Estados de EEUU lejanos a la frontera sur se apresuran a aprobar leyes de inmigración
OKLAHOMA CITY, Oklahoma, EE.UU. (AP) — Estados gobernados por republicanos están tomando medidas a toda prisa para darle más poderes a la policía local para regular la inmigración y para imponer sanciones penales a las personas que viven en Estados Unidos sin autorización, mientras el tema de los migrantes que cruzan la frontera sur del país sigue siendo una cuestión central para las elecciones de 2024.
El gobernador de Oklahoma, el republicano Kevin Stitt, promulgó el martes un proyecto de ley que crea el nuevo delito de “ocupación impermisible”, el cual conlleva penas de hasta dos años en prisión por estar en la entidad de manera ilegal.
Oklahoma es uno de varios estados gobernados por republicanos que buscan un mayor papel en la aplicación de leyes migratorias en momentos en que republicanos y demócratas intentan sacar provecho político del asunto. Eso quedó claro en febrero, cuando el presidente Joe Biden y el expresidente Donald Trump visitaron la frontera de Estados Unidos con México el mismo día y forcejearon a distancia sobre quién es el responsable de que el sistema del país para controlar la inmigración se encuentre en tan mal estado y cómo corregirlo.
Estas son algunas cosas que hay que saber sobre las últimas iniciativas en varios estados para abordar el tema de la inmigración:
Los legisladores de Oklahoma siguieron el ejemplo de Texas, donde el gobernador Greg Abbott promulgó un proyecto de ley el año pasado que le permitiría al estado arrestar y deportar a las personas que ingresen a Estados Unidos de manera ilegal. Esa ley actualmente está suspendida mientras el Tribunal de Apelaciones del 5to Circuito sopesa una impugnación presentada por el Departamento de Justicia federal.
Los opositores dicen que la ley es el intento más drástico de un estado por controlar la inmigración desde una ley de Arizona creada hace más de una década, de la cual la Corte Suprema federal anuló algunas partes.
La ley de Oklahoma, que entra en vigor el 1 de julio, penaliza permanecer en el estado sin autorización legal. Una primera infracción sería considerada un delito menor y castigada con hasta un año de cárcel. A los infractores se les requeriría que salgan del estado dentro de las 72 horas posteriores a su liberación. A partir de la segunda violación será considerado un delito grave que conlleva hasta dos años de prisión.
“Quiero que nuestra comunidad hispana tenga la seguridad de que esta ley no otorga a las fuerzas del orden la autoridad para perfilar o interrogar a personas sobre su estatus migratorio sin una sospecha razonable de un delito”, dijo Stitt en un comunicado.
El presidente interino del Senado estatal, Greg Treat, quien presentó la propuesta en la cámara alta, expresó su frustración con el gobierno y el Congreso federales por no tomar medidas más definitivas para resolver el problema de la inmigración.
“El gobierno federal ha fracasado. El Congreso federal... no han hecho nada para tener un impacto en ello”, señaló el republicano Treat. “Así que, ¿qué podemos hacer? Podemos decir que tienes que estar legalmente en Oklahoma”.
Afuera del Capitolio estatal, más de 100 personas se manifestaron el martes en contra del proyecto de ley.
Sam Wargin Grimaldo, de 36 años, abogado del sur de Oklahoma City cuya madre emigró de México en 1979, pidió a los manifestantes que se empadronen para votar y se involucren más en la política.
Grimaldo dijo que muchos latinos de Oklahoma tienen miedo de la nueva ley.
“Nos sentimos atacados”, comentó Grimaldo, quien portaba una camiseta que decía: “Joven, latino y orgulloso”. “La gente tiene miedo de salir de sus casas si se propone un proyecto de ley como este y posteriormente se aprueba”, agregó.
El gobernador de Tennessee, Bill Lee, promulgó una ley que requiere a las agencias policiales ponerse en contacto con las autoridades federales de inmigración si hallan a personas que están en el país sin permiso, y las obliga a cooperar en el proceso de identificarlas, detenerlas y deportarlas. Ese proyecto de ley entra en vigor el 1 de julio. Otra propuesta en el estado permitiría aumentar las sentencias de prisión hasta cadena perpetua para quienes se encuentren en Estados Unidos ilegalmente y cometan un delito violento.
En Iowa, la gobernadora republicana Kim Reynolds promulgó hace unas semanas un proyecto de ley que tiene partes similares a la ley de Texas. Otro proyecto de ley similar al de Texas está avanzando en Luisiana. Y los legisladores de Idaho examinaban una iniciativa parecida, pero concluyeron su periodo de sesiones sin una aprobación.
Los legisladores de Georgia aprobaron un proyecto de ley que busca obligar a las autoridades penitenciarias a verificar el estatus migratorio de los reclusos, parte de una respuesta política al asesinato de una estudiante de enfermería en el campus de la Universidad de Georgia, presuntamente cometido por un venezolano.
El mes pasado, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, promulgó una ley con el fin de aumentar las sentencias de prisión para los migrantes que están en Estados Unidos sin autorización si son declarados culpables de delitos graves o por conducir sin licencia.
Al igual que la nueva ley de Texas, es casi seguro que muchos de los proyectos de ley sean impugnados en tribunales debido a que la inmigración es una cuestión federal, no estatal, en la Constitución de Estados Unidos, dijo Kelli Stump, abogada de inmigración de Oklahoma City y presidenta electa de la Asociación Americana de Abogados de Inmigración.
“Todo esto está hecho un desastre y el sistema no funciona, pero la Constitución señala que los estados deben lidiar con los asuntos estatales y los federales manejan los asuntos federales”, señaló Stump. “A la larga, esto acabará ante la Corte Suprema, si tuviera que apostar”.
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Los periodistas de The Associated Press Jonathan Mattise en Nashville, Tennessee, y Jeff Amy en Atlanta contribuyeron a este despacho.
