AP Explica: qué buscan las marchas de inconformes con el gobierno de Gustavo Petro en Colombia
BOGOTÁ (AP) — Miles de colombianos salieron el miércoles a manifestarse en las calles de ciudades capitales en oposición al gobierno del izquierdista Gustavo Petro, en lo que ya se han convertido en convocatorias recurrentes con reclamos diversos contra las reformas del gobierno.
Las fuerzas de derecha poco habituadas a llamar a la protesta en Colombia, comenzaron a movilizarse después de que en agosto de 2022 Petro asumiera como el primer presidente de tendencia de izquierdas en un país que siempre había sido gobernado por conservadores y moderados.
En las protestas del miércoles participaron más de 50.000 personas, según cifras de la policía colombiana.
Petro ha tenido como prioridad impulsar ambiciosas reformas sociales que cambien estructuralmente los sistemas de salud, pensiones y laboral. Sin embargo, ninguna ha sido aprobada por el Congreso, donde no tiene mayoría asegurada.
AP explica en qué consisten las reformas y por qué generan descontento en algunos sectores.
La reforma más avanzada en el Congreso es la de la salud, que ya fue aprobada en dos debates de la Cámara de Representantes, por lo que le restan dos más en el Senado. Sin embargo, ha sido una de las más polémicas porque busca modificar el sistema que rige hace 30 años para convertirlo en uno con menos intermediación de privados y en el que el Estado tenga un mayor control del dinero y del servicio.
“Petro pretende estatizar el sistema de salud”, advirtió a la AP el senador opositor Miguel Uribe, del partido Centro Democrático. En su opinión, con la reforma, Colombia retrocedería al sistema estatal que rigió hasta 1990 en el que la cobertura era mínima y el pago por los servicios alto, afectando a las personas de menores ingresos.
El gobierno, por el contrario, considera que el nuevo sistema supondría mayor cobertura, especialmente en las zonas rurales y vulnerables. Además, asegura que bajaría la corrupción en el sistema al dejar la intermediación con privados para el pago de servicios a los hospitales.
Por otro lado, la reforma laboral, que está en la primera discusión en el Congreso, fue propuesta por el gobierno con la idea de mejorar la inestabilidad laboral y “dignificar” al trabajador. Pero ha tenido alta resistencia de los gremios y sectores económicos que creen que podría aumentar la informalidad, por los altos costos que tendría la contratación formal, y llegaría en un momento complejo de la economía que el año pasado sólo creció un 0,6%.
En la reforma al sistema de pensiones, que ya pasó un debate de cuatro, el gobierno busca darle al fondo estatal mayor control y menos cabida a los fondos privados de pensiones, así como un bono para los ancianos que no tienen pensión.
Para Uribe, se obligaría a las personas a entregar el ahorro que actualmente tienen en los privados al estatal, con una promesa de que a futuro podrán recibir una pensión: “Resulta que eso podría no pasar nunca, porque hay más gasto que ingreso”.
Para Yann Basset, profesor de Ciencia Política de la Universidad del Rosario, se ha generado una especie de pulso en la calle, dado que, así como lo hace la derecha, el gobierno también suele convocar marchas apoyadas generalmente por los sindicatos. Las movilizaciones acompañan en paralelo las pugnas que existen en el Congreso por las reformas del gobierno, apuntó Basset a The Associated Press.
Al tiempo que se desarrollaron las protestas del miércoles, en el Congreso no se pudo adelantar el debate de la reforma a las pensiones por falta de quórum. Petro reclamó a los legisladores desde su cuenta de X, antes Twitter, que si no se debate la reforma “millones de ancianos no tendrán la opción de un bono pensional y los fondos privados de pensiones irán a la quiebra”.
Carlos Andrés Arias Orjuela, consultor en comunicación política, aseguró a la AP que las marchas llegan cuando Petro está reajustando su estrategia al advertir que puede que no termine de gobernar en términos de política pública efectiva en su mandato. Por eso, indica el analista, se ha empezado a rodear de alfiles que “independientemente de su preparación para los cargos, representen su filiación ideológica” para ganar incidencia mediática con victorias relativamente pequeñas.
Por ejemplo, del presupuesto estatal darán un bono de cerca de 57 dólares a medio millón de personas de más de 80 años, lo que representa un aumento de los 20 dólares que reciben actualmente.
Gustavo Bolívar, recién posesionado director del Departamento de Prosperidad Social y hombre de confianza del presidente, explicó el martes a la prensa que la promesa de campaña era dar un bono a tres millones de adultos mayores, pero es “imposible” sin la reforma.
Tanto los sectores opositores como el gobierno han reclamado que la democracia está en peligro en Colombia.
“Y no, y no, y no me da la gana, una dictadura como la cubana”, coreaban en la última convocatoria del miércoles en Bogotá algunos manifestantes. Hacían referencia a ese temor al que aluden algunos sectores desde la campaña presidencial de que Petro busque quedarse en el poder, pese a que en el país no está permitida la reelección.
Por su parte, Petro ha denunciado que desde la Fiscalía se estaría presionando para sacarlo del cargo, por lo que instó a sus partidarios a las calles, ante lo que denominó una “ruptura institucional”. La Corte Suprema de Justicia tiene a su cargo la elección de una nueva fiscal, de una terna propuesta por Petro.
Para Basset, no hay actualmente peligro para la democracia en Colombia, ya que considera que Petro no trataría de gobernar más de lo permitido, sino de tener un candidato de continuidad que evite que la derecha vuelva al poder. Tampoco ve que haya una ruptura institucional como denunció el presidente, porque las instituciones están en su papel, aunque sí hay una tensión con la actual Fiscalía.
