Biden promulga ley que amplía programa clave de vigilancia de EEUU

WASHINGTON (AP) — El presidente Joe Biden promulgó el sábado un proyecto de ley que reautoriza una ley clave para la vigilancia en Estados Unidos, luego que las divisiones sobre si se debe restringir al FBI el uso del programa para buscar datos de los estadounidenses casi obligaran a que la ley caducara.

Poco después que expirara el plazo a la medianoche, el Senado había aprobado el proyecto de ley por 60 votos a favor y 34 en contra horas antes, prorrogando dos años el programa conocido como Sección 702 de la Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera (FISA, por sus siglas en inglés). Biden agradeció a los líderes del Congreso por su trabajo.

"En el último momento, estamos reautorizando la FISA justo antes que expire a medianoche”, dijo el líder de la mayoría en el Senado, Chuck Schumer, cuando comenzó la votación sobre la aprobación final 15 minutos antes que expirara el plazo. “Durante todo el día, hemos insistido y persistido en tratar de lograr un gran avance y, al final, lo hemos conseguido”.

Funcionarios estadounidenses han señalado que la herramienta de vigilancia, que se autorizó por primera vez en 2008 y ha sido renovada varias veces desde entonces, es crucial para frustrar ataques terroristas, incursiones cibernéticas y espionaje extranjero, además de generar información de inteligencia en que el país ha confiado para operaciones específicas, como el asesinato del líder de la red Al Qaeda Ayman al-Zawahri en 2022.

“Si se llega a pasar una pieza clave de inteligencia, se puede pasar algún evento en el extranjero o poner a las tropas en peligro”, dijo el senador Marco Rubio, el republicano de mayor rango en la Comisión de Inteligencia del Senado. “Se puede pasar por alto un complot para afectar al país aquí, en el interior, o en otro lugar. Así que en este caso concreto, hay implicaciones en la vida real”.

La propuesta renovará el programa, que permite al gobierno de Estados Unidos recopilar, sin necesidad de una orden judicial, las comunicaciones de personas no estadounidenses fuera del país para recabar información de inteligencia extranjera. La reautorización enfrentó un largo camino lleno de altibajos hasta su aprobación definitiva, luego que meses de enfrentamientos entre defensores de la privacidad y partidarios de la seguridad nacional hicieron que se agotara el plazo oficial.

Aunque técnicamente el programa de espionaje expiraba a medianoche, el gobierno de Biden indicó que esperaba que su autoridad para recabar información siguiera operativa al menos un año más, gracias a un dictamen emitido a principios de mes por la Corte de Vigilancia de Inteligencia Extranjera, que recibe las solicitudes de vigilancia.

Sin embargo, funcionarios habían dicho que esa aprobación judicial no debería sustituir a la del Congreso, especialmente porque las empresas de comunicación podrían dejar de cooperar con el gobierno si no se renovaba la iniciativa.

Horas antes de que la ley expirara, las autoridades estadounidenses ya estaban en problemas después que dos grandes proveedores de comunicaciones del país afirmaran que dejarán de cumplir las órdenes del programa de vigilancia, según una persona familiarizada con el asunto que habló bajo condición de anonimato para tratar negociaciones privadas.

El secretario de Justicia, Merrick Garland, elogió la reautorización del plan y reiteró que es una herramienta “indispensable” para el Departamento de Justicia.

“Esta reautorización de la Sección 702 otorga a Estados Unidos la autoridad para seguir recopilando información de inteligencia extranjera sobre personas no estadounidenses situadas fuera de Estados Unidos, al tiempo que codifica importantes reformas que el Departamento de Justicia ha adoptado para garantizar la protección de la privacidad y las libertades civiles de los estadounidenses”, declaró Garland en un comunicado el sábado.

Sin embargo, a pesar de la insistencia del gobierno de Biden y de las sesiones informativas confidenciales celebradas esta semana con los senadores sobre el papel crucial que, según ellos, desempeña el programa de espionaje en la protección de la seguridad nacional, un grupo de legisladores progresistas y conservadores, que estaban agitando el debate para que se introdujeran más cambios, se negaron a aceptar la versión del proyecto de ley que la Cámara de Representantes envió la semana pasada.

Los legisladores habían pedido que Schumer permitiera que se celebrara la votación de enmiendas a la ley para abordar lo que consideran lagunas del proyecto en materia de libertades civiles. Al final, Schumer logró llegar a un acuerdo para que los detractores pudieran votar a favor de sus enmiendas a cambio de acelerar el proceso de aprobación.

Al final, las seis enmiendas no obtuvieron el apoyo necesario en el pleno para ser incluidas en la aprobación final.

Uno de los principales cambios propuestos por los opositores se centraba en restringir el acceso del FBI a información sobre estadounidenses a través del programa. Aunque la herramienta de vigilancia sólo tiene como objetivo a no estadounidenses en otros países, también recopila comunicaciones de ciudadanos estadounidenses cuando están en contacto con esos extranjeros. El senador Dick Durbin, segundo demócrata de mayor rango en la cámara, ha estado impulsando una propuesta que exigirá a los funcionarios de Estados Unidos obtener una orden judicial antes de acceder a las comunicaciones de los estadounidenses.

“Si el gobierno quiere espiar mis comunicaciones privadas o las comunicaciones privadas de cualquier estadounidense, debe obtener la aprobación de un juez, tal y como pretendían nuestros padres fundadores al redactar la Constitución”, declaró Durbin.

En el último año, funcionarios de Estados Unidos han revelado una serie de abusos y errores cometidos por analistas del FBI al consultar indebidamente el repositorio de inteligencia para obtener información sobre estadounidenses u otras personas en Estados Unidos, incluidos un miembro del Congreso y participantes en las protestas por la justicia racial de 2020 y los disturbios del 6 de enero de 2021 en el Capitolio federal.

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El periodista de The Associated Press Eric Tucker contribuyó a este despacho.