Condenan a 22 años de cárcel a exparlamentario que se adueñó de sueldos de sus colaboradores

LIMA (AP) — La Corte Suprema de Perú ratificó el viernes una condena de 22 años de cárcel contra un exlegislador quien, en complicidad con su esposa, se adueñaba de forma sistemática e ilegal de parte del sueldo de los colaboradores de su despacho y amenazaba con despedirlos si no accedían a sus exigencias.

Es la primera sentencia por enriquecimiento ilícito y corrupción que recae sobre un exlegislador — aunque hay 13 legisladores de diversos grupos políticos denunciados por recurrir a la misma modalidad delictiva de apoderarse de parte del sueldo de sus trabajadores. Estos legisladores son conocidos en la prensa local como “los mochasueldos”.

El juez Iván Sequeiros ordenó el internamiento en una cárcel del excongresista conservador Michael Urtecho, del partido Solidaridad Nacional, por considerar que su comportamiento, además de delictivo, es detestable porque “proviene de quien en su calidad de alto funcionario debe dar el ejemplo de un comportamiento dentro de la ley”.

La esposa del legislador recibió 28 años de cárcel, por los delitos de concusión, apropiación ilícita, peculado y lavado de activos.

En referencia a denuncias actuales contra legisladores, el magistrado indicó que “al parecer se habrían institucionalizado dichos comportamientos por parte de algunos malos representantes del Congreso, quienes, en vez de esforzarse por realizar un trabajo en beneficio de los electores, solo buscan un beneficio personal de manera totalmente deplorable reclamando parte de la remuneración de los trabajadores a cambio de darles un puesto de trabajo”.

Según la fiscalía, Michael Urtecho, quien logró reelegirse en el mandato de legislador, obligó a siete de sus extrabajadores a entregarle parte de su sueldo entre los años 2006-2011 y 2011-2013. Las denuncias hechas por sus excolaboradores lograron que sea condenado más de una década después.

El exlegislador, un ingeniero químico que usa una silla de ruedas para movilizarse, y fue considerado un ejemplo para las personas con discapacidad motora, también fue denunciado durante su gestión parlamentaria por no dar cuenta de la entrega de 621 sillas de ruedas para discapacitados que recibió mientras presidía una comisión especial de discapacidad.

El parlamento peruano es la institución pública más desprestigiada del país, con 88% de desaprobación, según una encuesta nacional de octubre de la firma Ipsos Perú.