Corte IDH pide información al Estado peruano por ley de prescripción de delitos de lesa humanidad

LIMA (AP) — La Corte Interamericana de Derechos Humanos solicitó el sábado al Estado peruano presentar observaciones al pedido de medidas provisionales planteado ante ese organismo por representantes de víctimas en casos de masacres, con las cuales buscan impedir la aprobación de una ley de prescripción de delitos de lesa humanidad.

La iniciativa de ley que establece la prescripción de este tipo de delitos cometidos en Perú antes de 2002 fue aprobada en primera fase el jueves en el Congreso y se someterá a una segunda y definitiva votación en siete días. El partido de derecha Fuerza Popular (FP), cuya presidenta es Keiko Fujimori, hija del expresidente, Alberto Fujimori, impulsa la iniciativa.

Las medidas provisionales solicitadas el viernes requieren que la Corte IDH disponga “interrumpir el trámite en el legislativo” y que el Congreso “se abstenga de aprobar cualquier norma similar”.

La secretaría de la CorteIDH emitió el oficio el sábado, dando como plazo al Estado peruano “a más tardar el 12 de junio” para que se presenten las observaciones a dicha solicitud de medidas provisionales.

La cancillería peruana no respondió de momento a una solicitud de comentarios hecha por la AP el sábado por la tarde.

Carlos Rivera, abogado del Instituto de Defensa Legal y representante de las víctimas en casos como el de Barrios Altos y la Cantuta, ocurridos durante el gobierno de Fujimori (1990-2000), aseguró a la AP que la aprobación de la referida ley significaría “la anulación de sentencias condenatorias” en casos de violación de derechos humanos y de lesa humanidad.

Para Rivera, el objetivo de la iniciativa legal es “liberar a militares condenados por crímenes contra los derechos humanos en Perú”, entre los que señala al expresidente.

El jurista calificó a la ley como una “norma inconstitucional”, pues “pretende resolver asuntos judiciales ya decididos". Explicó que el conflicto armado que atravesó el país andino en las décadas de 1980 y 1990 dejó como resultado asesinatos, desapariciones forzadas y crímenes que por su gravedad fueron sentenciados por la justicia peruana como “crímenes internacionales, de lesa humanidad” y no como delitos comunes.

Martha Moyano, congresista de FP, declaró durante la sesión del jueves, que la tipificación del delito de lesa humanidad no puede servir para “convalidar situaciones de injusticia ni distorsionar los fines de la pena” ni “para la venganza”, reseñó la agencia Andina.

El caso Barrios Altos ocurrió en noviembre de 1991 cuando el Grupo Colina, integrado por agentes militares acusados de ejecuciones extrajudiciales, irrumpieron en ese barrio de Lima y mataron a 15 personas. En julio de 1992, un profesor y nueve estudiantes de la universidad conocida como La Cantuta fueron secuestrados y desaparecidos por el mismo grupo.

La justicia peruana determinó que ninguno de los jóvenes tenía relación con agrupaciones terroristas.

Por estos casos, Fujimori fue condenado en 2007 a 25 años de prisión, pero salió en libertad en diciembre de 2023 favorecido por un indulto humanitario concedido en el gobierno de Pablo Kuczynski.