La Fiscalía venezolana cita a declarar al opositor González por tercera vez y advierte con detenerlo

CARACAS (AP) — La fiscalía General de Venezuela citó el jueves por tercera vez consecutiva al excandidato presidencial opositor Edmundo González para que comparezca el viernes en una investigación penal abierta en su contra tras las elecciones presidenciales de julio. El organismo advirtió además que en caso de que González no asista, podría emitir una orden de captura en su contra.

González es convocado por tercera ocasión consecutiva desde el 23 de agosto, para rendir testimonio como parte en una investigación penal por la publicación de las actas electorales que, según la coalición opositora, demuestran que obtuvo más votos que el presidente Nicolás Maduro en los comicios del 28 de julio.

En la citación, la Fiscalía informó a González que, “de no comparecer” en la fecha indicada, “se considerará que nos encontramos en presencia del “peligro de fuga” y “del peligro de obstaculización” de la justicia, por lo que se “tramitará la correspondiente Orden de Aprehensión”.

El fiscal general —cercano colaborador de Maduro y exlegislador oficialista— acusa a González de usurpar competencias del organismo electoral y publicar “presuntos documentos forjados o falsificados… causando la difusión de esta falsa información zozobra”, según dijo Saab la semana pasada, en referencia a la difusión de la página http://resultadosconvzla.com/, donde la llamada Plataforma Unitaria, principal coalición opositora, presentó boletas emitidas por las máquinas electorales, que demostrarían que el diplomático retirado le ganó a Maduro por un margen de más de 2 a 1.

La Fiscalía venezolana sostiene que González ha dicho públicamente que es uno de los responsables de la publicación de esas actas.

“Él no tiene ninguna inmunidad, parte excepcional a ningún venezolano; es un excandidato, que según ha determinado el único poder electoral que existe en el país, que es el CNE (Consejo Nacional Electoral), perdió las elecciones el 28 de julio pasado”, dijo Saab a la prensa la víspera.

La semana pasada, el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela —integrado por magistrados que formaron parte del gobierno— certificó la victoria de Maduro, quien le solicitó realizar el peritaje de los resultados electorales. El máximo tribunal afirmó además en su sentencia que los recuentos de votos publicados por la oposición eran falsos.

Tras esa sentencia, la fiscalía ha ido sumando presuntos delitos por los que investigar a González y otros miembros de la oposición, entre ellos “usurpación de funciones, forjamiento de documento público, instigación a la desobediencia de las leyes, delitos informáticos, asociación para delinquir y conspiración”.

González, de 75 años, que no ha aparecido públicamente desde el 29 de julio, ha cuestionado la citación por considerar que no cuenta con las garantías del debido proceso. En un vídeo publicado en la red social X, antes Twitter, señaló que el fiscal general Tarek William Saab, “se ha comportado reiteradamente como un acusador político, condena por anticipado” y lo cita sin las garantías de independencia y debido proceso.

González ha dicho que se pretende someterlo a una entrevista “sin que se precise en qué condición se espera que comparezca y precalificando delitos no cometidos”.

Maduro fue declarado ganador por el CNE, un organismo colegiado de mayoría oficialista, que aseguró que obtuvo 6,4 millones de votos frente a 5,3 millones de González. En cambio, la oposición sostiene que las actas en su poder —copias recolectadas por sus testigos en las mesas de votación— arrojan que su candidato alcanzó 7,3 millones de votos y Maduro 3,3 millones.

Organismos de observadores internacionales han cuestionado la independencia e imparcialidad del tribunal.

Tanto González como la líder opositora María Corina Machado, quien promovió su candidatura tras ser inhabilitada para participar en las elecciones, se mantienen ocultos, en particular después de que el 5 de agosto la Fiscalía General, controlada por el oficialismo, abrió una investigación penal en contra de ambos tras la petición que hicieron a los militares y policías para que retiren su respaldo al presidente Maduro y no repriman las protestas que se desencadenaron después de los comicios.