Las amenazas a la seguridad electoral en EEUU aumentan. La financiación federal para afrontarlas no
WASHINGTON (AP) — Con la temporada electoral de Estados Unidos ya en marcha, algunos funcionarios electorales estatales están expresando su frustración por el hecho de que el Congreso aún no haya asignado los fondos federales de los que dependen para ayudar a cubrir los costos de proteger sus sistemas contra posibles ataques, actualizar equipos y capacitar al personal.
Los funcionarios electorales enfrentan una larga lista de retos este año, entre los que se incluyen posibles ciberataques por parte de gobiernos extranjeros, ataques de “ransomware” por parte de bandas criminales, y la persistencia de la desinformación electoral que ha llevado al acoso de funcionarios electorales y erosionado la confianza pública.
La secretaria de Gobierno de Michigan, Jocelyn Benson, calificó de “desmoralizador y decepcionante” que el gobierno federal no se haya comprometido a invertir en las elecciones presidenciales de este año.
“Estamos gestionando unas elecciones federales que son la base de quién tiene el poder a nivel federal y tratando de gestionar un montón de riesgos y retos que no han hecho más que aumentar en los últimos años”, dijo Benson, una demócrata. “Nos hace sentir que estamos solos”.
Desde las elecciones de 2016 y de la decisión del gobierno federal de agregar los sistemas de votación de la nación a su lista de infraestructura crítica, el Congreso ha enviado 995 millones de dólares a los estados a fin de cubrir tareas de administración y seguridad electoral.
En Colorado, el dinero se ha utilizado para desarrollar un sistema que permita a los votantes realizar un seguimiento de sus papeletas y pagar la formación de los funcionarios electorales. Los funcionarios de Florida destinaron el dinero a aumentar la seguridad del sistema de registro de votantes del estado. En otros lugares, el dinero federal se ha utilizado para sustituir equipos de votación y añadir personal de ciberseguridad.
La mayor parte se asignó antes de las elecciones de 2020, cuando los estados aumentaron las defensas de ciberseguridad, y se ha agotado. Otros 400 millones de dólares debían destinarse a gastos electorales relacionados con la pandemia de 2020.
La última parte de la financiación relacionada con las elecciones fue de 75 millones de dólares aprobados por el Congreso en diciembre de 2022. Las asignaciones estatales oscilaron entre 5,8 millones de dólares para California y 1 millón de dólares para Nevada.
“Solo las elecciones de Los Ángeles cuestan 75 millones de dólares”, dijo Kathy Boockvar, exdirectora de funcionarios electorales en Pensilvania. “No creo que los funcionarios electorales hayan tenido expectativas de 400 millones de dólares. La gente ha esperado 75 millones de dólares, y no está claro si incluso eso llegará”.
Las negociaciones sobre el presupuesto federal se han visto envueltas en disputas partidistas, y los organismos funcionan en su mayoría con los niveles de gasto aprobados para 2023. El Congreso sólo ha podido aprobar planes de financiación temporales, que abarcan unos pocos meses cada vez. La próxima fecha límite es el 1 de marzo, día en que expira el plan de financiación temporal más reciente para algunos departamentos y una semana más tarde para otros. El gobierno enfrenta la posibilidad de un cierre si no se aprueban nuevos fondos.
Incluso si se llega a un acuerdo, no hay garantía de que incluya nuevos fondos para las elecciones. El año pasado, los republicanos de la Cámara de Representantes calificaron las subvenciones para la seguridad electoral de “gasto superfluo” y no asignaron dinero para ello en su proyecto de gastos. En su lugar, se han centrado en iniciativas que prohibirían a las organizaciones privadas proporcionar dinero a las oficinas electorales.
“Los estadounidenses merecen tener confianza en nuestras elecciones, lo que significa que las elecciones deben estar libres de influencias privadas indebidas”, dijo en una audiencia reciente el representante republicano por Wisconsin Bryan Steil, quien preside la Comisión de Administración de la Cámara de Representantes.
Se está negociando una propuesta del Senado de 75 millones de dólares para la seguridad electoral como parte del paquete final de gasto.
“Administrar unas elecciones libres y justas es un trabajo de todo el año que requiere planificación y recursos, y los funcionarios electorales en la primera línea de nuestra democracia necesitan un flujo constante de financiación para que puedan hacer cosas como reemplazar equipos obsoletos, reforzar la ciberseguridad y seguir el ritmo de las nuevas tecnologías”, dijo en un comunicado la senadora demócrata por Minnesota Amy Klobuchar.
En Carolina del Norte, los funcionarios electorales estatales han tenido que tomar algunas decisiones difíciles, ya que las necesidades han superado la financiación estatal y federal.
La junta electoral estatal de Carolina del Norte ha eliminado uno de sus puestos de ciberseguridad, y se ha visto obligada a recortar en otras áreas para satisfacer algunas de las necesidades de seguridad electoral, dijo Karen Brinson Bell, directora ejecutiva de la agencia. Un equipo de seis empleados que se ocupaba de los datos electorales se ha reducido a un solo puesto de tiempo completo, y a otra persona que colabora a tiempo parcial. Algunos de los puestos eliminados se financiaban con subvenciones federales que ya no están disponibles.
"Todos los esfuerzos que hemos realizado en materia de ciberseguridad han procedido de fondos federales, y sin esa financiación continua y sin nuevos fondos a través de la legislatura (de Carolina del Norte), es difícil mantener una postura cibernética fuerte”, afirmó Brinson Bell.
Durante su reciente reunión, la Asociación Nacional de Secretarios de Gobierno aprobó una resolución en la que pide al Congreso que proporcione dinero suficiente para ayudar a los funcionarios a hacer frente a las amenazas de ciberseguridad.
El secretario de Gobierno de Virginia Occidental, el republicano Mac Warner, dijo que no está a favor de que se destinen fondos federales a las elecciones porque “normalmente, vienen con condiciones”.
El secretario de Gobierno de Mississippi, Michael Watson, también republicano, dijo que acogería con satisfacción la ayuda federal para las necesidades de ciberseguridad si hubiera flexibilidad en la forma en que los estados la gastan.
“No me importa necesariamente que haya una sociedad con cierta financiación, siempre que sean los estados los que tengan la capacidad de gastar esos dólares, porque lo que ocurre en Mississippi puede ser un poco diferente de lo que ocurre en Minnesota, Maine o California”, dijo Watson.
Kim Wyman, exsecretaria de Gobierno en Washington, dijo que los funcionarios federales deberían tener en cuenta las lecciones de las elecciones de 2000, cuando algunas oficinas electorales estaban bien financiadas y otras no tanto. Según Wyman, la ley Ayuda a América a Votar (Help America Vote Act, HAVA) de 2002, aprobada por el Congreso a raíz de la confusión en las papeletas de Florida, equilibró la situación al destinar 3.200 millones de dólares de fondos federales a los estados. Ahora es necesaria una inversión similar.
Los funcionarios electorales de Wisconsin han utilizado el dinero federal anterior para conceder subvenciones a las oficinas electorales locales que les han ayudado a mejorar su apoyo tecnológico y su formación. También han podido comprar nuevos equipos de votación y sobres de voto por correo, dijo Meagan Wolfe, administradora no partidista de la comisión electoral de Wisconsin.
Nuevo México ha utilizado dinero federal para ayudar a cubrir los costos de su programa de seguridad electoral. La secretaria de Gobierno, la demócrata Maggie Toulouse Oliver, dijo que los funcionarios electorales necesitan previsibilidad.
“Cuando creamos programas, queremos ser capaces de mantenerlos, no sólo durante un año o dos. Queremos mantenerlos a largo plazo”, afirmó.
En Minnesota, el estado ha utilizado dinero federal para crear subvenciones destinadas a los funcionarios electorales locales para la actualización de los sistemas de votación, incluidos los padrones de votantes y tabuladores electrónicos. El secretario de Gobierno de Minnesota, Steve Simon, se mostró preocupado por la falta de financiación federal y por el mensaje que transmite sobre las prioridades del país.
“Nadie que yo conozca pretende que el Congreso financie las elecciones estatales”, dijo Simon, un demócrata. “Lo que queremos —para la seguridad electoral y otros fines— es que sean un socio que nos ayude a cubrir algunas lagunas”.
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Los periodistas de The Associated Press Lisa Mascaro y Kevin Freking en Washington contribuyeron a este despacho.
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