Trump dice que gobierno de Biden permite entrada de inmigrantes delincuentes. Cifras dicen otra cosa
WASHINGTON (AP) — Los republicanos señalan datos de control de inmigración publicados recientemente para reforzar su argumento de que el gobierno del presidente Joe Biden deja libres en Estados Unidos a inmigrantes que han cometido delitos graves. Pero las cifras se han malinterpretado sin un contexto clave.
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) entregó datos al representante republicano Tony Gonzales en respuesta a una solicitud que hizo para obtener información sobre las personas bajo supervisión del ICE que fueron condenadas por delitos o enfrentan cargos penales. El distrito de Gonzales en Texas incluye un tramo de 1.280 kilómetros (800 millas) que limita con México.
Gonzales publicó las cifras en línea y de inmediato se convirtieron en un punto de conflicto en la campaña presidencial entre el expresidente Donald Trump, quien ha prometido llevar a cabo deportaciones masivas, y la vicepresidenta Kamala Harris. La inmigración —y el historial del gobierno de Biden en materia de seguridad fronteriza— se ha convertido en un tema clave en las elecciones.
A continuación, un vistazo a los datos y lo que muestran o no:
Hasta el 21 de julio, el ICE dijo que 662.556 personas bajo su supervisión fueron condenadas por delitos o enfrentan cargos penales. Casi 15.000 estaban bajo su custodia, pero la gran mayoría —647.572— no lo estaban.
Entre las cifras de personas no detenidas por el ICE se incluyen personas declaradas culpables de delitos muy graves: 13.099 por homicidio, 15.811 por agresión sexual, 13.423 por delitos relacionados con armas y 2.663 por robo de vehículos. La categoría más numerosa fue la de delitos contra la seguridad vial, con 77.074, seguida de la agresión, con 62.231, y la de drogas peligrosas, con 56.533.
El Departamento de Seguridad Nacional, que supervisa al ICE, aclaró más tarde algo muy importante: que las cifras abarcan décadas, y que quienes no están bajo su custodia pueden estar detenidos por una agencia estatal o local. Por ejemplo, alguien que cumple condena en una prisión estatal por asesinato podría ser contado como delincuente que no está bajo la custodia del ICE. No está detenido por las autoridades federales de inmigración, pero sí está detenido, una distinción que el ICE no hizo en su informe a Gonzales.
Millones de personas están en la “lista de no detenidos” del ICE, es decir, personas bajo la supervisión de la agencia que no están bajo su custodia. Muchos están en espera de las resoluciones de sus casos en el tribunal de inmigración, incluidos algunos que llevan dispositivos de monitoreo. Otros han sido liberados después de completar sus sentencias de prisión porque sus países no los aceptan de regreso.
Los republicanos señalan los datos como prueba de que el gobierno de Biden permite que inmigrantes con antecedentes penales ingresen al país y no hace lo suficiente para expulsar a quienes cometen delitos mientras están aquí.
“La verdad es clara: inmigrantes ilegales con antecedentes penales están llegando a nuestro país. Los datos publicados por el ICE son más que inquietantes y deberían ser una llamada de atención para el gobierno Biden-Harris y las ciudades de todo el país que se esconden detrás de políticas de santuario”, dijo Gonzales en un comunicado de prensa, al referirse a las promesas de los funcionarios locales de limitar su cooperación con las autoridades federales de inmigración.
Trump, quien ha retratado repetidamente a los inmigrantes como personas que traen la anarquía y el crimen a Estados Unidos, tuiteó varias capturas de pantalla de los datos con las palabras: “13.000 CRUZARON LA FRONTERA CON CONVICCIONES POR ASESINATO”.
También afirmó que las cifras corresponden al tiempo de Biden y Harris en el cargo.
Los datos fueron malinterpretados, dijo Seguridad Nacional en un comunicado el domingo.
“Los datos se remontan a décadas; incluyen a individuos que ingresaron al país durante los últimos 40 años o más, la gran mayoría de cuya determinación de custodia se hizo mucho antes de este gobierno”, escribió la agencia. “También incluye a muchos que están bajo la jurisdicción o actualmente encarcelados por socios de las fuerzas del orden federales, estatales o locales”.
El departamento también destacó lo que ha hecho para deportar a quienes no tienen derecho a permanecer en Estados Unidos, y dijo que había expulsado o regresado a más de 700.000 personas en el último año, lo que afirmó fue la cifra más alta desde 2010. El Departamento de Seguridad Nacional dijo que había expulsado a 180.000 personas con condenas penales desde que el presidente Joe Biden asumió el cargo.
Los datos no solo enumeran a las personas que ingresaron al país durante el gobierno de Biden, sino que incluyen a personas que llegaron hace décadas durante gobiernos anteriores, explicó Doris Meissner, excomisionada del Servicio de Inmigración y Naturalización, que fue el predecesor del ICE.
Se les acusa o condena por cometer delitos en Estados Unidos en lugar de cometer delitos en otros países y luego ingresar a Estados Unidos, agregó Meissner, quien es ahora directora del Immigration Policy Program (Programa de Política de Inmigración) de Estados Unidos en el Migration Policy Institute (Instituto de Política Migratoria), un grupo no partidista de expertos en temas, investigación y análisis sobre migración.
“Esto no es algo que sea una función de lo que hizo el gobierno de Biden”, dijo. “Ciertamente, esto incluye los años de Biden, pero es una acumulación de muchos años, y ciertamente se remonta al menos a 2010, 2011, 2012”.
Un informe de 2017 de la Oficina del Inspector General de Seguridad Nacional dice que, hasta agosto de 2016, ICE tenía alrededor de 368.574 delincuentes convictos en su lista de no detenidos. En junio de 2021, esa cifra había aumentado a 405.786.
El ICE tiene recursos limitados. La cantidad de personas que supervisa se ha disparado, mientras que su personal no lo ha hecho. Como señaló la agencia en un informe de fin de año de 2023, con frecuencia debe enviar personal para ayudar en la frontera, lo que los aleja de sus tareas normales.
El número de personas que supervisa el ICE, pero que no están bajo su custodia, ha crecido de 3,3 millones poco antes de que Biden asumiera el cargo a un poco más de 7 millones la primavera pasada.
“La respuesta simple es que, como sistema, no hemos dedicado suficientes recursos a las partes del gobierno que se ocupan de monitorear y, en última instancia, de remover a las personas que son deportables”, dijo Meissner.
El ICE también tiene límites logísticos y legales sobre a quién puede detener. Su presupuesto permite a la agencia detener a 41.500 personas a la vez. John Sandweg, quien fue director interino del ICE de 2013 a 2014 bajo el entonces presidente Barack Obama, dijo que detener a las personas acusadas o condenadas por los delitos más graves es siempre la máxima prioridad.
Pero una vez que alguien tiene una orden final de expulsión —lo que significa que un tribunal ha determinado que no tiene derecho a permanecer en Estados Unidos—, no puede permanecer detenido para siempre mientras el ICE resuelve cómo mandarlo a su país. Un fallo de la Corte Suprema de 2001 básicamente impidió que el ICE detuviera a esas personas durante más de seis meses si no hay una posibilidad razonable de que sean devueltas.
Y no todos los países están dispuestos a recibir de regreso a sus ciudadanos, reportó Sandweg.
Dijo que sospecha que una gran cantidad de los condenados por homicidio que no están detenidos por el ICE son personas a quienes se ordenó que fueran deportadas, pero la agencia no puede expulsarlas porque su país de origen no las acepta de vuelta.
“Es un escenario muy común. Incluso los países que aceptan de regreso a las personas pueden ser muy selectivos sobre a quién aceptan de vuelta”, agregó.
Estados Unidos también podría encontrarse con problemas para deportar a personas a países con los que tiene relaciones tibias.
El Departamento de Seguridad Nacional no respondió a las preguntas sobre cuántos países no aceptan de regreso a sus ciudadanos. El informe de vigilancia de 2017 situó la cifra en 23 países, más otros 62 que cooperaron, pero donde hubo retrasos para obtener cosas como pasaportes o documentos de viaje.
