AP Explica: por qué investigan a la presidenta de Perú y qué efecto podría tener en su gobierno
LIMA (AP) — Perú vive un nuevo capítulo de su larga crisis política con la presidenta Dina Boluarte en el ojo de la tormenta por una investigación por presunto enriquecimiento ilícito que activó pedidos de renuncia en el Parlamento y protestas en contra de su impopular gobierno.
El viernes la mandataria, una abogada de 61 años, salió después de cinco horas de la Fiscalía General donde fue interrogada en una sesión cerrada al público. El edificio de la fiscalía, ubicado en el centro histórico de Lima, estaba rodeado por rejas, policías antimotines y periodistas.
Boluarte llegó al poder en julio de 2021 como vicepresidenta y ministra del presidente Pedro Castillo. En diciembre de 2022 se convirtió en mandataria sucediendo a Castillo, destituido por el Parlamento y preso mientras es investigado por corrupción. Antes de 2021, era una modesta funcionaria de una oficina de registro de identidad.
La mandataria no cuenta con bancada parlamentaria y tiene una imagen negativa que supera el 80%, pero para continuar en el poder ha tejido una serie de acuerdos con diversos grupos políticos que en su totalidad tienen la mayoría en el Parlamento y que han permitido neutralizar varios intentos de destitución.
“Ha hipotecado su gestión a una coalición de partidos de extrema derecha”, dijo a The Associated Press Alonso Cárdenas, profesor de Ciencia Política de la Universidad Antonio Ruíz de Montoya.
Perú, que ha sido gobernado por seis presidentes en seis años, aún no se recupera de la recesión económica de 2023, sufre la peor epidemia de dengue de su historia y experimenta un incremento de la delincuencia.
Boluarte es investigada desde mediados de marzo por la Fiscalía General por los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito y omisión de declarar bienes en agravio del Estado. La presidenta presuntamente no ha consignado relojes de lujo, joyas, ni un depósito por 400.000 dólares en su declaración de ingresos y bienes que están obligados a hacer todos los funcionarios.
Por sus privilegios como presidenta no puede ser acusada ante un juez, como el resto de los ciudadanos, aún cuando los investigadores encuentren motivos fundamentados para hacerlo.
La investigación se inició luego de que el programa periodístico local “La Encerrona” difundió el 14 de marzo un reportaje que mostraba cómo la mandataria usaba públicamente varios relojes, en especial uno marca Rolex valuado en al menos 14.000 dólares que triplica su sueldo mensual de 4.200 dólares.
Luego otros programas detectaron que Boluarte usó al menos otros dos relojes de esa marca y una pulsera de oro con diamantes marca Cartier de más de 54.000 dólares, además de anillos y collares. La ley indica que un funcionario está obligado a declarar joyas cuyo precio supere los 2.791 dólares.
La mandataria no ha explicado cómo llegaron a sus manos los costosos relojes y joyas. Tampoco ha dicho si fueron comprados o regalados, sólo admitió poseer un Rolex que dijo que era de “antaño” y que adquirió con el fruto de su trabajo.
A inicios de esta semana los fiscales no lograron interrogar a Boluarte ni observar los cuestionados relojes en diligencias frustradas por la mandataria. El Viernes Santo el Ministerio Público y la policía rompieron la cerradura de la puerta de la casa de la presidenta e ingresaron en busca de los relojes de lujo, un acontecimiento inédito en la historia de Perú.
En la casa de la mandataria se halló un tarjetero de la marca Rolex con un documento de garantía que contenía un código de un reloj de esa marca.
Luego se allanó sin éxito el palacio presidencial, dijo Mateo Castañeda, abogado de la presidenta.
El ingreso por la fuerza a su casa fue criticado por Boluarte, quien calificó a la diligencia de “ilegal”.
Al final de su investigación la Fiscalía puede presentar una denuncia constitucional ante el Parlamento que, luego de un trámite dentro de una comisión y la votación de los legisladores, puede quedar lista para enviarse ante un juez apenas finalice el gobierno de Boluarte el 28 de julio de 2026.
Mientras tanto, la mandataria puede ser investigada de forma preliminar por la Fiscalía, incluyendo allanamientos, incautaciones, el levantamiento del secreto bancario y el rastreo de sus comunicaciones. Lo único que no se puede realizar en este periodo es un arresto preventivo.
Boluarte, cuya impopularidad subió al 86% en marzo según una encuesta del Instituto de Estudios Peruanos, lidera un gobierno débil y cada vez más dependiente del Congreso.
“No tiene gestión pública, el rechazo es mayoritario, los problemas de la ciudadanía son muy graves y este tipo de escándalos como el de los relojes Rolex se seguirán dando", dijo el profesor Cárdenas.
La víspera los partidos de derecha del Parlamento rechazaron dos pedidos para destituir a Boluarte promovidos por un bloque fuerzas de izquierda que no alcanzaron los 48 votos necesarios para pasar al debate.
Esto se debe a que Boluarte ha sido una herramienta clave para ellos al permanecer en silencio mientras los legisladores aprueban reformas que lentamente están “desmantelando la democracia” para poder mantenerse en el poder, dijo a AP Will Freeman, investigador de estudios latinoamericanos en el Consejo de Relaciones Exteriores, un centro de investigación sin fines de lucro.
“Para ellos, Boluarte es sólo un títere”, dijo Freeman. “Ella estará a salvo mientras y sólo mientras sus protectores en el Congreso decidan que todavía les es útil. Y en el momento en que se le acabe el servicio, la van a abandonar”.
Para ser destituida Boluarte debería ser interrogada en el Parlamento o enviar a su abogado en su representación y se necesitarían los votos de 87 de los 130 congresistas.
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La periodista de AP Megan Janetsky contribuyó con este despacho desde México.
