Fuertes críticas académicas al "juicio del siglo" en el Vaticano

CIUDAD DEL VATICANO (AP) — Varios abogados prominentes han publicado críticas académicas y opiniones legales lapidarias sobre el reciente “juicio del siglo” en el Vaticano, en las que destacan violaciones de derechos básicos de la defensa y normas del estado de derecho que, advierten, podrían tener consecuencias para la Santa Sede en lo sucesivo.

Las opiniones mencionan el papel del papa Francisco, quien modificó secretamente el derecho vaticano cuatro veces durante la investigación en beneficio de los fiscales. Y ponen en tela de juicio la independencia e imparcialidad de un tribunal cuyos jueces juran fidelidad al pontífice, quien puede designarlos y destituirlos a voluntad.

Las críticas subrayan los problemas crecientes en la escena internacional para ese microestado particular que es la Santa Sede: una monarquía absoluta en la que el papa ejerce a discreción los poderes legislativo, ejecutivo y judicial.

Las opiniones legales probablemente aparecerán en las apelaciones dentro del sistema judicial vaticano de las nueve personas condenadas en diciembre por delitos financieros vinculados con la chapuceada inversión de 350 millones de euros (380 millones de dólares) en una propiedad inmobiliaria en Londres. Y podrían plantearlas durante el examen de la conformidad de la Santa Sede con las normas europeas que está realizando el Consejo de Europa.

Durante las audiencias a lo largo de dos años, los abogados defensores presentaron muchas objeciones como las que plantean ahora los analistas. Pero el tribunal presidido por el juez Giuseppe Pignatone las rechazó en forma reiterada.

Tras conocerse los primeros veredictos, el director editorial del Vaticano, Andrea Tornielli, insistió que el proceso había sido justo, que los jueces actuaron de manera independiente y que el proceso se desarrolló “con pleno respeto a las garantías para los sospechosos”.

Geraldina Boni, profesora de derecho canónico y eclesiástico de la Universidad de Bolonia y asesora de la oficina legal del Vaticano, disintió en un artículo publicado el lunes en la revista legal revisada por colegas de la Universidad de Milán.

En el artículo en que colaboraron los expertos legales Manuel Ganarin y Alberto Tomer, Boni escribió que los cuatro decretos ejecutivos redactados por Francisco durante la investigación dieron a los fiscales “esencialmente y de manera algo surrealista ‘carta blanca’” para elaborar su causa sin la supervisión de un juez.

Los decretos, jamás publicados, autorizaron a los fiscales a interceptar las comunicaciones de los sospechosos y tomar “cualesquiera” medidas de precaución en su contra que fuesen necesarias, incluso aunque se desviaran de la ley vigente. La defensa solo se enteró de su existencia cuando el juicio había comenzado.

Boni, quien dijo que se le pidió una opinión legal para la defensa del cardenal Angelo Becciu, condenado por malversación de fondos, dijo que los decretos representaban una violación flagrante del derecho a un juicio justo, que exige “igualdad de armas” entre la defensa y la fiscalía.

“Es evidente que a las personas investigadas en la causa se las colocó en una situación de desventaja sustancial y onerosa, dado que desconocían por completo los nuevos poderes investigativos de la fiscalía y, por tanto, no podían prever razonablemente las consecuencias de sus acciones”, escribió en “Iglesia, Estado y pluralismo confesional”.

Francisco aparentemente trató de justificar las medidas tomadas para poner en marcha el juicio, al advertir al personal de la corte en 2023 que “eviten el riesgo de confundir el dedo con la luna” y no permitan obstáculos en el camino del bien mayor.

Pero Boni sostuvo que en el derecho penal y procesal el fin no puede justificar los medios. Semejante actitud, dijo, “puede al fin y al cabo justificar cualquier conducta y cualquier utilización del poder soberano en la búsqueda a toda costa de los culpables”.

Aunque el tribunal intentó compensar semejantes “abusos inaceptables”, las anomalías fueron tan graves que “invalidaron totalmente la justicia del proceso, entrando en una violación del derecho divino al cual está sujeto incluso el papa”.

Paolo Cavana, profesor de derecho canónico y eclesiástico en la Universidad LUMSA, afiliada al Vaticano, sostuvo que la Santa Sede está sujeta a las normas europeas que garantizan un juicio justo “por un tribunal independiente e imparcial, aunque no firmó la Convención Europea de Derechos Humanos.

En la misma publicación en la que escribió Boni, Cavana sostuvo que la Santa Sede se comprometió sostener los principios fundamentales de la convención cuando acordó con la UE en 2009 que utilizaría el euro como moneda oficial.

Pero dijo que es discutible si los jueces del Vaticano son verdaderamente independientes, “dado el carácter invasivo de los poderes del pontífice”.

Es evidente que los decretos papales ejercieron sobre los jueces “una fuerte presión acerca del desenlace del juicio mismo”, escribió.

Cavana, quien desde 2019 es asesor de la premier italiana en materia de asuntos eclesiásticos y del Vaticano, advirtió que Italia y otros Estados podrían no reconocer las sentencias de un tribunal si consideran que sus jueces no son independientes e imparciales.

El abogado británico de derechos humanos Rodney Dixon sostuvo lo mismo en unba opinión legal preparada a pedido del acusado Raffaele Mincione. Dijo que los países deberían negarse tanto a cooperar con el tribunal del Vaticano como a respetar sus veredictos, ya que el juicio fue “alterado por violaciones sustanciales de las obligaciones legales internacionales ampliamente reconocidas que son aplicables a todos los procesos penales”.

Dixon, que ha sido abogado ante la Corte Penal Internacional, la Corte Internacional de Justicia y la Corte Europea de Derechos Humanos, mencionó los cuatro decretos papales, la negativa del tribunal a permitir que Mincione convocara a siete testigos y la negativa de la fiscalía a entregar todas las pruebas a la defensa.

Pignatone, el presidente del tribunal, rechazó todos los argumentos de la defensa de que los acusados no estaban recibiendo un juicio justo y hasta excluyó el testimonio del acusado Gianluigi Torzi, arrestado y detenido durante 10 días sin cargos como resultado de los poderes especiales otorgados por el papa a los fiscales.

En una ordenanza del 1 de marzo de 2022, Pignatone dijo que si bien el Vaticano no había ratificado las convenciones internacionales de derechos humanos, había incorporado plenamente sus principios en sus propias leyes.

Señaló que cortes suizas e italianas han reconocido la independencia e imparcialidad de los jueces vaticanos y que en el ejercicio de su tarea, los jueces del Vaticano están “sujetos solamente a derecho”.