El papa expulsa a 10 miembros del movimiento Sodalicio en Perú por abusos "sádicos"
CIUDAD DEL VATICANO (AP) — El papa Francisco tomó la inusual decisión de expulsar a 10 personas –un obispo, curas y laicos– de un polémico movimiento religioso en Perú luego que una investigación del Vaticano descubrió abusos “sádicos” de poder, autoridad y espiritualidad.
La medida contra la cúpula del Sodalicio de Vida Cristiana surgió luego que el papa decidió el mes pasado expulsar al fundador del grupo, Luis Figari, después que se descubrió que sodomizó a sus seguidores.
La decisión fue anunciada por la Conferencia Episcopal Peruana, que colocó un comunicado de la nunciatura vaticana en su sitio de internet y atribuyó las expulsiones a una decisión “especial” de Francisco.
La declaración fue sorprendente porque enumeró los abusos descubiertos por la investigación del Vaticano que rara vez son castigados canónicamente –como el hackeo de las comunicaciones de alguien–, y citó a las personas que el papa hizo responsables.
Según el comunicado, los investigadores del Vaticano descubrieron abusos físicos “incluso con sadismo y violencia”, abusos de conciencia sectarios, espirituales, de autoridad y económicos en la administración del dinero de la Iglesia y el “abuso en el ejercicio del apostolado del periodismo”.
Este último presuntamente estaba dirigido a una periodista vinculada al Sodalicio que ha atacado a los críticos del movimiento en las redes sociales.
Figari fundó el movimiento en 1971 como una comunidad laica para reclutar “soldados de Dios”, una de varias sociedades católicas nacidas como una reacción conservadora al movimiento de teología de la liberación de tendencia izquierdista que se extendió por América Latina desde la década de 1960. En su apogeo, el grupo contaba con unos 20.000 miembros en Sudamérica y Estados Unidos. Tuvo una enorme influencia en Perú.
Las víctimas de los abusos de Figari se quejaron ante la arquidiócesis de Lima en 2011, aunque otras denuncias en su contra datan del año 2000. Pero ni la Iglesia local ni la Santa Sede tomaron medidas concretas hasta que una de las víctimas, Pedro Salinas, escribió un libro junto con la periodista Paola Ugaz en el que detallaba las retorcidas prácticas del Sodalicio en 2015, titulado “Mitad monjes, mitad soldados”.
Una investigación externa ordenada por el Sodalicio determinó que Figari era “un hombre narcisista, paranoico, degradante, vulgar, vengativo, manipulador, racista, sexista, elitista y obsesionado con temas sexuales y con la orientación sexual de los miembros del SCV”.
La investigación, publicada en 2017, descubrió que Figari sodomizaba a sus reclutas y los obligaba a acariciarlo a él y a acariciarse entre sí. Le gustaba verlos “experimentar dolor, incomodidad y miedo”, y los humillaba frente a los demás para mejorar su control sobre ellos, según el informe.
Aun así, la Santa Sede se negó a expulsar a Figari del movimiento en 2017 y se limitó a ordenarle que viviera apartado de la comunidad del Sodalicio en Roma y cesara todo contacto con ella. Parecía que el Vaticano no sabía qué hacer bajo el derecho canónico, el cual no previó castigos para los fundadores de comunidades religiosas que no eran sacerdotes. Esto causó la indignación de las víctimas.
La investigación fue llevada a cabo por los principales investigadores de delitos sexuales del Vaticano, el arzobispo de Malta, Charles Scicluna, y monseñor Jordi Bertomeu, del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, quienes viajaron a Lima el año pasado para tomar testimonio de las víctimas.
Pero según los hallazgos de la más reciente investigación del Vaticano, los abusos fueron más allá de Figari, e incluyeron el acoso y la intervención de las comunicaciones de sus víctimas, al tiempo que encubrían los delitos cometidos como parte de sus deberes oficiales.
La persona de más alto rango en ser expulsada es el arzobispo José Antonio Eguren, a quien Francisco obligó a renunciar como obispo de Piura en abril por su historial, después de que demandó a Salinas y Ugaz por sus reportajes.
Además de los abusos de Figari, los informes de Salinas y Ugaz sacaron a la luz el presunto desalojo forzoso de campesinos en tierras de la diócesis de Eguren por parte de un promotor inmobiliario vinculado al Sodalicio.
Ugaz recibió con beneplácito la decisión de expulsar a las 10 personas y dijo que la mención del hackeo del Sodalicio se refería a ella: detalló que intervinieron sus comunicaciones en 2023 después de que informó sobre las participaciones en el extranjero del Sodalicio y otros tratos financieros, y cree que el grupo trataba de averiguar sus fuentes.
“Es una demostración que en el Perú, los sobrevivientes nunca hubieran encontrado justicia y reparación (sin Bertomeo y Scicluna) porque el Sodalicio es una organización con mucho poder político, social y económico”, dijo en comentarios a The Associated Press.
Por su parte, Pedro Salinas reiteró que el grupo debería disolverse por completo y que algunas figuras clave no estaban incluidas en la lista. “Es una muy buena noticia en 24 años de impunidad”, dijo en un mensaje a la AP. “Es de esperar que esta noticia histórica y memorable es solo la primera de otras, quizás más impactantes que la que hemos conocido hoy”.
La publicación de información tan detallada por el Vaticano fue muy inusual para una institución que es más conocida por el secreto, la opacidad y la vista gorda incluso ante crímenes eclesiásticos obvios.
No está claro cómo se aplicarán las expulsiones o qué significarán en términos prácticos, especialmente para los laicos involucrados. Pero como mínimo, el anuncio público sugeriría que al menos para este grupo en particular, Francisco está dispuesto a adoptar un enfoque poco ortodoxo para interpretar las leyes internas de la iglesia con el fin de enviar un mensaje.
“Para adoptar tal decisión disciplinar se ha considerado el escándalo producido por el número y la gravedad de los abusos denunciados por las víctimas, particularmente contrarios a la vivencia equilibrada y liberadora de los consejos evangélicos”, afirma el comunicado de la embajada del Vaticano al explicar la lógica de los castigos.
En el comunicado, el Vaticano dijo que el papa Francisco y los obispos peruanos, “entristecidos por lo ocurrido, piden perdón a las víctimas” y ruegan “que se inicie un camino de justicia y reparación”.
El Sodalicio no respondió a un pedido de comentarios hecho por la AP en Lima, pero la Arquidiócesis de la ciudad estadounidense de Denver, en Colorado, donde el Sodalicio tiene presencia por más de 20 años, difundió una declaración en su sitio de internet, en la que afirma estar “conmocionada y entristecida por la noticia de las expulsiones”.
“Esta noticia es inconsistente con nuestra larga experiencia de los hombres que han servido en la Arquidiócesis de Denver”, añadió en referencia a Daniel Cardó, uno de los expulsados. Según la declaración, Cardó “ha servido noble y fielmente en Colorado durante 17 años” y “no ha enfrentado una sola acción disciplinaria en su contra. Es querido por sus feligreses y muy respetado en la comunidad”.
La noticia de las expulsiones en Perú, donde 76% son católicos según datos oficiales de 2023, no recibieron comentarios de las autoridades del gobierno ni de la mayoría de legisladores. Los medios locales reportaron la noticia, pero no como la más importante de la jornada.
Hace tres semanas la fiscalía peruana archivó una investigación abierta en 2016 por los delitos de secuestro, lesiones mentales graves y asociación ilícita en contra de seis integrantes del Sodalicio, incluido Luis Figari y otros dos expulsados por el Papa, porque, según la resolución fiscal a la que tuvo acceso la AP, los delitos habían prescrito.
Hay otra investigación fiscal que inició en agosto de 2023 y sigue abierta por presuntos delitos de lavado de activos contra dos integrantes del Sodalicio y un tercero que es familiar de un miembro importante de la organización católica. La fiscalía presume que usan empresas de fachada en Islas Vírgenes y Panamá para ocultar ingresos del sector minero, lo cual es negado por el Sodalicio.
Las finanzas del Sodalicio se extienden en varios continentes en negocios que incluyen agroexportadoras, universidades, colegios, cementerios y constructoras.
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El periodista de la AP Franklin Briceño, contribuyó con este despacho desde Lima, Perú.