Congreso salvadoreño archiva propuesta de Ley de Justicia Transicional
SAN SALVADOR (AP) — El Congreso salvadoreño mandó el miércoles a sus archivos la propuesta de Ley de Justicia Transicional para víctimas de transgresiones graves a derechos humanos en el contexto de la guerra civil.
La propuesta, presentada por organizaciones de la sociedad civil, fue archivada con los votos de 57 de los 60 diputados del Congreso controlado por el partido oficialista Nuevas Ideas y sus aliados. Los tres diputados de la oposición votaron en contra.
La aprobación de una ley de justicia transicional es un mandato que tiene el Congreso en el marco de una sentencia de inconstitucionalidad de la ley de Amnistía General de 1993, que impidió llevar ante la justicia a los responsables de los crímenes de guerra perpetrados durante el conflicto armado, el cual concluyó con la firma de los Acuerdos de Paz suscritos en la Ciudad de México el 16 de enero de 1992.
En marzo de 2020, los partidos de derecha que controlaban el Congreso en esa época aprobaron la Ley Especial de Justicia Transicional, Reparación y Reconciliación Nacional, pero el presidente Nayib Bukele la vetó porque ofrecía reducir penas a procesados si pedían perdón a las víctimas, brindaban información para dar con el paradero de las víctimas o colaboraban en el esclarecimiento de los hechos, entre otros detalles.
Posteriormente organizaciones sociales elaboraron una nueva propuesta de ley de Justicia Transicional, la cual ingresó al Congreso el 18 de octubre de 2021, pero no logró el apoyo del partido Nuevas Ideas.
La diputada Claudia Ortíz, del partido conservador VAMOS —que respaldaba la propuesta de ley—, dijo que la decisión representa “un día triste para la memoria histórica en nuestro país, un día triste para la justicia y para la lucha contra la impunidad”.
“Es un día vergonzoso para la bancada mayoritaria que tuvo a las víctimas acá en esta Asamblea Legislativa, prometiéndoles que iban a encontrar verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición”, agregó.
Por su parte, el diputado Raúl Castillo, de Nuevas Ideas, respondió que no se está negando justicia y dijo que estaban enviando la propuesta al archivo “porque perdió vigencia”. A la vez, prometió que “el problema será tratado de otra forma desde esta nueva legislatura”.
“No estamos aquí negándole el acceso a la justicia a nadie, no está para nosotros la finalidad de dar impunidad a nadie; sencillamente se hará una nueva dinámica de trabajo”, agregó.
Al menos 75.000 personas perdieron la vida y otras 12.000 desaparecieron en la guerra civil de El Salvador. Se estima que el 80% de las víctimas eran civiles.
El 13 de junio de 2016, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional la Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz de 1993, por la transgresión del derecho de acceso a la justicia, a la tutela judicial o protección de los derechos fundamentales, y al derecho a la reparación integral de las víctimas de los crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra que sean violaciones al derecho internacional humanitario.
La Sala consideró que la extensión de la amnistía es contraria al derecho de protección de los derechos fundamentales porque “impide el cumplimiento de las obligaciones estatales de prevención, investigación, enjuiciamiento, sanción y reparación de las graves violaciones a dichos derechos”, según el comunicado.
La sentencia señala que los Acuerdos de Paz no contemplaron otorgar una amnistía, sino que por el contrario, pretendían combatir la impunidad y garantizar la justicia en transgresiones a derechos humanos en el conflicto armado.
El informe de la Comisión de la Verdad, auspiciada por Naciones Unidas, determinó que el ejército y los cuerpos de seguridad fueron culpables de más del 80% de los crímenes de guerra, entre ellos masacres, asesinatos selectivos, torturas y desapariciones forzosas, pero los responsables nunca fueron juzgados.
