Juez argentino procesa a dirigente social por supuesta administración fraudulenta de fondos públicos
BUENOS AIRES (AP) — Un juez federal argentino procesó el lunes al líder de la organización Polo Obrero y a varios de sus coidearios por presunta administración fraudulenta en perjuicio del Estado mediante el desvío de fondos públicos que iban destinados a personas sin empleo y que habrían sido usados para financiar la política partidaria.
El juez federal Sebastián Casanello considera que Eduardo Belliboni, líder del Polo Obrero, habría desviado cientos de millones de pesos mediante la presentación al Estado de facturas falsas y el uso de una empresa fantasma que supuestamente era usada para simular gastos.
El Polo Obrero y otras organizaciones sociales argentinas funcionan desde hace años como intermediarias entre las autoridades nacionales y personas desempleadas gestionando el ya disuelto Plan Potenciar Trabajo por el que más de un millón de beneficiarios cobraban una asignación por realizar distintas tareas.
Según el juez, el desvío de los fondos fue planificado y dirigido a financiar la actividad político-partidaria de la agrupación izquierdista.
El delito por el cual procesó a Belliboni prevé una pena de entre dos y seis años de cárcel.
El dirigente social negó por su parte haber incurrido en algún delito y anunció que apelará la medida ante una instancia judicial superior en declaraciones a la prensa.
El magistrado también procesó a otros integrantes del Polo Obrero por supuesta defraudación y presuntas “amenazas coactivas” a beneficiarios de dicho programa social para que participaran en protestas callejeras en contra de sucesivos gobiernos, a cambio de no perder la ayuda estatal.
Aparentemente en la cuenta de la empresa fantasma, que estaría controlada por los dirigentes procesados, los investigadores también detectaron depósitos realizados por beneficiarios para no perder el plan social.
La investigación judicial se inició el 20 de diciembre de 2023, a pocos días de la asunción del ultraliberal presidente Javier Milei, con una denuncia del Ministerio de Seguridad basada en las llamadas anónimas que hicieron decenas de personas a una línea telefónica afirmando que las obligaban a participar en las manifestaciones.
El portavoz presidencial Manual Adorni dijo a periodistas que el gobierno espera que la justicia actúe con celeridad. “Para nosotros creo que de los peores crímenes que se cometieron en Argentina fue jugar con la comida de los pobres o, en tal caso, con el asistencialismo o el esquema asistencial que había”, sostuvo el funcionario.
El juez también ordenó a un fiscal determinar si funcionarios del gobierno anterior de Alberto Fernández (2019-2023) participaron en la presunta estafa al Estado.
