Juez ordena a Trump pagar 355 millones de dólares por mentir sobre su riqueza

NUEVA YORK (AP) — Un juez de Nueva York le ordenó el viernes a Donald Trump pagar una multa de 355 millones de dólares, luego de hallar que el expresidente mintió sobre su riqueza durante años en un amplio veredicto por fraude civil que le quita lustre a su imagen de multimillonario pero no deja inoperante a su imperio de bienes raíces.

La decisión del juez Arthur Engoron tras un juicio por la demanda de la fiscal general de Nueva York, la demócrata Letitia James, castiga a Trump, su compañía y ejecutivos —incluidos sus dos hijos mayores— por tramar para engañar a bancos, aseguradoras y otros al inflar la riqueza de él en estados financieros. Obliga a efectuar una reorganización en el liderazgo de su Organización Trump, poniendo a la compañía bajo supervisión judicial y restringiendo la forma en que hace negocios.

El fallo es un revés sorprendente para el aspirante a la candidatura presidencial republicana que encabeza las preferencias del electorado, la consecuencia más reciente y costosa de sus recientes problemas judiciales. La magnitud del veredicto, sumada a las penas en otros casos que enfrenta, podría hacer mella drásticamente en los recursos financieros de Trump y dañar su imagen de hábil empresario que aprovechó su fama como promotor inmobiliario para llegar a un reality show televisivo y la presidencia de Estados Unidos. Se ha comprometido a apelar, y no tendrá que pagar de inmediato.

El verdadero castigo para Trump podría ser mucho más costoso, porque de acuerdo con la ley estatal también se requiere que pague intereses por las multas, algo que James dijo lo deja enganchado para tener que erogar más de 450 millones de dólares en total. Esa cantidad, que sería pagada al estado, crecerá hasta que pague.

Sin embargo, el juez especificó que la Organización Trump seguirá operando, apartándose de un fallo anterior que habría disuelto las empresas del expresidente.

Engoron, que es demócrata, concluyó que Trump y su compañía “probablemente continuarían con sus métodos fraudulentos” si él no les hubiera impuesto esas multas y controles. El magistrado determinó que el expresidente y sus codemandados “se abstuvieron de aceptar su responsabilidad”, y que los expertos que testificaron en nombre suyo “simplemente negaron la realidad”.

“Este es un pecado venial, no un pecado mortal”, escribió Engoron en una dura opinión de 92 páginas. “No robaron un banco a punta de pistola. Donald Trump no es Bernard Madoff. Sin embargo, los demandantes son incapaces de aceptar el error de sus formas de proceder”.

Indicó que su “completa falta de contrición y remordimiento bordea lo patológico” y “los fraudes hallados aquí saltan a la vista y sacuden la conciencia”.

Trump dijo que la decisión era una “interferencia en las elecciones” y un “emplazamiento de armas contra un opositor político”, quejándose ante los reporteros en su mansión de Mar-a-Lago en Florida que estaba siendo penalizado por “haber construido una compañía perfecta, gran cantidad de dinero en efectivo, magníficos edificios, todo magnífico”.

James les dijo a los reporteros que “se ha hecho justicia”, y calificó el fallo de ser una "victoria enorme para este estado, esta nación, y para todos los que creen que todos debemos jugar bajo las mismas reglas, incluso los expresidentes.

“Ahora, Donald Trump está enfrentando finalmente una rendición de cuentas por sus mentiras, trampas y fraude asombroso. Porque sin importar lo grande, rica o poderosa que una persona crea ser, nadie está por encima de la ley”, declaró.

Trump aún es propietario de la Organización Trump, pero puso sus activos en un fideicomiso revocable y renunció a ejercer un papel de liderazgo cuando se convirtió en presidente de Estados Unidos en 2017, poniendo a sus hijos Eric y Donald Trump Jr. a cargo de las operaciones diarias. El fallo de Engoron también inhabilita a Trump para ocupar un cargo como ejecutivo o director de cualquier empresa de Nueva York durante tres años y a sus hijos por dos años, por lo cual la compañía está obligada a encontrar un nuevo director, al menos temporalmente.

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Adriana Gómez Licón en Palm Beach, Florida, y Jill Colvin en Nueva York contribuyeron a este despacho.