Colombia: Juez ordena traslado a centros militares de acusados en escándalo de corrupción
BOGOTÁ (AP) — La justicia colombiana dijo el sábado que la vida de dos exfuncionarios públicos y un empresario envueltos en un escándalo de corrupción que rodea al gobierno del presidente Gustavo Petro corre peligro y ordenó su traslado a recintos militares para que cumplan su arresto.
La fiscalía investiga desde febrero la conformación en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) de una supuesta “empresa criminal para cometer delitos contra la administración pública”, en un caso que salpica a exempleados, congresistas, empresarios y a un ministro.
Tras una audiencia que se reinstaló el sábado, el juez penal de Bogotá, Cidulfo Hernández, aceptó el pedido de la fiscalía y de la defensa de los acusados para que el exdirector de la UNGRD, Olmedo López, el ex jefe de la subdirección de Desastres, Sneyder Pinilla y el empresario Luis Eduardo López, cumplan prisión preventiva en tres recintos militares distintos y no en una cárcel convencional.
José Moreno, abogado defensor de López, aseguró ante el juez que su cliente “recibe amenazas por parte de grupos delictivos fuera de la ley”, lo cual, según dijo, fue corroborado por la fiscalía a donde también llegó la información de que sería “un objetivo militar y que ya estaba la orden dada”.
“Acogerse a un principio de oportunidad es una decisión que conlleva riesgos insuperables”, afirmó Moreno, en alusión al acuerdo de cooperación con la justicia a la que llegó el exdirector de la UNGRD.
Luego de revisar el material probatorio se encontró que “en efecto, la vida de estos ciudadanos se encuentra en riesgo”, debido al poder que todavía podrían ostentar algunos actores que integren la estructura criminal y que tendrían un “interés en (que) la verdad no salga a flote”, dictaminó el magistrado Hernández.
El caso investiga las supuestas irregularidades en la compra de carrotanques para proveer de agua a La Guajira, un departamento con zonas desérticas de escasos recursos en el Caribe colombiano y que se habría realizado con sobreprecio por casi 12 millones de dólares.
Según las indagaciones, esos recursos habrían servido a los investigados para el cobro de coimas y el pago de sobornos a congresistas que tenían en sus manos las reformas sociales del gobierno.
El fallo no contó con oposición de ninguno de las partes por lo que, además, se dictó que se realice de manera inmediata.
El escándalo impactó al gobierno de Petro quien, el 20 de julio durante la instalación del Congreso, pidió perdón ante el pleno por haber nombrado a López, un militante de izquierda, como director de la UNGRD, y lamentó que la corrupción permeara su gobierno.
La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres está a cargo de las emergencias y atención a comunidades afectadas.
