Departamento de Justicia demanda a Oklahoma por ley contra inmigrantes no autorizados
OKLAHOMA CITY (AP) — El Departamento de Justicia de Estados Unidos interpuso el martes una demanda contra Oklahoma por una ley estatal que pretende imponer sanciones a quienes vivan en el estado sin autorización legal.
La demanda presentada ante un tribunal federal de Oklahoma City impugna una ley de Oklahoma que tipifica como delito estatal —punible con hasta dos años de cárcel— vivir en el estado sin estatus migratorio legal. El Departamento de Justicia ya impugnó leyes similares que han sido aprobadas en Iowa y Texas.
Oklahoma es uno de varios estados donde el Partido Republicano está tratando de adentrarse en la aplicación de las leyes de inmigración en momentos en que tanto republicanos como demócratas buscan sacar provecho del asunto. Este año se han aprobado otros proyectos de ley contra los inmigrantes en Florida, Georgia y Tennessee.
El Departamento de Justicia afirma que la ley de Oklahoma viola la Constitución de Estados Unidos y pide al tribunal que la declare inválida y prohíba al estado su aplicación.
“Oklahoma no puede ignorar la Constitución de Estados Unidos ni los precedentes de la Corte Suprema”, declaró en un comunicado Brian M. Boynton, asistente principal del fiscal general y titular de la División Civil del Departamento de Justicia. “Hemos interpuesto esta moción para garantizar que Oklahoma se adhiera a la Constitución y al marco adoptado por el Congreso para la regulación de la inmigración”.
El gobernador de Oklahoma, Kevin Stitt, dijo que el proyecto de ley era necesario porque el gobierno federal no ha reforzado las fronteras de la nación.
“No sólo es eso, sino que se interponen en el camino de los estados que intentan proteger a sus ciudadanos”, dijo Stitt en un comunicado.
La acción federal era de esperarse, después que el Departamento de Justicia advirtió la semana pasada a las autoridades de Oklahoma que la agencia interpondría una demanda a menos que el estado accediera a no aplicar la nueva ley.
En respuesta, el fiscal general de Oklahoma, Gentner Drummond, calificó de “dudoso en el mejor de los casos” el argumento del Departamento de Justicia sobre el derecho preferente y dijo que si bien el Gobierno federal tiene una amplia autoridad en materia de inmigración, no tiene “poder exclusivo” en el tema.
“Oklahoma está ejerciendo su poder concurrente y complementario como estado soberano para hacer frente a una crisis pública en curso dentro de sus fronteras mediante una legislación adecuada”, escribió Drummond en una carta dirigida al Departamento de Justicia. “Dicho más claramente, Oklahoma está limpiando el desorden del gobierno federal a través de medios totalmente legales en su propio patio trasero —y seguirá haciéndolo de forma decidida y complementado las prohibiciones federales con fuertes sanciones estatales.”
A Texas se le permitió aplicar una ley similar a la de Oklahoma durante sólo unas confusas horas en marzo, antes de que un panel de tres jueces de un tribunal federal de apelaciones suspendiera la medida. En abril, el tribunal escuchó los argumentos de los partidarios y detractores de la ley, y próximamente se pronunciará sobre su constitucionalidad.
El Departamento de Justicia presentó otra demanda a principios de este mes con el objetivo de bloquear una ley en Iowa que permitiría presentar cargos penales contra personas que tengan órdenes de deportación pendientes o que hayan sido expulsadas o se les haya negado la entrada en Estados Unidos.
La ley de Oklahoma ha provocado varias protestas multitudinarias en el Capitolio del estado, en las que los inmigrantes y sus familias han expresado su preocupación ante la posibilidad de que sus seres queridos sean objeto de perfilación racial por parte de la policía.
“Nos sentimos atacados”, dijo Sam Wargin Grimaldo, quien asistió a una manifestación el mes pasado con una camiseta que decía: “Joven, latino y orgulloso”.
“La gente tiene miedo de salir de casa si se proponen y aprueban leyes como ésta”, afirmó.
