AP EXPLICA: ¿Quién es Salvatore Mancuso, el exjefe paramilitar que busca la libertad en Colombia?
BOGOTÁ (AP) — La reciente deportación a Colombia del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso, quien fue uno de los protagonistas del conflicto armado del país, sacudió la escena política y judicial, después de que el presidente Gustavo Petro le encargara participar en conversaciones de paz y de que aquel dijera estar dispuesto a revelar vínculos de las acciones paramilitares con agentes estatales, empresarios y políticos.
Tras pagar una sentencia por narcotráfico en Estados Unidos, Mancuso fue recluido en una cárcel de Bogotá, desde donde busca la libertad. Aún tiene cuentas pendientes por miles de delitos —la mayoría por línea de mando— cuando comandaba en las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
Las peticiones de libertad que han hecho su defensa y el gobierno han generado un choque de competencias entre tribunales —algunos la conceden y otros la niegan— lo que ha mantenido en vilo su futuro inmediato. Y de eso depende que pueda facilitar diálogos con organizaciones armadas.
The Associated Press explica algunos datos sobre su trayectoria criminal y sus deudas ante la justicia.
Mancuso nació el 17 de agosto de 1964 en Montería, al norte, en una familia colombo-italiana. En esa región tradicionalmente ganadera, inició su trayectoria criminal.
Era la época en la que Colombia tenía varias guerrillas de izquierda activas y se habían formado grupos de civiles armados que las combatían alegando legítima defensa para proteger sus tierras. Para 1992, el ganadero Mancuso ya ofrecía información al Ejército y se vinculaba a operaciones contrainsurgentes, según relata el informe final de la Comisión de la Verdad, entidad sin funciones judiciales encargada de ayudar a esclarecer el largo conflicto colombiano.
Poco después, Mancuso se unió a Carlos y Vicente Castaño, quienes en 1997 consolidaron las Autodefensas Unidas de Colombia. Al inicio eran pequeños grupos ilegales que lograron tener más de 30.000 armados.
Mancuso comandó los Bloques Norte, Montes de María, Córdoba y Catatumbo. Fue su representante en los diálogos de paz con el gobierno que derivaron en su desmovilización en 2004.
Como comandante paramilitar, acumuló miles de crímenes por los que está respondiendo desde que dejó las armas, entre los que hay cruentas masacres como las de El Aro y La Granja en las que mataron a decenas de personas acusándolas de apoyar o pertenecer a guerrillas. Tiene tres sentencias en su contra que suman decenas de años de cárcel, pero gracias al acuerdo de desmovilización, se redujeron a ocho años.
Aún tiene imputaciones por 34.000 crímenes que incluyen 13.000 desplazamientos, 12.000 homicidios, 4.700 crímenes de guerra y 880 de violencia de género, ejecutados por comandos a su cargo.
En 2008, Mancuso fue extraditado sigilosamente por el gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010) a Estados Unidos junto a 13 líderes paramilitares requeridos por narcotráfico.
Fue sentenciado a más de 15 años de prisión por fabricación y envío de más de 100.000 kilogramos de cocaína cuando era paramilitar. Mancuso admitió que desde la década de 1990 hasta 2004, dirigió a los paramilitares que controlaban grandes áreas donde se producía cocaína. El lucro del narcotráfico fue utilizado para reunir y armar a más de 30.000 paramilitares.
También admitió que transportaron cocaína en embarcaciones hacia Estados Unidos y cobraban impuestos a otros narcotraficantes que transitaban por sus territorios.
El exparamilitar terminó de pagar su pena en Estados Unidos en 2020, pero permaneció cuatro años allí en espera de resolver su situación migratoria. Sus abogados pidieron en tribunales aplazar su expulsión a Colombia, donde Mancuso alegó que su vida correría riesgo. Su otra opción era Italia, dada su ascendencia familiar. Ninguna opción prosperó.
Mancuso llegó el 27 de febrero a Colombia, tras ser deportado. Por tener procesos judiciales abiertos fue de inmediato recluido en una cárcel. Sin embargo, intenta recuperar la libertad porque alega que ya cumplió con suficientes años de prisión tanto en Estados Unidos como en Colombia, donde estuvo en prisión desde 2006 hasta 2008.
En su caso hay un conflicto de competencias entre tribunales que le han impedido obtener la libertad. La Jurisdicción Especial para la Paz, que juzga desde hace siete años a miembros de la extinta guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, y los tribunales de Justicia y Paz —desde 2005 para los paramilitares— se disputan quién debe conocer las causas pendientes de Mancuso.
En Justicia y Paz una juez aceptó otorgarle la libertad por cuatro años, pero la condicionó a que no tuviera más cuentas pendientes. No se hizo efectiva debido a que tiene 47 órdenes de privación de la libertad en dos tribunales diferentes: uno de ellos accedió a suspenderlas y el otro no.
Su defensa apeló y decidirá la Corte Suprema de Justicia.
Pero hay más inconvenientes. La JEP declaró que tiene la competencia prevalente y exclusiva sobre las conductas delictivas de Mancuso, lo que dejaría sin poder de decisión sobre su libertad a Justicia y Paz. El asunto será dirimido por la Corte Constitucional.
Ante la JEP, Mancuso podría tener acceso a sanciones que no implican privación de la libertad a cambio de contribuir con su verdad sobre el conflicto, mientras que en Justicia y Paz podría seguir en la cárcel.
Alejandro Alvarado, abogado y coordinador de Gobernabilidad y Democracia de la Fundación Paz y Reconciliación, apuntó a The Associated Press que la vía es más severo para los paramilitares: “Mientras Justicia y Paz logró privar de la libertad a los máximos responsables del paramilitarismo, ante la JEP las FARC sólo han llegado a comparecer ante los magistrados y las víctimas”.
El presidente Petro, quien en su juventud perteneció a una extinta guerrilla, designó a Mancuso como “gestor de paz”, una figura para que colabore en los acercamientos del gobierno con grupos armados. El propio Petro solicitó a las autoridades suspender las órdenes de captura tan pronto regresara a Colombia.
No está claro en qué negociaciones participaría Mancuso. Sin embargo, Petro abrió la puerta para dialogar con el Clan del Golfo, de herencia paramilitar y el mayor cártel de narcotráfico activo.
Mancuso ha prometido que revelará detalles del conflicto armado. En versiones reservadas ante la JEP, ha nombrado a más de 300 personas, entre las que hay exfuncionarios estatales y exmandatarios como Álvaro Uribe Vélez (2002-2010), a quien Mancuso señaló de haber conocido como gobernador de Antioquia (1995-1997) de la masacre cometida en El Aro. Uribe lo negó.
Además, dice tener detalles inéditos. En una entrevista reciente, aseguró que Petro llegó a ser un objetivo y que planearon atentar contra su vida, pero no reveló ni quién lo ordenó ni cuándo. También indicó que les pidieron participar en un golpe de Estado en Venezuela y en el asesinato del expresidente venezolano fallecido Hugo Chávez. Planes que nunca se ejecutaron.
