La UE aprueba un pacto migratorio. Partidos tradicionales esperan que quite votos a la ultraderecha
BRUSELAS (AP) — Los países de la Unión Europea aprobaron el martes una amplia reforma de su fallido sistema de asilo mientras se aceleraba la campaña para las elecciones europeas del mes que viene, en las que se esperaba que la migración fuera un tema clave.
Ministros de los estados miembros aprobaron 10 secciones legislativas del Nuevo Pacto sobre Migración y Asilo. El texto establece las normas para gestionar a las personas que entran en Europa sin autorización, desde cómo filtrar a los recién llegados y determinar si pueden optar a alguna clase de protección a cómo deportarlos si no se les permite quedarse.
Hungría y Polonia, que se oponen desde hace años a cualquier obligación de los países a acoger migrantes o pagar para mantenerlos, votaron en contra del paquete pero no pudieron bloquearlo.
Los partidos políticos tradicionales creen que el pacto resuelve problemas que han dividido a los estados miembros desde que más de un millón de personas llegaron a Europa en 2015, la mayoría huyendo de la guerra en Siria e Irak. Confían en que las reformas quiten fuerza a la ultraderecha en las elecciones del 6 al 9 de junio.
Sin embargo, el amplio paquete legislativo no entrará en vigor hasta 2026, de modo que no ofrece soluciones inmediatas para un problema que ha impulsado una de las mayores crisis políticas de la UE, en la que los países discutían sobre quién debe responsabilizarse de los migrantes cuando llegan y si otros países están obligados a ayudar.
Los críticos dicen que el pacto permitirá a los países detener a los migrantes en las fronteras y tomar huellas dactilares de niños. Afirman que va dirigido a mantener a la gente fuera y viola su derecho a solicitar asilo. Muchos temen que suponga más acuerdos políticos controversiales con países más pobres de los que la gente se marcha o que atraviesa para llegar a Europa.
Las leyes europeas de asilo no se han actualizado en unas dos décadas. El sistema empezó a fallar y después se desmoronó en 2015. Se basaba en la premisa de que los migrantes debían ser procesados, recibir asilo o ser deportados en el primer país al que llegaban. Grecia, Italia y Malta cargaban con la mayor parte de la carga financiera y lidiaban con el descontento público. Desde entonces la zona de viajes sin pasaporte, conocida como Zona Schengen, se ha expandido a 27 países, 23 de ellos miembros de la UE. Eso implica que más de 400 millones de europeos y visitantes, incluidos los refugiados, pueden moverse a través de las fronteras sin mostrar sus documentos.
Unos 3,5 millones de migrantes llegaron de forma legal a Europa en 2023. En torno a otro millón de personas estaban en territorio de la UE sin autorización. De estos últimos, la mayoría eran personas que llegaron a través de aeropuertos y puertos con visas pero no se fueron a casa cuando caducaron. El nuevo pacto se refiere a la minoría restante, que se estima eran unas 300.000 personas el año pasado. Son personas detenidas cuando cruzaban una frontera externa de la UE sin permiso, como los que llegan a las costas de Grecia, Italia o España a través del Mediterráneo o el Atlántico en embarcaciones proporcionadas por contrabandistas.
El país en cuyo territorio desembarca la gente hará un filtrado de la gente en la frontera o cerca. esto implica comprobaciones de identidad y otros aspectos, incluso en niños a partir de 6 años. La información se almacenará en una enorme nueva base de datos, Eurodac. Ese filtrado debería determinar si una persona puede suponer un riesgo de salud o seguridad y sus opciones de que se le permita quedarse. En general, las personas que huyen del conflicto, la persecución o la violencia cumplen los requisitos para obtener asilo. El filtrado es obligatorio y no debe tomar más de siete días. El proceso puede tener dos finales: la aplicación de protección internacional como el asilo o la deportación al país de origen.
La gente que pide asilo debe solicitarlo en el primer país de la UE en el que entra y quedarse allí hasta que las autoridades del país determinen qué país debe gestionar su solicitud. Podría ser que la persona tuviera familia, lazos culturales u otra conexión con otro lugar, lo que haría más lógico su traslado. El proceso fronterizo debe completarse en 12 semanas, incluido el tiempo para una apelación legal si la solicitud es rechazada. Podría ampliarse en ocho semanas en épocas de movimiento masivo de personas. El proceso también podría ser más rápido para solicitantes de países cuyos ciudadanos no suelen obtener asilo. Los críticos señalan que esto socava las normas de asilo porque los solicitantes deben ser evaluados a título individual y no en función de su nacionalidad. La gente permanecerá en “centros de recepción” mientras se completan los trámites, con acceso a atención sanitaria y educación. Los que sean rechazados recibirán una orden de deportación.
Para acelerar los trámites, se supone que se emitirá una orden de deportación de forma automática cuando una solicitud de asilo sea rechazada. Ahí comienza otro periodo de 12 semanas para completar ese proceso. Las autoridades pueden hacer detenciones durante ese tiempo. La agencia europea de fronteras y guardacostas ayudaría a organizar vuelos conjuntos de deportación. En la actualidad, menos de una de cada tres personas con orden de expulsión es deportada. Con frecuencia, esto se debe a la falta de cooperación de los países de los que proceden los migrantes.
La nueva norma obliga a los países a ayudar a un socio de la UE que se encuentre bajo presión migratoria. El apoyo es obligatorio, pero flexible. Los países pueden trasladar solicitantes de asilo a su territorio o escoger otra forma de asistencia. Podría ser financiera —un traslado se valora en 20.000 euros (21.462 dólares) por persona—, técnica o logística. Los miembros también pueden asumir la responsabilidad de deportar a gente desde el estado miembro afectado.
Destacan dos temas: ¿llegarán a implementar por completo el plan los estados miembros?, y ¿aplicará el ejecutivo de la UE, la Comisión Europea, las nuevas normas cuando ha decidido no hacerlo con las anteriores? La Comisión tiene previsto presentar un Plan de Aplicación Común en junio. El documento traza un rumbo y un calendario para poner el acuerdo en marcha en los dos próximos años, con objetivos que deben alcanzar tanto la UE como los estados miembros. El inicio podría ser accidentado. Hungría, que ha rechazado con vehemencia la reforma, inicia los seis meses de su turno de presidencia de la UE el 1 de julio.
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La periodista de Associated Press Renata Brito en Barcelona, España, ha contribuido a este despacho.
