Colombia pide al ELN reanudar las rondas de diálogo congeladas desde abril

BOGOTÁ (AP) — El gobierno colombiano pidió el lunes a la guerrilla Ejército de Liberación Nacional reanudar las rondas de diálogo congeladas desde abril por decisión de los armados, quienes señalaron incumplimientos del gobierno en la negociación de paz.

“Invitamos a la Delegación del ELN al diálogo constructivo, al examen bilateral para transitar salidas y reanudar a la mayor brevedad los ciclos de diálogo de la mesa” de negociación, indicó la delegación gubernamental en un comunicado.

La guerrilla ha considerado que el gobierno de Gustavo Petro, el primer presidente de tendencia de izquierda, ha dado un “doble manejo” al proceso de paz al sostener un diálogo en paralelo en Nariño, zona fronteriza con Ecuador, en el que participa la estructura “Comuneros del Sur”, una facción que el ELN no reconoce dentro de su estructura.

El ELN, fundado en 1964 bajo la inspiración de la revolución cubana, concluyó el “VI Congreso” convocado para definir su línea política en una reunión con todas sus estructuras —que funcionan bajo el mando de un comando central— al cumplir 60 años de alzamiento armado.

En la declaración de sus conclusiones divulgada el lunes, señalaron que se mantienen en la mesa de negociación, pero ratificaron que continúa congelada.

“El proceso de conversaciones de paz atraviesa por una grave crisis producida por incumplimientos de acuerdos por parte del gobierno, pero en la medida que se rectifique de manera cierta podrán reanudarse las actividades de la mesa”, advirtió el comandante de la guerrilla alias “Antonio García” en un video y un comunicado.

El gobierno no reconoce tales incumplimientos y ha continuado con los diálogos regionales en Nariño, de carácter local y donde también participan otros actores armados con vínculos con la extracción ilícita de oro y la cocaína.

Para el experto en el ELN y docente de la Universidad Nacional de Colombia, Carlos Medina, la reciente declaración de la guerrilla no saca a la mesa de negociación de su estado de crisis ni tampoco esboza con “suficiente fuerza una intención del ELN de pasar de la ilegalidad a la institucionalidad”.

Medina, quien recuerda que la guerrilla ha intentado en seis ocasiones hacer la paz con el Estado sin éxito, no ve señales de que el actual proceso que se reanudó en noviembre de 2022 con la llegada al poder de Petro, pueda terminar rápidamente en el fin de la confrontación armada, como sí lo logró en 2016 la extinta guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

“Las FARC habían tomado la decisión de irse de la guerra hacia la paz, pero esa decisión no la ha tomado el ELN... En el VI Congreso se ratifican en su postura política”, añadió Medina a The Associated Press.

Pese a las tensiones al interior de la mesa de negociación, las partes han tenido avances y en mayo suscribieron el documento sobre el primer punto de la agenda de diálogos por la paz, referente a la participación de la sociedad.

El acuerdo es amplio y ambicioso al proponer que la sociedad dialogue sobre el régimen político, el modelo económico, la política ambiental y la educación y la cultura. Sin embargo, aún no tiene una metodología clara para llevarse a la práctica.

El ELN sumó el lunes a la discusión la posibilidad de que la participación social derive en “abrir o confluir en un proceso constituyente”, en virtud de que en el acuerdo firmado se habla de lograr un “gran acuerdo nacional”.

Esa idea va en el mismo sentido de lo que ha planteado Petro desde marzo para llevar al país a un proceso constituyente, como una forma de lograr las transformaciones sociales que prometió en su campaña electoral y que el Congreso no ha aprobado en su totalidad.

José Félix Lafaurie, quien representa a la oposición en la mesa de diálogo con el ELN, dijo a la AP que en "ningún caso" el proceso de participación busca formular una nueva constitución. A su juicio, las transformaciones que requiere el país suelen tener que ver más con la falta de bienes públicos y una situación de inseguridad por la que las comunidades “piden tener una vida con garantía mínima de sus derechos y libertades”.