Familias de víctimas demandan a policía de Texas por fallida respuesta a masacre escolar en Uvalde

AUSTIN, Texas, EE.UU. (AP) — Las familias de 19 de las víctimas de la masacre es una escuela de Uvalde, Texas, interpusieron el miércoles una demanda federal por 500 millones de dólares en contra de los casi 100 policías estatales que fueron parte de la fallida respuesta policial a uno de los peores tiroteos escolares en la historia de Estados Unidos.

Las familias añadieron que también llegaron a un acuerdo para recibir 2 millones de dólares de la municipalidad, según el cual los dirigentes municipales prometieron estándares más altos y mejor entrenamiento para la policía local.

Los anuncios se producen dos días antes del segundo aniversario de la masacre. Diecinueve alumnos de cuarto grado y dos docentes fueron asesinados el 24 de mayo de 2022, cuando un adolescente irrumpió en su aula en la Escuela Primaria Robb y comenzó a disparar.

La demanda, en la que se pide una indemnización de al menos 500 millones de dólares, es la más reciente de muchas que exigen rendición de cuentas por la respuesta policial. Más de 370 agentes federales, estatales y locales se aglomeraron en el lugar, pero esperaron más de 70 minutos antes de confrontar al tirador.

Es la primera demanda presentada luego de que el Departamento de Justicia difundió en enero un reporte de 600 páginas en el que catalogó “fracasos en cascada” en cuanto a entrenamiento, comunicación, liderazgo y problemas tecnológicos el día de la masacre.

La demanda dice que los agentes de la policía estatal no aplicaron lo aprendido en su entrenamiento para casos de tirador activo ni confrontaron al agresor, aun cuando los alumnos y docentes dentro del lugar seguían sus propios protocolos para este tipo de casos, apagando las luces, trancando las puertas y guardando silencio.

“Los protocolos atrapan a docentes y alumnos dentro del lugar, dejándolos totalmente dependientes de que las agencias de ley respondan rápida y eficazmente”, señalaron las familias y sus abogados en un comunicado.

Los alumnos aterrorizados dentro del aula llamaron al número de emergencias 911 mientras padres angustiados le rogaban a los agentes —algunos de los cuales podían escuchar los disparos mientras permanecían a la espera en los pasillos— para que entraran al lugar. Un equipo táctico de policías eventualmente entró en el aula y mató al tirador.

“La inacción policial ese día fue una completa y absoluta traición a estas familias y a los hijos, hijas y madres que perdieron”, dijo Erin Rogiers, uno de los abogados. “La policía estatal de Texas tenía los recursos, el entrenamiento y el armamento para responder apropiadamente, y lo ignoraron todo y fracasaron en todos los niveles. Estas familias no sólo tienen el derecho, sino también la responsabilidad de exigir justicia”.

Una investigación penal sobre la respuesta policial, a cargo del despacho de la fiscal de distrito de Uvalde, Christina Mitchell, sigue en marcha. Este año se convocó a un jurado investigador, y algunos funcionarios policiales ya fueron llamados a declarar.

La más reciente demanda contra 92 funcionarios y patrulleros del Departamento de Seguridad Pública de Texas también señala como acusados al Distrito Escolar de Uvalde, al exdirector de la escuela, Mandy Gutierrez y al exjefe de la policía escolar de Uvalde Peter Arredondo. La respuesta de la policía estatal fue la segunda más numerosa en el lugar del tiroteo, sólo detrás de los 150 agentes de la Patrulla Fronteriza que se presentaron en la escuela.

El DSP de Texas dijo a The Associated Press que la agencia no haría comentarios sobre litigios pendientes.

La parte demandante está integrada por las familias de 17 de los niños asesinados y de otros dos que resultaron heridos. Otra demanda presentada en diciembre de 2022 —contra la policía local y estatal, la municipalidad y otras agencias escolares y policiales— pide por lo menos 27.000 millones de dólares en compensación. Al menos otras dos demandas han sido presentadas contra Daniel Defense, la fabricante de armas con sede en Georgia que fabricó el arma tipo AR que usó el tirador.

Las familias señalaron que el acuerdo con la ciudad tuvo un límite de 2 millones debido a que no querían llevar a la quiebra a la localidad en donde aún residen. Los fondos para pagar el acuerdo provendrán de la cobertura de seguros de la ciudad.

“Lo último que quieren es causar penurias financieras a sus amigos y vecinos de esta comunidad. Sus amigos y vecinos no fueron los que los decepcionaron”, declaró Josh Koskoff, uno de los abogados de las familias, durante una conferencia de prensa en Uvalde el miércoles.

La ciudad de Uvalde difundió un comunicado en el que señaló que el acuerdo ayudará a la comunidad a “sanar y recuperarse”.

“Estaremos por siempre agradecidos con los familiares de las víctimas por trabajar con nosotros durante el último año para cultivar un ambiente de sanación en toda la comunidad que honre la vida y la memoria de aquellos que perdimos trágicamente. El 24 de mayo es la peor tragedia de nuestra comunidad", indicó la ciudad.

Pero Javier Cazares, padre de Jackie Cazares, una niña de 9 años que perdió la vida durante la masacre, destacó que hubo muy pocos asistentes para el anuncio, el cual se llevó a cabo en el mismo Centro Cívico de Uvalde en el que las familias se reunieron para recibir la noticia de que sus hijos habían muerto o estaban heridos.

“Cuando veníamos hacia acá, vi la calcomanía, la cual veo en todos lados: ‘Uvalde Strong’ (Fuerza, Uvalde). Si ese fuera el caso, este lugar debería estar lleno hasta el tope. Muestren su apoyo. Han sido dos años insoportables. No hay cantidad de dinero que pague por la vida de nuestros hijos. Para mí, lo más importante siempre ha sido la justicia y la rendición de cuentas”.

Según el acuerdo, la ciudad accedió a establecer un nuevo estándar de “aptitudes" y reforzar el adiestramiento de la fuerza policial de Uvalde. También establece el 24 de mayo como un día anual de remembranza, un monumento permanente en la plaza de la ciudad, y apoyo para la salud mental de las familias de las víctimas y de la zona metropolitana de Uvalde.