Juez de Venezuela emite orden de detención contra excandidato opositor González a pedido de fiscalía

CARACAS (AP) — Un juez de Venezuela emitió el lunes una orden de detención contra el excandidato presidencial opositor Edmundo González, por petición de la Fiscalía General, para una investigación penal abierta a raíz de las cuestionadas elecciones presidenciales de hace poco más de un mes en la que fue llamado a declarar.

Edmundo González fue citado por la fiscalía hasta en tres ocasiones, la última el pasado viernes, para que declarara en una investigación por la publicación de las actas electorales que, según la coalición opositora, demostraban que obtuvo más votos que el presidente Nicolás Maduro en los comicios del 28 de julio.

El mandatario venezolano, que aspiraba a la reelección para un tercer mandato, fue declarado ganador por la autoridad electoral sin que se publicaran las actas oficiales de votación. Los resultados anunciados fueron ampliamente cuestionados por la oposición y por la comunidad internacional por falta de transparencia y por la imposibilidad de verificar los votos.

La fiscalía general había solicitado el lunes la orden de aprehensión contra González, mediante un oficio dirigido a un juez que lleva casos relacionados con terrorismo.

Según la petición de la fiscalía, el opositor es requerido por la presunta comisión de los delitos de “usurpación de funciones, forjamiento de documento público, instigación a la desobediencia de las leyes, delitos informáticos, asociación para delinquir y conspiración”.

González no ha tenido apariciones públicas en las últimas semanas y, junto a la líder opositora María Corina Machado, han denunciado ser perseguidos por las autoridades. La AP pidió comentarios al equipo de González sin que se pronunciaran inmediatamente.

Machado fue una de las primeras en reaccionar a la acción de la fiscalía con un mensaje en la red social X, antes Twitter: “Han perdido toda noción de la realidad. Amenazando al Presidente Electo sólo logran cohesionarnos más y aumentar el apoyo de los venezolanos y el mundo a Edmundo González”.

La fiscalía venezolana ya había advertido la semana pasada, en el tercer llamado a comparecer dirigido a González, que solicitaría una orden de captura contra el excandidato opositor aludiendo a que había “peligro de fuga” y “peligro de obstaculización” de la justicia.

La Fiscalía General divulgó en Instagram la orden de captura enviada por el tribunal en la que el fiscal del caso, identificado como Luis Ernesto Dueñez, pide al juez poner de inmediato a disposición del Ministerio Público a Edmundo González “una vez realizada la aprehensión”. Y éste a su vez deberá presentarlo ante el juez dentro de las 48 horas siguientes a su detención.

El fiscal general Tarek William Saab —cercano colaborador de Maduro y exlegislador oficialista— acusa a González de usurpar competencias del organismo electoral y publicar “presuntos documentos forjados o falsificados" y con ello, causando "zozobra”, según dijo la semana pasada.

El gobierno del presidente chileno, Gabriel Boric, rechazó “enérgicamente” la orden de detención contra González y reiteró su “condena a cualquier forma de represión en contra de opositores al régimen dictatorial en Venezuela”, en un comunicado de la Cancillería. Boric fue uno de los primeros en cuestionar que las autoridades electorales venezolanas declararan ganador de los comicios a Maduro y en pedir que se transparentara las actas con los votos, como han exigido dentro y fuera de Venezuela.

La investigación ha puesto el foco en las actas difundidas en la página http://resultadosconvzla.com/, donde la llamada Plataforma Unitaria, principal coalición opositora, presentó boletas emitidas por las máquinas electorales, que mostrarían que el diplomático retirado ganó a Maduro por un margen de más de 2 a 1.

La fiscalía venezolana sostiene que González ha dicho públicamente que es uno de los responsables de la publicación de esas actas.

Antes las críticas por falta de transparencia y la presión internacional, Maduro solicitó al Tribunal Supremo de Justicia —integrado por magistrados que formaron parte del gobierno— que hiciera un peritaje al proceso electoral. Éste certificó el pasado 22 de agosto la victoria de Maduro y afirmó en su resolución que los recuentos de votos publicados por la oposición eran falsos.

Tras esa decisión, la fiscalía ha ido incorporando presuntos delitos por los que investigar a González y a otros miembros de la oposición.

González, de 75 años, que no ha aparecido públicamente desde el 29 de julio, un día después de la jornada de votación, ha cuestionado hasta ahora la actuación de la fiscalía por falta de garantías del debido proceso y señaló al fiscal general Saab de “acusador político" que "condena por anticipado”.

El opositor rechazó que se pretenda someterlo a una entrevista “sin que se precise en qué condición se espera que comparezca y precalificando delitos no cometidos”.

Maduro fue declarado ganador por el CNE, un organismo de mayoría oficialista, que aseguró que el mandatario obtuvo 6,4 millones de votos frente a los 5,3 millones que recibió González. En cambio, la oposición sostiene que las actas en su poder —copias recolectadas por sus testigos en las mesas de votación— arrojan que su candidato alcanzó 7,3 millones de votos y Maduro 3,3 millones.

Organismos de observadores internacionales cuestionaron la independencia e imparcialidad del tribunal electoral.

Tanto González como la líder opositora María Corina Machado, quien promovió su candidatura tras ser inhabilitada para participar en las elecciones, se mantienen ocultos, en particular después de que el 5 de agosto la Fiscalía General, controlada por el oficialismo, abriera una investigación penal en contra de ambos tras la petición que hicieron a los militares y policías para que retiren su respaldo al presidente Maduro y no repriman las protestas que se desencadenaron después de los comicios.

“No pretendan convertir en delito el legítimo reclamo de que los resultados oficiales del CNE se ajusten a la voluntad expresada por el pueblo de Venezuela el 28 de julio”, rechazó la Plataforma Unitaria en un comunicado de la semana pasada. “Digitalizar y resguardar las actas de escrutinio que por derecho nos corresponden no es un delito".