Denuncia de presuntas interceptaciones a magistrado alertan una Colombia con pasado de persecución

BOGOTÁ (AP) — Un magistrado de la Corte Constitucional colombiana denunció presuntas interceptaciones y seguimientos ilegales que se estarían llevando en su contra. Su denuncia generó rechazo dentro de varios sectores, incluida la rama judicial, que alerta sobre el peligro de que el país reviva un oscuro pasado de persecución.

La denuncia fue presentada de manera reservada —es decir, que los detalles de la misma no se hacen públicos— la semana pasada por el vicepresidente de la Corte Constitucional, magistrado Jorge Enrique Ibáñez, a la Fiscalía. El sábado, el ente investigador informó que ordenó iniciar una investigación con “celeridad y rigor” frente a la “gravedad de los hechos”.

La Corte y el magistrado denunciante declinaron dar más detalles de la investigación en curso, pero el lunes los presidentes de la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional, el Consejo de Estado y el Consejo Superior de la Judicatura firmaron un comunicado que rechaza las presuntas interceptaciones.

“De verificarse (las interceptaciones), ponen en riesgo la independencia de la rama judicial y constituyen una grave afrenta a la democracia colombiana y la seguridad de los jueces y magistrados que imparten justicia”, señalaron los juristas.

En Colombia las interceptaciones ilegales son llamadas “chuzadas” y fueron una práctica del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) a inicios de la década del 2000, un organismo de inteligencia adscrito a la Presidencia que fue usado para interceptar llamadas telefónicas y seguir a opositores del gobierno. El DAS se disolvió en el 2011.

El actual presidente del país, Gustavo Petro, fue una de las víctimas del DAS. En 2020 un tribunal falló a su favor y declaró responsable al DAS y a la Presidencia, entonces dirigida por Álvaro Uribe, por haberlo perseguido a él y a su familia entre los años 2006 y 2009.

Petro, al frente del primer gobierno de izquierda de Colombia, aseguró el lunes que ha sido explícito en ordenar a los organismos de inteligencia “no usarla contra la oposición, prensa o cortes”, sino a la persecución del crimen, como el narcotráfico.

“Este gobierno no hace lo que sí hicieron otros en el pasado”, señaló Petro en X, antes Twitter.

La Corte Constitucional es uno de los principales tribunales del país y debe decidir sobre las demandas de inconstitucionalidad que se promuevan contra actos que pretendan reformar la Constitución, vigente desde 1991, y hacen control sobre leyes que han pasado por el Congreso.

Tras hacerse pública la denuncia el fin de semana, la Presidencia ordenó una investigación interna para determinar si hubo circunstancias irregulares la Secretaría para las Comunicaciones y Prensa, y la Dirección de Tecnología de la Presidencia. En un comunicado, la entidad aseguró que es “crucial aclarar” que las actividades internas no incluyen perfilamientos ni interceptaciones.

Antes de que se conociera la denuncia del magistrado de la Corte, congresistas de oposición citaron el 18 de junio a un debate de control político en el Congreso a Carlos Ramón González, director de la Dirección Nacional de Inteligencia, para cuestionarlo sobre posibles interceptaciones a la oposición, a directivos de medios de comunicación y magistrados de las altas cortes.

González negó ante el Congreso que en la Dirección Nacional de Inteligencia hubiera una orden para espiar ilegalmente a la oposición o a las cortes, pero advirtió que no descartan que “algún funcionario X o Y de cualquier inteligencia esté haciendo alguna tropelía o cometiendo algún delito” y pidió ser informado para denunciar en la Fiscalía.