Un atentado destruyó un centro judío argentino en 1994. ¿Qué ha pasado desde entonces?
BUENOS AIRES (AP) — El 18 de julio de 1994 ocurrió el peor atentado en la historia de Argentina. Una explosión destruyó la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) en Buenos Aires y dejó un saldo de 85 fallecidos y más de 300 heridos.
Los primeros reportes establecieron que el ataque contra el centro judío se realizó con un coche bomba y los fiscales responsabilizaron a exfuncionarios iraníes que habrían operado con Hezbollah y el apoyo de una conexión local.
Las autoridades han mantenido estas conclusiones, pero en los últimos 30 años ningún autor material o intelectual ha sido condenado. En este tiempo la causa ha cambiado de manos, se han sumado denuncias —incluso contra dos expresidentes de la nación— y uno de los fiscales a cargo murió en condiciones sospechosas.
Estos son algunos de los puntos centrales en torno al caso AMIA.
Ocurrió dos años después de otro atentado que dejó más de 20 muertos y 242 heridos. El 17 de marzo de 1992, otra explosión demolió el edificio de la embajada de Israel en Buenos Aires. Según el gobierno, éste fue el primer atentado internacional perpetrado contra Argentina y responsabilizó a Irán.
La comunidad judía argentina es la más grande de América Latina y la quinta mayor del mundo. Su población en Buenos Aires es de aproximadamente 180.000 personas y se estima que en todo el país asciende a unas 230.000, según Daniel Pomerantz, director ejecutivo de la AMIA.
La primera hipótesis oficial señaló que un conductor suicida manejaba el auto que, a su vez, proporcionó el argentino Carlos Telleldín. A la fecha no ha quedado claro quién fue el intermediario entre Telleldín e Irán, pero los fiscales siempre señalaron a exfuncionarios iraníes y al grupo libanés Hezbollah de estar detrás del atentado.
Tras el juicio oral, que se desarrolló entre 2001 y 2004 y convocó a 1.500 testigos, un tribunal consideró que el juez había perdido imparcialidad y todos los imputados fueron absueltos.
Una segunda causa se abrió para investigar a posibles responsables de haber cometido irregularidades durante la investigación. Entre ellos estuvo el primer juez a cargo de la causa y el expresidente Carlos Menem, señalado por encubrimiento y absuelto en 2019.
El fiscal quedó a cargo de la causa en 2005, pero cobró notoriedad internacional en 2015, cuando apareció muerto en su departamento con un tiro en la cabeza cuatro días después de haber presentado una denuncia contra la entonces presidenta Cristina Fernández por el presunto encubrimiento de los iraníes señalados por el atentado.
Aunque las primeras investigaciones afirmaron que Nisman se suicidó, un peritaje posterior arrojó que se trató de un homicidio. El caso no se ha esclarecido.
Según la denuncia de Nisman, Fernández, su entonces canciller Héctor Timmerman y otros habrían orquestado o colaborado en una confabulación para dotar de impunidad a los imputados en la causa AMIA.
Los antecedentes de la denuncia se remiten a 2006, cuando Nisman pidió la detención del entonces presidente iraní, su canciller y otros funcionarios, así como del jefe operativo de Hezbollah. Un juez emitió la orden de captura internacional contra nueve personas consideradas los autores intelectuales del atentado y en 2007 Interpol giró circulares rojas contra cinco de los señalados.
Irán nunca aceptó responsabilidad alguna en el atentado ni extraditar a los acusados.
En 2012, Fernández pidió a Timmerman negociar con Irán en torno a la causa y el resultado fue un “Memorándum de entendimiento” que se firmó un año después y en teoría propiciaría el avance de la investigación. El documento eventualmente se señaló como un medio para garantizar impunidad, pues ente otras cosas propiciaría el cese de las notificaciones rojas de Interpol.
La denuncia de Nisman añadía que se dieron otros presuntos indicios de encubrimiento que habrían obedecido a razones comerciales y políticas.
Fernández, quien también está acusada de presunto lavado de dinero y asociación ilícita por otra causa, aún aguarda el juicio por el supuesto encubrimiento. Por años le protegió el fuero que le concedió una posterior senaduría y siempre ha negado las acusaciones, alegando que el memorándum pretendía facilitar el interrogatorio a los imputados.
Tras la muerte de Nisman, se designaron nuevos fiscales y la causa sigue abierta.
Miguel Bronfman, abogado de la AMIA, rechazó un pedido de AP para comentar los detalles más actuales del caso.
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