala de apelaciones en Guatemala anuló la orden de libertad de la que goza el periodista José Rubén Zamora y ordenó que vuelva a prisión como solicitó la fiscalía, cuando aún no se cumple un mes de que fuera excarcelado tras más de 800 días en prisión sin condena.

José Zamora, hijo del periodista reconocido por sus publicaciones sobre corrupción, confirmó el fallo judicial y dijo que ya había sido notificado a la defensa de su padre, catalogándolo como “una locura”.

El pasado 18 de octubre, un juez otorgó libertad a Zamora, con arresto domiciliario, para que pudiera enfrentar los procesos judiciales en su contra en libertad. El juez Erick García dijo que el encarcelamiento de Zamora “había excedido los límites establecidos en la ley”.

Un día después salió de la cárcel luego de más de dos años preso.

La sala de apelaciones que ordena ahora su reingreso a prisión fue nombrada recientemente y tiene solo un mes de estar en el cargo.

La defensa del periodista presentó la tarde del viernes un amparo ante una corte superior para solicitar dejar sin vigencia el fallo, al considerar que violenta los derechos constitucionales del periodista como la presunción de inocencia.

Tras su libertad, Zamora había dicho que “las mafias mantenían cooptado el sistema de justicia” y que estaba seguro de que la fiscalía buscaría los medios para volver a meterlo preso.

En agosto de este año, un tribunal ordenó la libertad de Zamora, condenado a seis años de prisión en un primer caso por acusaciones de la fiscalía por lavado de dinero. Pero el fallo fue revertido por fallas en el debido proceso.

Pese a la decisión judicial de permitir que espere su nuevo juicio en libertad, el periodista no pudo salir de prisión entonces porque tenía una segunda orden de detención por otro proceso. La fiscalía lo acusa de presuntamente haber mentido en el primer caso y falsificar su firma en boletas migratorias cuando salía del país.

El fallo de la Corte dice que debe cumplirse en 48 horas al ser notificada.

El presidente Bernardo Arévalo, que visitó a Zamora en su casa días después de su excarcelación, fue uno de los primeros en reaccionar ante el fallo de la sala de apelaciones y dijo en un mensaje de la red social X, antes Twitter, que “nuevamente buscan que José Rubén Zamora vuelva a prisión de forma completamente abusiva y arbitraria. Está a prueba nuestro sistema judicial y el pueblo de Guatemala ha sido claro en demandar respeto al ejercicio periodístico”.

“Cualquier resolución que atente contra la libertad de expresión es ilegítima. Desde el Gobierno de Guatemala, tomaremos todas las medidas que defiendan la libertad de expresión”, señaló el presidente.

La organización Reporteros Sin Fronteras dijo en un mensaje a periodistas que están alarmados ante la decisión judicial. “Se trata de una medida indignante que pone de relieve la continua corrupción del poder judicial guatemalteco. La necesidad de la liberación total e incondicional de Zamora nunca ha sido más urgente", dijo Rebecca Vincent, directora de campañas.

La organización también hizo un llamado a Arévalo para que "haga todo lo que esté a su alcance para garantizar la plena libertad de Zamora y para garantizar su protección ahora como una prioridad urgente”.

La Unión Europea en un mensaje de la red social X se solidarizó con el periodista y dijo que llamaban a respetar sus derechos.

Zamora ha mantenido disputas con gobiernos anteriores de Guatemala por sus investigaciones y denunció que la fiscalía, a cargo de la fiscal general Consuelo Porras, lo criminaliza por su labor periodística.

Porras ha sido sancionada por el gobierno estadounidense dos veces señalada de obstaculizar la lucha anticorrupción y socavar la democracia del país centroamericano.

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