Perú: Abogado de la presidenta Dina Boluarte niega ser parte de una organización criminal

LIMA (AP) — El abogado de la presidenta de Perú Dina Boluarte, quien se encuentra detenido junto con el hermano de la mandataria por su presunta participación en una red de tráfico de influencias, rechazó el domingo las acusaciones en su contra y pidió la intervención de un gremio de juristas por lo que describió como supuestos abusos en el proceso investigativo.

“No soy miembro de ninguna organización criminal” y “me defenderé de estas ‘orquestadas’ imputaciones”, señaló Mateo Castañeda en una carta escrita a mano que publicó su despacho jurídico en la red social X. La misiva lleva la firma, nombre y número de registro profesional del abogado.

Castañeda y Nicanor Boluarte fueron detenidos el viernes después de que la fiscalía allanó sus respectivas viviendas. Permanecerán detenidos 10 días, durante los cuales no tendrán comunicación.

“No hubo necesidad de detenerme”, continuó el abogado en la misiva, en la que pidió la intervención del Colegio de Abogados de Lima para controlar lo que consideró como “excesos que atentan contra el libre ejercicio de nuestra profesión”.

“¡Investigaciones sí, abusos no!”, concluyó en la carta.

Castañeda, quien defiende a la presidenta en un caso por presuntos actos de corrupción que gira en torno a la posesión de relojes de lujo, fue imputado debido a sus supuestos intentos para archivar las investigaciones contra Nicanor Boluarte al ofrecer “beneficios” al equipo policial que participó en la pesquisa. Al no conseguirlo, el abogado “habría concertado” con su clienta para “defenestrar” a la policía, señala la copia de la orden de detención.

En tanto, la fiscalía acusa al hermano de la presidenta de encabezar una organización que busca “copar el poder para obtener recursos económicos y reclutar afiliados para solventar y lograr la constitución del partido político ‘Ciudadanos por el Perú’, a fin de que sea utilizado como plataforma para mantener el poder en el aparato estatal y, con ello, obtener ganancias ilícitas”, según el documento judicial.

Al momento hay cuatro investigaciones abiertas en contra de la mandataria peruana. Una por el uso de lujosos relojes no declarados en sus bienes; otra por la muerte de manifestantes al inicio de su mandato; una más por lavado de dinero durante la campaña presidencial de su antecesor Pedro Castillo; y otra por abuso de autoridad en el desmantelamiento de un grupo policial encargado de colaborar con la fiscalía en las pesquisas contra Boluarte.