AP Explica: qué se sabe y qué no de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en México
CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Todos los países tienen crímenes que les marcan. En el México contemporáneo, el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos en el sur del país en 2014 es uno de ellos.
Su investigación ha sido un cúmulo de irregularidades y manipulaciones, donde la verdad ha ido apareciendo a cuentagotas gracias al escrutinio internacional que han tenido los dos gobiernos que han indagado el caso.
Diez años después se conocen más detalles del ataque y de su encubrimiento, pero todavía no está claro cuál fue el destino de los alumnos de magisterio de la Normal Rural de Ayotzinapa. Las autoridades consideran que fueron asesinados, pero solo se han encontrado fragmentos óseos de tres de ellos.
Las familias aseguran que falta voluntad política para llegar a la verdad porque si el gobierno actual consideró el caso como un “crimen de Estado”, el Estado debe saber qué pasó, por qué y quién oculta información.
En un país con más de 115.000 desaparecidos, este caso sigue recabando atención por el impacto nacional e internacional que tuvo que las víctimas fueran estudiantes y porque en él confluyeron la violencia de los cárteles, su complicidad con autoridades y fuerzas de seguridad de todos los niveles y la impunidad con la que actuaron los involucrados.
Según un reciente informe oficial, es un ejemplo de cómo se repiten estrategias de abusos y la guerra sucia que se dieron en México en la segunda mitad del siglo XX.
Los estudiantes fueron atacados por fuerzas de seguridad vinculadas a un cártel local —Guerreros Unidos— en la ciudad de Iguala, en el estado del sur mexicano de Guerrero, cuando tomaban autobuses para ir a una protesta.
En la administración de Enrique Peña Nieto (2012-2014), las autoridades dijeron que los jóvenes querían boicotear un evento del alcalde —actualmente encarcelado y vinculado a Guerreros Unidos— y que fueron confundidos por el cártel local como miembros de otro grupo criminal.
Ese gobierno también determinó que miembros de Guerreros Unidos habían calcinado a los 43 jóvenes haciendo una gran hoguera en un basurero y que luego sus cenizas fueron arrojadas a un río.
La investigación de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y, luego, de la actual fiscalía y de la Comisión de la Verdad creada por el gobierno en 2019, confirmaron que la versión del vertedero no era cierta y que fue armada para intentar cerrar en falso el caso con testimonios bajo tortura y manipulación de evidencias.
Esas mismas investigaciones confirmaron que la noche del ataque, el 26 de septiembre de 2014, se puso en marcha un enorme operativo de distintas policías y criminales por un radio de 80 kilómetros y que el Ejército supo en todo momento lo que estaba pasando porque controlaba los centros de mando de emergencias, tenía elementos en el terreno e infiltrados entre los estudiantes.
Posteriormente, información procedente de casos judiciales en Estados Unidos vinculó a los militares con el cártel local que traficaba heroína en autobuses a Estados Unidos y el gobierno apuntó a que los estudiantes pudieron tomar por error uno de esos autobuses —que luego se perdió con destino desconocido— y que eso desencadenó los ataques.
La fiscalía dijo que la decisión de ocultar la verdad se había tomado en las más altas instancias del Estado.
Al final de la anterior administración, los tribunales mexicanos determinaron que la investigación había estado plagada de errores, manipulaciones y no fue imparcial. Además, hubo decenas de casos de torturas.
Todas estas irregularidades hicieron que muchos involucrados fueran liberados aunque algunos fueron arrestados de nuevo durante este gobierno.
Actualmente hay más de 100 detenidos, según datos del gobierno, y decenas de procesados pero ningún sentenciado.
La mayoría de los enjuiciados son miembros de las fuerzas de seguridad vinculados al ataque o acusados por sus vínculos con Guerreros Unidos. Entre ellos, hay 16 militares.
También hay media docena de funcionarios acusados de haber encubierto el crimen. El de más alto rango es el exprocurador general Jesús Murillo Karam, procesado por tortura, desaparición forzada y obstrucción a la justicia.
El exfiscal general sigue su proceso en arresto domiciliario y la mayoría de los militares lo sigue en libertad lo que ha indignado a las víctimas porque temen que escapen a la justicia.
Según Santiago Aguirre, abogado de las víctimas, fue a partir de 2022, justo cuando se multiplicaban las evidencias contra los militares tanto en lo relacionado con el ataque como en el encubrimiento.
El presidente Andrés Manuel López Obrador había ordenado abrir todos los archivos militares pero finalmente no se facilitó la información solicitada. Según Aguirre, fue por la presión de las Fuerzas Armadas. El mandatario ha dado cada vez más poder a los militares no solo en temas de seguridad sino administrativos y económicos.
Además, la CIDH denunció el bloqueo del trabajo del fiscal que llevaba el caso, Omar García Trejo, cuando emitió órdenes de captura de una veintena de militares. Eso propició su dimisión y que la investigación quedara en manos de personas que habían sido ajenas al caso durante años.
Por otra parte, comenzó una “prisa política” por dar resultados, en palabras de Aguirre. El gobierno presentó como ciertos indicios que no eran de origen fiable y mantuvo las búsquedas de los jóvenes “sin ton ni son”, con poca profesionalidad y sin metodología.
López Obrador, que deja la presidencia a finales de mes, insiste en incentivar a los detenidos a que ofrezcan más información sobre el caso.
Los abogados de las víctimas exigen que todas las declaraciones sean confirmadas con pruebas y recuerdan que hay pendientes importantes detenciones.
Una de ellas es la del exjefe de la investigación y después alto cargo del entonces presidente Peña Nieto, Tomás Zerón, a quien se vio en varios videos interrogando y amenazando a detenidos. Zerón está refugiado en Israel y México ha pedido su extradición, sin éxito hasta ahora.
Las víctimas también insisten en que entreguen los documentos de inteligencia militar que siguen ocultos y se pida más información a Estados Unidos de los juicios contra Guerreros Unidos que se llevan a cabo en ese país.
